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Reforma de seguridad entra en modo supervivencia: oficialismo cede pero oposición aún no compra
Los senadores Longton (RN) y Squella (REP) redujeron de ocho a tres los ejes de la propuesta y descartaron crear un nuevo estado de excepción, pero desde la oposición todavía cuestionan el rumbo constitucional del Gobierno y varios siguen pidiendo retirar el proyecto.
La reforma constitucional de seguridad de La Moneda sobrevivió, pero a costa de perder buena parte de su diseño original. Los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos) cerraron una propuesta para reducir de ocho a tres los ejes del proyecto y tratar de reunir los votos que hasta ahora el Gobierno no tiene. El problema es que, incluso con la poda, parte de la oposición sigue pidiendo retirar la iniciativa.
La fórmula elimina una de las piezas más resistidas del texto original: la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. En su reemplazo, Longton y Squella proponen reforzar el actual estado de emergencia para permitir su aplicación frente a amenazas graves contra la seguridad pública y el crimen organizado.
Los otros dos ejes apuntan a incorporar expresamente el crimen organizado en la Constitución y dar respaldo constitucional a regímenes penitenciarios diferenciados para delincuentes de alta peligrosidad. Materias como las restricciones de telecomunicaciones, en cambio, quedarían entregadas a modificaciones legales.
“Reforzar el estado de emergencia 2.0 o calificado, como lo quieran llamar”, resumió Longton, quien defendió aprovechar una herramienta que —a su juicio— ya ha demostrado efectividad en la Macrozona Sur.
El movimiento evidencia hasta dónde tuvo que retroceder el oficialismo para intentar salvar una reforma que llegó al Congreso sin los apoyos suficientes. Y aun así, el aterrizaje está lejos de estar asegurado.
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, insistió en que el Ejecutivo debería retirar lo que calificó como una “mala reforma”. El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), también sostiene que el proyecto original es técnicamente deficiente y no cuenta con los votos, aunque dejó abierta la puerta a revisar la propuesta elaborada por Longton y Squella.
Más duro fue el independiente Karim Bianchi, quien cuestionó que el debate siga concentrado en la Carta Fundamental. A su juicio, el verdadero acuerdo debería producirse en la Ley de Presupuestos, fortaleciendo policías, fiscales, infraestructura y cárceles. “El problema no está en la Constitución, está en la calle”, resumió.
Desde el PS, Juan Luis Castro también mostró una apertura limitada: está dispuesto a discutir ajustes al estado de emergencia existente, pero cuestionó que las conversaciones sigan desarrollándose entre parlamentarios oficialistas sin incorporar realmente a la oposición.
Matías Walker (Demócratas), en tanto, fue más categórico y pronosticó que la reforma terminará muriendo por “muerte natural”. Su argumento es político: mientras la modificación constitucional divide, existe una agenda de proyectos legales de seguridad capaz de reunir mayorías mucho más amplias.
Ese contraste quedó expuesto este miércoles. Mientras el Gobierno sigue intentando rescatar su reforma constitucional, la Cámara despachó a ley una iniciativa mucho menos grandilocuente pero concreta: la ampliación del plazo de flagrancia desde 12 a 24 horas, y excepcionalmente hasta 48 horas para la Policía Marítima.
La norma también amplía las diligencias que pueden realizar las policías durante ese período, incluidas actuaciones vinculadas a aparatos tecnológicos. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, adelantó que el Ejecutivo buscará acelerar al máximo su promulgación y publicación.
Así, la agenda de seguridad de Kast muestra dos velocidades: los proyectos de ley avanzan en el Congreso mientras su apuesta constitucional sigue entrampada, obligando al propio oficialismo a desmontar buena parte del diseño original para intentar mantenerla con vida.
