Mientras el vocero de la Concertación, José Antonio Gómez, dijo que terminar con el hacinamiento en los recintos penales tenía como límite no otorgar regalías a quienes cumplen penas por crímenes de lesa humanidad, el vicepresidente de la República, Rodrigo Hinzpeter, señaló que es posible que la figura del indulto «ni siquiera se incorpore». No obstante, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, advirtió que cualquier medida de ese tipo respetará el principio de «igualdad ante la ley» y no discriminará si se trata de civiles o militares.
La posibilidad que el gobierno aplique un indulto, entre las medidas para descongestionar las cárceles del país, volvió a encender las alarmas frente a la posibilidad que el beneficio se haga extensivo a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Es así como el presidente del Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y vocero de la Concertación, senador José Antonio Gómez., manifestó que poner fin al hacinamiento en los penales en ningún caso puede traducirse en otorgar regalías a quienes cumplen penas por esos crímenes.
“El límite fundamental es que no beneficie a violadores de Derechos Humanos”, dijo el parlamentario, y agregó que “los violadores de derechos humanos han sido condenados después de una larga investigación y deben cumplir su condena”.
Pero el senador DC Patricio Walker da por sentado que no habrá propuesta alguna en ese sentido, ya que los acuerdos internacionales suscritos por Chile impiden el otorgamiento de beneficios a quienes han cometido ese tipo de crímenes.
“Hemos aprobado tratados internacionales que establecen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, son inadmistiables. Entonces no es un tema que queramos o no queramos, y están los tratados aprobados y tienen que ser respetados”, sostuvo en una entrevista con el canal 24 Horas.
Por su parte, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, valoró que vuelva a analizarse el tema, sobre todo después que el año pasado el gobierno desechó la propuesta que en el mismo sentido le hizo llegar la Iglesia Católica a través del presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic.
Desde La Moneda, en tanto, el vicepresidente de la República Rodrigo Hinzpeter dijo que la idea del Ejecutivo no es aplicar un indulto propiamente tal, sino que lograr que “las cárceles se utilicen para poner a los delincuentes peligrosos, y no para estar encerrando a personas que no han pagado una multa o han cometido un delito menor».
De este modo, añadió, se trata de medidas para “combatir con fuerza a la delincuencia” y que es posible que la figura del indulto “ni siquiera se incorpore”.
El gobierno espera que alrededor de 10.000 internos abandonen los recintos penales y la propuesta es que los beneficiados cumplan con una serie de requisitos, como que tengan condenas menores de un año, que sean enfermos terminales o mayores de 80 años o que hayan cumplido dos tercios de sus condenas, siempre y cuando no se trate de cadena perpetua calificada.
También se propone conmutar las penas de reclusión nocturna por la de trabajos voluntarios, la eliminación del pago de una multa a la hora de salir.
De todas maneras, el gobierno aclaró que en este tema privilegiará el principio de “igualdad ante la ley”. Según informó la radio Bío Bío, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, señaló que no habrña discriminación y que los beneficios se aplicarán sin hacer la diferenciación arbitraria sobre si se trata de civiles o militares.
