“Es dramático constatar que en el gobierno del presidente Piñera al parecer están incrustados los que quieren una política de impunidad y están impulsando este accionar en el ministerio del Interior», sostuvo.
El vicepresidente del Senado Juan Pablo Letelier se reunió esta mañana con agrupaciones y organismos vinculados a los Derechos Humanos para abordar la situación actual de las investigaciones que se realizan por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar y frente a lo cual expresó su preocupación por el papel que está jugando el gobierno chileno al estar promoviendo una “política de impunidad”.
A la cita asistieron representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos, Codepu, Cintras, representantes de Parque por la Paz Villa Grimaldi, abogados de DDHH, de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, entre otros.
“Es dramático constatar que en el gobierno del presidente Piñera al parecer están incrustados los que quieren una política de impunidad y están impulsando este accionar en el ministerio del Interior. Se ha instalado una inquietud grave frente a una progresiva política de impunidad de parte del gobierno que se refleja en el progresivo desmantelamiento de la unidad de DDHH de la PDI y en la actitud que ha asumido el ministerio del Interior en relación al Programa de Derechos Humanos”, precisó el vicepresidente del Senado.
Añadió que “lo que más preocupa es el retroceso político y cultural que implica esto, se supone que algo que nos tiene que uniformar en la democracia es que todos compartimos que hay ciertos crímenes que son inaceptables, que hay una unidad de criterio respecto al rol del Estado en defender estos principios, sobretodo cuando Chile ha firmado Tratados Internacionales”, aseveró.
En relación al primer punto, dijo que la policía de Investigaciones “había ganado prestigio y reconocimiento del poder judicial en el trabajo que realizaba sobre DDHH, había especialistas con una gran trayectoria y que habían hecho la diferencia a la hora del esclarecimiento de los crímenes, en la verdad y establecimiento de justicia en muchos casos”.
Sobre el segundo punto, aseveró que “la actitud del ministerio del Interior en lo referido al Programa de Derechos Humanos de esa repartición ha cambiado radicalmente: a pesar que se aprobó en el Congreso la facultad explicita para que se querellara el ministerio del interior en representación de las victimas y apoyando a los familiares de los ejecutados políticos, hemos visto que esas querellas no se han presentado, muchos abogados han sido removidos y muy pocas querellas que han llegado al escritorio del ministerio para su patrocinio todavía no se mueven”
“Con esta reunión –detalló Letelier- queremos como mesa establecer una relación especial de nuevo tipo con todas las agrupaciones y organismos que trabajan los temas de derechos humanos desde las Agrupaciones de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos hasta aquellas agrupaciones que trabajan el tema de salud mental, las instituciones que representan los memoriales de DDHH, hablamos de un total de 24 organizaciones”
Insistió que “se está visualizando cada vez mas de que hay una actitud concertada de impunidad de parte del actual gobierno en materia de DDHH o a lo menos de parte del ministerio del Interior. Estamos muy preocupados por esta situación lo cual contrasta con la actitud que ha asumido el Poder Judicial que ha acogido el trabajo que han hecho las agrupaciones de ejecutados políticos y donde incluso se han materializado más de 700 querellas en el último semestre”.
Puntualizó que “luego de estas reuniones con las agrupaciones, socializaremos esta información y no cabe duda que esto va a tener un debate político y de presupuesto muy serio, donde también queremos advertir al gobierno que impulsar una politica de impunidad nos puede llevar a ser condenados a nivel internacional. Luchar contra la impunidad es un deber del Estado y el no dar garantías de un debido proceso es una violación a los DDHH”.
Por su parte, Mónica Monsalves de la Agrupación de Ejecutados Políticos valoró el gesto de la Mesa del Senado de recibirlos y señaló que “le expusimos la necesidades que hay de verdad y justicia en muchas casos. Le pusimos en conocimiento al senador de que en el caso de los ejecutados desde el año pasado esta agrupación informó al presidente de la Corte Suprema y a los ministros que habían más de 1300 casos de víctimas de la dictadura que jamás ningún tribunal alguno había hecho alguna investigación”.
Agregó que después del cambio de gobierno “hemos tenido un retroceso tremendo por cuanto no hay una voluntad del programa de DDHH del ministerio del interior de investigar y presentar querellas que por ley están facultados a hacerlo y, muy por el contrario, ha habido un desmantelamiento y despido de abogados que ha mermado la investigación. Incluso hay un importante número de querellas que han sido retenidas en el gobierno desde el verano pasado, no hay voluntad del gobierno de investigar estos casos”.
