Luego de su entrevista televisiva donde James Hamilton afirmó que hubo intervención de la familia dueña de CMPC en la justicia a favor de Karadima, el Fiscal Nacional admitió que se reunió con el líder del clan. Aunque negó presiones, los hechos ocurridos con posterioridad levantan suspicacias.
El 12 de mayo de 2010 -según una versión entregada por el departamento de comunicaciones del Ministerio Público al periodista Fernando Paulsen-, se efectuó una reunión entre el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán y el empresario Eliodoro Matte. Según precisó el mismo Chahuán la solicitud de Matte para tener un espacio en su agenda, se debió a un “asunto personal” y la reunión entre ambos no habría durado más que una taza de café.
En principio, el Fiscal Nacional creyó que Matte le pidió encontrarse porque había sido víctima de un delito, pero según admitió, el empresario abordó el caso del párroco Fernando Karadima, acusado de abuso sexual. Eliodoro Matte lidera una familia profundamente católica y que maneja activos equivalentes a US$ 8.100 millones. Y le habría dicho a Chahuán que quería “una investigación rápida” en torno al sacerdote, con quién reconoció tener una relación de amistad.
Sabas Chahuán reveló que en su respuesta dejó claro “que la Fiscalía hace lo mismo en todas las investigaciones”, y que no hablaron más “porque no correspondía que habláramos más, yo no tenía idea del tema”, aseguro el Fiscal, sin dejar de explicitar claramente que Matte no lo presionó.
El Fiscal es conocido por hacer su trabajo de manera exhaustiva y silenciosa, pero respecto del caso Karadima fue excesivamente humilde al decir que “no tenía idea” de cómo iba la investigación, ya que el 29 de abril, días antes de la reunión con Matte, se dio tiempo para comentar la indagatoria al señalar: “No creo que haya encubrimiento por parte de la Iglesia”
El encuentro entre Chahuán y Matte fue el 12 de mayo de 2010. Poco después, el 19 de mayo, se publicó en la prensa la preocupación del Fiscal Nacional transmitida a su subalterno, Xavier Armendáriz, en torno a que la investigación de Karadima se resolviera “lo más rápido posible”. En diciembre el caso fue sobreseído por orden del juez Leonardo Valdivieso.
Según el diputado Jorge Burgos, miembro de la comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara, no se puede atribuir a la reunión con Matte la actuación posterior del fiscal, pero admite que “da para sospechar”.
Burgos junto a la ex diputada Carolina Tohá presentaron una moción para que las agenda de las autoridades sea pública por ley, en el contexto del proyecto que regula el lobby, iniciativa que lleva dos años detenida en el Senado, debido a al veto del Ejecutivo anterior.
[cita]Según el diputado Jorge Burgos, miembro de la comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara, no se puede atribuir a la reunión con Matte la actuación posterior del fiscal, pero admite que “da para sospechar”.[/cita]
En la agenda de Burgos aparece su encuentro de ayer con Davor Harasic “sobre algunas cosas que le parecen inconvenientes del proyecto sobre tv digital” dice, igual que su encuentro con dos dirigentes vecinales y con la asesora presidencial Fernanda Otero, programado para hoy al mediodía.
Según el parlamentario, su agenda no recibe “ni el 1% de las solicitudes que tiene una autoridad como el Fiscal Nacional, pero trato de acceder a todas dentro de lo que mi tiempo permite”.
Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de la Fundación Pro Acceso, coincide con Burgos respecto de que las agendas de las autoridades del Estado deben ser públicas. Precisa eso sí que el Ministerio Público no está sujeto a la Ley 20.285, que regula el acceso a la información, “aunque ellos tienen mecanismos por los cuales uno podría acceder a la información”, reconoce.
Sin embargo para Sánchez, el principal obstáculo en este sentido, es que el proyecto de ley para regular el lobby sigue estancado. “Cuando se instaló la agenda de probidad en 2003, incluía 30 medidas. Logramos avanzar en algunos puntos, ahora hay un cambio de eje hacia asuntos como el fideicomiso, los que están muy bien pero no representan el total de la discusión”.
Como ejemplo está la Lobying Disclossure Act, la ley que regula por completo las reuniones como la que hubo entre Sabas Chahuán y Eliodoro Matte y además hay oficinas de ética donde no sólo existe un registro de lobbistas sino además el reglamento que regula audiencias y hasta los regalos que reciben las autoridades. “Es una tremenda experiencia acumulada, que debería usarse cuando la ley de lobby se reactive” dice Sánchez, quién considera urgente avanzar para “dar garantías de acceso democrático a las autoridades”.
Por mientras lo que hay son “medidas de buenas prácticas” no obligatorias por ley, pero que tienen a algunos servicios públicos como la Contraloría General de la República, publicando la agenda de Ramiro Mendoza.
Frente a la pregunta de si falta una cultura corporativa que se instale en los servicios públicos, más allá de cuanto avance la ley, Jorge Burgos dice señala que “la cultura la hacen los hechos, y si hoy se está discutiendo acerca de la reunión del Fiscal Nacional con un empresario, o hay alguna sospecha, creo que es un muy buen momento para avanzar con urgencia en la aprobación de la ley”.
