Comerciantes de la tradicional calle San Diego denunciaron ante la Fiscalía Nacional Económica un posible acuerdo entre las editoriales Santillana y Ediciones S.M. para fijar los precios. Acusan también que el material educativo cambia todos los años de valor y portada, sin embargo en su interior –enfatizan- son exactamente idénticos a la edición anterior.
En el marco de la investigación periodística divulgada ayer por El Mostrador respecto a la inclusión de publicidad en textos escolares aprobados por el Ministerio de Educación, los comerciantes de la tradicional calle San Diego dieron a conocer la presentación de una solicitud a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para que indague una posible colusión entre las editoriales Santillana y Ediciones S.M.
En entrevista con CNN Chile, Miguel Espinoza, librero que se ha especializado en libros para estudiantes, señaló que muchos comerciantes tienen acumulados los textos escolares en sus bodegas. Esto, porque las empresas del rubro los obligan a comprar nuevas ediciones todos los años.
De acuerdo al vendedor, estas empresas se coluden no sólo en el precio sino también en la forma de actuar. “Nos dimos cuenta que a pesar de que los libros se vieran diferentes en su portada, al interior son idénticamente iguales. Es decir, entre un año y otro sólo cambian la portada. No tienen una letra más ni una letra menos, ni una página más ni una menos. O sea actúan como bandidos”, indicó.
“Ellos ponen el precio que yo tengo que comprar y me colocan el valor final al que yo tengo que vender. Y si tú vas a reclamar te dicen: ‘véndelo más barato’”, agregó.
De igual modo, Espinoza denunció que ha recibido amenazas por parte de a la Cámara Chilena del Libro.“Voy a estar hasta las últimas consecuencias, ya me han llegado amenazas. En esto, participa la Cámara Chilena del Libro que es un organismo que si bien controla las editoriales, en ella no hay ningún librero”, resaltó.
Ante tal situación los diputados e integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, María José Hoffmann y Romilio Gutiérrez se reunieron en marzo con el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, a quien le solicitaron que inicie una investigación frente a una posible concentración de actores, falta de transparencia y posible abuso hacia los consumidores.
“Esta es la segunda vez que tomamos la iniciativa en este tema, porque ya fuimos al Sernac para entregar antecedentes, y ahora es la fiscalía quien tiene la atribución de investigar (…) le hemos pedido al fiscal que investigue una presunta o eventual falta de transparencia y concentración en el mercado de los textos escolares, porque nos parece que aquí hay un abuso en contra de los consumidores en la fijación de los precios”, sostuvo Hoffmann.
Agregando que “es importante que la Fiscalía Nacional Económica investigue porque hay dos editoriales que se llevan el 80 por ciento o gran parte de los 361 textos que se entregan en los tres ciclos de educación, y por ello es necesario para la tranquilidad de las familias, el saber si hay o no abuso hacia ellos”.
Consultada las editoriales Santillana y Ediciones S.M., estas no quisieron referirse al tema.
