«Este es un caso aislado”, sostuvo el titular de la Presidencia quien hizo hincapié en que lo ocurrido durante el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar “era una política permanente de extraer recursos desde el fisco». En tanto, la idea de presentar una acusación constitucional en contra de la ex ministra Magdalena Matte genera discrepancias en la DC.
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, salió al paso a investigación del caso Kodama señalando que «en este caso hubo una falta, lo dice el informe de Contraloría”. Y por tanto, las irregularidades ocurridas en el Ministerio de Vivienda no pueden ser comparadas con el caso MOP-Gate, donde hubo una «política permanente» para utilizar fondos del fisco, recalcó.
«Este es un caso que se diferencia profundamente de otros casos que hemos tenido en el pasado, como el caso MOP-Gate. Como alguien dijo ayer, con mucha certeza, este es un caso aislado, el caso MOP-Gate era una política permanente de traer recursos desde el fisco para pagar remuneraciones de una manera que era ilegal», sostuvo en Radio Cooperativa.
«No se trata de hacer empates, pero se trata de ser justo con las decisiones de las personas. Yo creo que en este caso se tomó una decisión clarísima. Este es un Gobierno que está avanzando decisivamente en materia de transparencia», agregó el secretario de Estado.
El titular de la Presidencia señaló que «en este caso hubo una falta, lo dice el informe de la Contraloría, pero lo importante es que no era una política sistemática y a la vez las personas responsables tomaron las decisiones políticas correspondientes».
«El Gobierno ha actuado con total transparencia, creo que la ex ministra de la Vivienda Magdalena Matte fue muy consecuente en el hecho de que presentó su renuncia inmediatamente. Tomó una resolución de naturaleza política», concluyó.
En tanto, los jefes de bancada y presidentes de los partidos de la Concertación discutirán hoy respecto a la presentación de una acusación constitucional en contra de la ex ministra Magdalena Matte. Una situación que hasta ayer parecía estar resuelta, tras lo declarado el sábado por el jefe de bancada DC Aldo Cornejo, quien aseguró que existía un acuerdo de la colectividad respecto de que «si el informe daba sustento jurídico para hacer una acusación constitucional, lo harían. Y así sucedió».
Sin embargo, esta iniciativa fue cuestionada por los diputados –también DC- Jorge Burgos y Fuad Chahín, quienes, según La Tercera, desconocieron la existencia de tal resolución.
