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Díscolos se rebelan contra ley que limita renuncia a partidos para ser candidato independiente

Claudia Rivas Arenas
Por : Claudia Rivas Arenas Periodista de El Mostrador @crivasa
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Sólo 16 diputados tuvieron el coraje de rechazar la iniciativa legal en la sala para intentar bloquear su aprobación, pero el poder de las colectividades políticas se impuso y la iniciativa está a punto de convertirse en ley. Los legisladores más críticos aseguran que inhibe la participación de las bases y que le entrega todo el poder a los dirigentes para poner o sacar candidaturas a dedo.


El veto anunciado al proyecto de ley “relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes”, conocido más popularmente como “ley anti-díscolos”, permitirá que el partido en formación del ex diputado Marco Enríquez-Ominami, el PRO, no tenga nada que reclamar en este sentido el próximo 21 de mayo, porque la medida que se acordó con los patrocinantes de la iniciativa permitirá que tenga plazo suficiente para inscribir la colectividad y participar en las elecciones municipales. No así quienes en el Congreso y de cara a sus pares se opusieron a esta ley, porque entre otras cosas, le entrega un poder casi ilimitado a las cúpulas de los partidos políticos para manejar las eventuales candidaturas.

Resulta anecdótico que aunque la polémica iniciativa es de la autoría del senador DC Andrés Zaldívar, encontró un respaldo transversal entre sus pares, ya que la patrocinaron también Pablo Longueira (UDI), Camilo Escalona (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), y José Antonio Gómez (PRSD). Todo,  a pesar de que en todos estos partidos hay quienes se  oponen al proyecto que, finalmente, fue aprobado en su tramitación y posiblemente hoy sería anunciado el tan esperado veto que fue acordado con el beneplácito de al menos un par de los autores de la moción.

[cita]La polémica iniciativa del senador DC Andrés Zaldívar encontró un respaldo transversal entre sus pares. La ley anti-díscolo fue patrocinada también por Pablo Longueira (UDI), Camilo Escalona (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), y José Antonio Gómez (PRSD)[/cita]

También llama la atención por la rapidez con que fue tramitada: no es común que un proyecto esté en tramitación menos de un año, por el contrario siempre es mucho más que eso. Pero en esta ocasión, la mayoría del mundo político y dirigentes partidarios, casi todos representados en el Congreso, parecen haber coincidido perfectamente en lo necesario de una iniciativa de este calibre, que ingresó a trámite el 8 de junio del 2010.

Un ejemplo evidente de ello lo constituye el díscolo entre díscolos, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien se fue del Partido Socialista debido a la negativa de Camilo Escalona de realizar primarias abiertas y terminó, según la Concertación, facilitándole la derrota de Eduardo Frei frente al ahora Presidente Sebastián Piñera.

En la Cámara Baja hubo un pequeño grupo de diputados que rechazaron la medida, más bien como un saludo a la bandera, pues su rechazo no impidió que el proyecto fuera aprobado y quedara listo para su promulgación. Misma que se concretará luego del veto presidencial que permitiría que los partidos en formación puedan presentar candidaturas en las primeras elecciones luego de promulgada la normativa.

Los diputados que se rebelaron a las cúpulas partidistas fueron los independientes y PRI Sergio Aguiló, Marta Isassi, Miodrag Marinovic, Pedro Velásquez, Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda; los PC Guillermo Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez; el PRO René Alinco; los UDI Gonzalo Arenas y Javier Hernández; los PS Marcelo Díaz y Fidel Espinoza; el PPD Rodrigo González; y, el DC René Saffirio.

Cuestionamiento a las cúpulas de los partidos

Para el diputado socialista Marcelo Díaz la polémica ley no es más que “un atajo para resolver una parte del problema, el que aqueja a los que controlan los aparatos partidarios en los procesos de designación de candidatos”. Aunque comparte que “los partidos no pueden estar a merced de quienes les chantajean con irse por fuera y hay que buscar soluciones para aquellos (primarias vinculantes por ejemplo)”, estima que “antes, hay que garantizar mecanismos democráticos y transparentes para elegir a los candidatos en los partidos. Estos, hoy por hoy tienen severos déficits de participación, democracia interna, transparencia y rendición de cuentas, entonces, partir por esta ley sólo refuerza la lógica de control burocrático de las máquinas partidarias”, argumentación que también dio en la Sala en el momento de la votación.

El parlamentario, sin embargo, valoró el veto que enviará el Presidente, pues en su opinión  todo lo que permita “aumentar la democracia al interior de los partidos, la transparencia y la práctica de rendir cuentas de cara a la ciudadanía permite frenar la sostenida erosión en la credibilidad de los partidos ante la ciudadanía”. Por lo que “flexibilizar la ley para permitir que nuevos partidos se incorporen al sistema y planteen con legitimidad sus posiciones, será muy beneficioso para todos”.

Paradojalmente, con Díaz coincide otro diputado que políticamente está al otro extremo de las ideas políticas del parlamentario socialista, su par gremialista Gonzalo Arenas, quien en su tienda ya es considerado un díscolo. A su juicio, ya con el sistema binominal “las directivas de los partidos tiene un gran poder y con esta ley pasan a ser derechamente dictatoriales. Porque además no entrega incentivos para respetar la decisión de las bases respecto de los eventuales candidatos”.

Para Arenas, esta normativa “mata la participación de las bases de las distintas colectividades políticas y constituye una forma más para deslegitimar el sistema democrático y desprestigia aún más el sistema binominal”. En esa línea, incluso el diputado estima que esta normativa contribuye a consolidar todavía más este mecanismo electoral “que ya favorece que las elecciones y los candidatos sean definidos por las cúpulas y achica y encierra aún más esas mismas cúpulas”.

Aunque admite que un elemento a favor es que “los partidos vas a estar más ordenados”, insiste en que “los costos son mayores en cuanto a legitimidad y participación”. Por lo que, en su opinión, el tan esperado veto presidencial “refuerza la idea de que fue una norma mal pensada y sin visión de largo plazo”.

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