La consejera del Colegio de Abogados se refirió al anuncio realizado ayer por La Moneda en torno a presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional para reponer el tope de 30 UF de subsidio al proyecto de posnatal. Al respecto, subrayó que “los parlamentarios no tiene iniciativa en materia de gasto público” y desde el año 1942 este asunto es de iniciativa de Presidente de la República.
La consejera del Colegio de Abogados y ex senadora designada, Olga Feliú, salió al paso al anuncio realizado ayer por el Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de posnatal.
La idea de La Moneda es reponer el tope de 30 UF de subsidio argumentando que es el Presidente de la República a quien corresponde la decisión de iniciativa legislativa en todas las materias que involucren financieramente al Estado, y no el Parlamento.
Al respecto, la abogada Feliú comparte esa justificación señalando que “desde el año 1942 es de iniciativa del Presidente todo nuevo gasto público, pero a su vez, todo gasto público requiere ser aprobado por el Parlamento. Esto se ha mantenido inalterable desde ese año hasta hoy”.
En entrevista con Radio Agricultura, la ex parlamentaria dijo que “la forma en que aprobó el Senado el proyecto significa un aumento del gasto público. Esto es una especie de resquicio que ocupó la Concertación, pero lo que está propuesto es una norma que aumenta el plazo, pero con una disminución del gasto.
Haciendo hincapié en que “lo que me queda claro es que la forma de aprobarlo, dividiendo el proyecto del Ejecutivo, significa aprobar un proyecto distinto (…) No hay duda alguna de que es inconstitucional. Hasta los parlamentarios de la Concertación han defendido este principio”. “Los parlamentarios no tiene iniciativa en materia de gasto público”, insistió Feliú.
Desde La Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, le bajó el perfil al asunto descartando que se genere un clima de ‘extrema tensión’ con la Concertación.
En esa línea, la secretaria de Estado indicó que «lo peor que podríamos hacer es dejar que el Congreso se salte las reglas de juego. Cuando la Concertación vota en contra del articulado que establece la forma de financiamiento del posnatal se está saltando las reglas de juego y, por lo tanto, inmiscuyendo en un facultad privativa del Ejecutivo, del Presidente de la República».
«Es importante que esto se frene, que se llame a la cordura, a la responsabilidad, con tranquilidad y con los caminos institucionales que tenemos, que es el Tribunal Constitucional», acotó.
Por su parte, el senador y presidente del PRSD, José Antonio Gómez, rechazó la decisión del Ejecutivo señalando que «el Gobierno tiene otras formas de discutir estos temas, que no necesariamente es el Tribunal Constitucional. Es una vía institucional que está bien que la lleve a cabo, pero perfectamente podría haber vetado o modificado en el parlamento, lo que le habría permitido un debate más amplio».
En entrevista con Radio ADN, apuntó que «la idea que el Gobierno lleva al Tribunal Constitucional va a ser interesante desde el punto de vista de cuál va a ser el posible desarrollo en el congreso chileno (…) lo que nosotros (la oposición) hicimos fue rechazar una propuesta que hizo el Presidente de la República».
«Si el Tribunal Constitucional dijera que el parlamento no tiene esa facultad, significa que ese parlamento no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la discusión política, simplemente es un buzón porque habría que aprobar lo que el Presidente presenta», acotó Gómez.
«Si nosotros aceptamos que esta Constitución limite la acción de quienes han sido elegidos por la opinión pública para representar sus ideas, significa que una vez más refrenda su calidad democrática y la existencia en este país de un ‘reich'», concluyó.
En tanto, la diputada DC Carolina Goic dijo que con la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional «el Preesidente (Sebastián Piñera) está frenando el posnatal y obstaculizando el diálogo».
«El Presidente debe responder con claridad y franqueza a todas las mujeres del pais y explicarles porqué está frenando este proyecto, dilatándolo y no aceptando los cambios aprobados en el Senado, cambios que representan sin duda un beneficio clave para las madres e hijos, eliminado un tope que dejaba a gran parte de la clase media fuera, generando una profunda discriminación, insistió la parlamentaria.
«Lamentablemente, sólo nos queda pensar que el Presidente quería destacar este logro en su reciente cuenta pública, pero que no estaba dispuesto a respetar las decisiones parlamentarias. Con este requerimiento al TC, el proyecto se frena, se dilata y las madres siguen esperando», reparó.
