A través de una misiva enviada a los medios, los docentes invitaron a la comunidad universitaria y al país a trabajar por una nueva legislación universitaria.
Académicos de la Universidad Católica expresaron a través de una declaración pública su postura frente a la crisis por la que atraviesa la educación en Chile.
En la misiva, los docentes señalan: “Consideramos que la actual crisis es una ocasión histórica para poder abordar con seriedad, profundidad, proyección y propuesta tareas que comprometen nuestras competencias y experiencias puestas al servicio del país y la sociedad”.
“En particular consideramos que la hora presente ofrece la posibilidad de ayudar a construir una nueva propuesta, estableciendo reglas claras y ampliamente discutidas, con debates sólidos y ricos en argumentación e ideas, que permitan reemplazar la legislación vigente en materia educacional, establecida hace treinta años sin garantías fundamentales, sin pluralismo, debate ni condiciones mínimas para el ordenamiento de una sociedad que aspire a ser democrática y participativa”, apuntan.
Agregando que “la ocasión que se nos plantea ha sido modelada en el tiempo por las graves falencias de la normativa impuesta en 1981 y que hoy se hacen dramáticamente evidentes. Hoy son un sector muy importante de nuestra comunidad, parte esencial de esta corporación desde sus orígenes, quienes nos interpelan y empujan a pronunciarnos y asumir nuestras responsabilidades sociales. En efecto, los estudiantes de nuestras universidades, e incluso los de enseñanza media, nos piden coherencia con nuestro discurso y responsabilidad en nuestro actuar, haciendo de esta manera vida universitaria”.
“En este sentido, la búsqueda de propuestas claras y abordables de definición de objetivos precisos para el mejoramiento de la convivencia social a través del mejoramiento de la educación, nos llevan a proponer derechamente el reemplazo de la normativa universitaria vigente desde la imposición de la ley de 1981, que muchos consideramos espuria, en muchos sentidos abusiva y carente de legitimidad democrática. Las circunstancias de la época le imprimieron ese carácter y es responsabilidad de quienes hoy tenemos la oportunidad corregir este marco regulador, pensando en una universidad que sirva mejor a la sociedad que la cobija, actuando con decisión y coherencia para lograr una educación superior más plural, abierta y atenta a las necesidades de la comunidad nacional. Mantener el silencio que hemos guardado por tantos años nos hace cómplices de una situación en la cual se entrega a las leyes del mercado lo que debe ser, en cambio, un territorio custodiado por los criterios de la excelencia, la solidaridad, el servicio y la voluntad de actuar enfrentando desafíos que son propios del Chile del siglo XXI”, añaden.
“Queremos así invitar a nuestra comunidad universitaria y al país entero a trabajar por una nueva legislación universitaria que surja de la deliberación razonada e informada, de la participación consciente y comprometida, de la voluntad de respetarnos mutuamente y pensar en el beneficio común para nuestra sociedad, considerando la tarea de la universidad como una forma fundamental de servicio al país mucho más que como entidades de formación profesional, sin por ello desconocer la importante función que en esa materia desempeñan. Si deseamos un sistema más igualitario y equitativo, si aspiramos a una sociedad con mejor convivencia democrática y respeto mutuo, debemos hacernos cargo de los trabajos que esta tarea conlleva, pues consideramos que sigue siendo válida la máxima que propone que la justicia es el nuevo nombre de la paz”, propusieron los académicos de la UC.
