El próximo 23 y 24 de agosto en Bogotá, Colombia, la instancia judicial internacional escuchará a los litigantes, por el caso ocurrido en 2003, cuando la Corte Suprema denegó a la recurrente la tuición de sus hijas al momento de su separación conyugal, debido a que tenía una relación con una persona de su mismo sexo.
Este martes, los abogados representantes de la jueza Karen Atala informarán sobre los alegatos que realizarán en la audiencia pública de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por la demanda que se interpuso en contra del Estado de Chile por discriminar la orientación sexual de la magistrada.
El próximo 23 y 24 de agosto en Bogotá, Colombia, la instancia judicial internacional escuchará a los litigantes, por el caso ocurrido en 2003, cuando la Corte Suprema denegó a la recurrente la tuición de sus hijas al momento de su separación conyugal, debido a que tenía una relación con una persona de su mismo sexo.
La demanda que se interpuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre del 2010, cobró notoriedad además por tratarse del primer caso de discriminación por orientación sexual que se presentó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El informe de fondo de la CIDH se concentra en la violación al derecho a la no discriminación por orientación sexual, además de la violación al derecho al debido proceso, la intimidad familiar y la protección a la familia.
En su momento, los demandantes sostuvieron que el Estado no cumplió satisfactoriamente las recomendaciones de la CIDH, las cuales exigían adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir o erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia; y reparar integralmente a Karen Atala y sus hijas por las violaciones de Derechos Humanos establecidos en el informe.
El equipo de abogados litigantes del caso Atala está compuesto por Jorge Contesse, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales; Helena Olea, de la Corporación Humanas, y Macarena Sáez, de Libertades Públicas.
