El país tiene uno de los sistemas escolares más segregados del mundo, lo que a juicio de los expertos genera una profunda desigualdad. «Si no se logra más equidad en la educación, el resto de las desigualdades son percibidas como ilegítimas», señaló Cristian Bellei, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.
La democracia chilena, consolidada sobre la base de la estabilidad política y el crecimiento económico, se enfrenta hoy al reto de acortar la profunda brecha social y revitalizar unas instituciones poco valoradas por los ciudadanos, sostienen expertos y analistas.
Y es que las dos jornadas de huelga general convocadas esta semana por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han dibujado un panorama de gran agitación social.
Aunque los principales sectores productivos del país no se paralizaron, un total de 600.000 personas, según los organizadores, salieron a manifestarse en las principales ciudades para exigir reformas políticas, económicas y educativas.
Junto a las multitudinarias marchas hubo violentos disturbios, barricadas y saqueos, con 1.394 detenidos, 153 carabineros y 53 civiles heridos. Además, un adolescente murió en la madrugada del viernes al recibir un disparo en el pecho.
«Chile no está celebrando hoy día nada importante, tiene que estar triste porque no hemos sido capaces todos de poder avanzar en forma pacífica y ordenada para resolver los grandes problemas y desafíos que tiene el país», admitió este viernes el ministro portavoz, Andrés Chadwick.
El principal caballo de batalla de los «indignados» de Chile es una reforma educativa que acabe con el afán de lucro empresarial y garantice una educación pública de calidad. Pero también hay demandas políticas, como el reconocimiento del plebiscito y la supresión del sistema de representación binominal, o sindicales, como el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva.
«Aquí no hay una crisis de ingobernabilidad, ni tampoco un problema económico, lo que hay es una crisis política», explicó Mónica González, directora del Centro de Información e Investigación Periodística (Ciper).
Las encuestas muestran que los chilenos no se sienten representados por el Parlamento, una de las instituciones peor evaluadas, junto con el Gobierno, la oposición y los partidos políticos en general.
«El sistema de libre mercado se llevó al exceso, el 85 por ciento de la financiación de la educación corre por cuenta de las familias. Es insólito y obsceno que el Estado sólo ponga el 15 por ciento», señala González.
La clase media chilena está absolutamente endeudada, hasta el punto de que una familia debe el equivalente a nueve meses de sus ingresos mensuales. «Eso es lo que genera el descontento y la ira», apuntó la directora del Ciper.
El Gobierno atribuye a los sindicatos la responsabilidad de los disturbios durante la huelga.
«Si no se hubiese convocado este paro, no estaríamos hablando de la violencia que se ha generado en estas 48 horas», lamentó el vocero de La Moneda.
La preocupación por el deterioro de la proyección exterior de Chile no sólo preocupa al Ejecutivo, sino también a la oposición.
«Esas imágenes que salen en el extranjero dan la impresión de un país que está con muchos conflictos», declaró en una entrevista con La Tercera Andrés Zaldívar, jefe de los senadores de la Democracia Cristiana, quien se defiende de las críticas por haber apoyado el paro nacional.
«El presidente (Sebastián) Piñera no puede responsabilizar a la Concertación. Lo que tenemos es herencia de la dictadura, de la gente que está gobernando con él», aseveró Zaldívar, quien sostuvo que cuando gobernaba la Concertación «se hizo mucho» en materia educativa.
Chile tiene uno de los sistemas escolares más segregados del mundo, lo que a juicio de los expertos genera una profunda desigualdad.
«Si no se logra más equidad en la educación, el resto de las desigualdades son percibidas como ilegítimas», señaló Cristian Bellei, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile.
El pasado miércoles, el mismo día en que comenzaba la huelga general, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, elogiaba el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) según el cual Chile crecerá este año un 6,5 por ciento.
«Es un importante reconocimiento a la solidez de la economía chilena y al manejo responsable de la política fiscal», comentó con orgullo.
Según el FMI, la tasa de desempleo ha alcanzado un nivel históricamente bajo, el crecimiento de los salarios se está acelerando y el aumento de los precios al consumidor es moderado.
Sin embargo, los cientos de miles de chilenos que estos días han salido a las calles a protestar no comparten el entusiasmo del organismo internacional.
«La gente siente que el país está creciendo, pero no le llega ese crecimiento», admitió el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la UDI.
Y la educación, que al igual que la atención sanitaria y las pensiones fue privatizada durante el régimen militar, es una de las principales aristas del conflicto.
El descontento de las familias de clase media y baja por la educación que reciben sus hijos está en la base del estallido social, como reconoció esta semana el ministro de Economía, Pablo Longueira.
«Quiero ser honesto, si yo tuviera esa realidad, yo marcho y esto es lo que debemos cambiar en Chile, esto debimos cambiarlo hace mucho tiempo», dijo.
