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Asociación de Magistrados: «Legislación actual ya contempla penas para los saqueos»

El timonel regional del gremio,José Delgado, salió al paso al proyecto de ley anunciado por el Presidente Sebastián Piñera que busca fortalecer el resguardo del orden público y modifica disposiciones del Código Penal. Al respecto, dijo que «todo eso está absolutamente legislado». En ese sentido, sostuvo que «seguir aumentando los tipos penales no tiene ningún sentido».


El presidente de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, José Delgado, se refirió al proyecto de Ley que fortalece el resguardo del orden público y modifica disposiciones del Código Penal, precisando que en la legislación actual ya están incluidas las penas a los saqueos.

En entrevista con Radio Cooperativa, indicó que «todo eso está absolutamente legislado, yo desconozco el proyecto qué pretende hacer el Legislativo y el Ejecutivo al respecto, pero esas situaciones están ahora en el Código Penal».

Agregando que «hay distintos tipos penales que pueden concurrir: puede concurrir el delito de robo a lugar no habitado, o el del hurto. Son muchos y para acreditarse en un juicio penal deben presentarse todas las pruebas que tienen al respecto y si no existen las pruebas evidentemente no queda otra opción que absolver».

«Me parece que la ley contempla las sanciones para esas situaciones, ahora, tipificar otra situación ya no depende del Poder Judicial sino del Ejecutivo. Es una cuestión que deberían evaluar los legisladores, pero seguir aumentando los tipos penales no tiene ningún sentido», apuntó Delgado.

«La actual legislación procesal penal es un ejemplo a nivel latinoamericano, ya que vienen juristas de todas partes a conocer la reforma procesal chilena, y en términos generales ha funcionado súper bien, por lo que me parece que hacer más cambios es apuntar mal al problema, que es la prevención del delito y no a la reacción penal o la modificación de las leyes procesales», concluyó.

Saqueos Agencia UNO

Cabe consignar que el proyecto anunciado por el gobierno busca establecer de forma clara la responsabilidad penal para quienes participen en desórdenes públicos, agrava las sanciones a quienes cometan delitos intentando ocultar su identidad mediante capuchas u otros medios destinados al efecto, e incorporar una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad, para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal.

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