Además resaltaron la confianza “en que la disposición al diálogo de parte de quienes representan a las instituciones políticas, educacionales y sociales de nuestro país, así como de los mismos estudiantes, hará posible los acuerdos necesarios para que éstas, así como otras legítimas expresiones ciudadanas por medios pacíficos, se traduzcan en políticas que favorezcan el bien común de la sociedad”.
Al concluir en Punta de Tralca la 102º asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, los obispos dieron a conocer este viernes su mensaje conclusivo a los fieles y la opinión pública.
El mensaje fue hecho público en conferencia de prensa por el arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Ezzati, junto al obispo de Valdivia, Ignacio Ducasse, recién electo secretario general de la CECh.
En el texto hacen referencia a las movilizaciones que universitarios y secundarios han protagonizado este año en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad.
“La realidad de nuestro país en este tiempo es un asunto de la mayor trascendencia para la Iglesia. Hemos sido testigos, y muchos católicos directos protagonistas, de un proceso de formulación de justas y postergadas demandas para mejorar la calidad de la educación y asegurar su acceso a todos los niños y jóvenes”, dice el mensaje de la alta jerarquía eclesiástica.
Según los obispos “para lograr esto no basta la inyección de recursos económicos ni mejorar la infraestructura o cambiar leyes. Es necesaria, además, la formación integral de los estudiantes que los capacite como honestos ciudadanos y personas con valores humanos y trascendentes. También es esencial la continua capacitación de los docentes y una labor de mutua cooperación entre la escuela y la familia”.
El mensaje resalta la confianza “en que la disposición al diálogo de parte de quienes representan a las instituciones políticas, educacionales y sociales de nuestro país, así como de los mismos estudiantes, hará posible los acuerdos necesarios para que éstas, así como otras legítimas expresiones ciudadanas por medios pacíficos, se traduzcan en políticas que favorezcan el bien común de la sociedad, y especialmente resguarden a los más desfavorecidos y vulnerables”.
Por otro lado, junto con respetar las decisiones de la Justicia ordinaria, los obispos reafirmaron su plena adhesión a los dictámenes, voluntad y criterios del Vaticano respecto de los abusos a menores de edad: «esperamos que la conformación de las unidades de Prevención y Acompañamiento a víctimas en las diócesis y congregaciones religiosas, sea también un nuevo signo de nuestra plena convicción de que no hay abuso tolerable en una Iglesia que es discípula de Jesucristo. El Episcopado en su conjunto compromete su mayor disposición para este propósito», expresaron.
