Así lo señaló el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, Mauricio Weibel, tras recibir este miércoles una llamada telefónica del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Consultadas por Efe, fuentes de esa cartera ratificaron la información.
El Gobierno retirará una cláusula de un proyecto de ley que faculta a la Policía solicitar a los medios de comunicación la «entrega voluntaria» de grabaciones u otros archivos electrónicos sin orden judicial, con el fin de identificar a posibles autores de delitos.
Así lo señaló el presidente de la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, Mauricio Weibel, tras recibir este miércoles una llamada telefónica del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Consultadas por Efe, fuentes de esa cartera ratificaron la información.
El «proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público», también conocida en el país como «Ley antitomas» o «Ley Hinzpeter», ha recibido críticas de varios sectores, especialmente de estudiantes y gremios de prensa, desde que fue presentado el pasado 4 de octubre.
La cláusula que se retirará se refiere a la que incorporaba «una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos».
Esto, con el fin de emplearlas «para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal», en contextos en que «es común la presencia de medios de comunicación masiva», en alusión a las movilizaciones sociales que derivan en disturbios.
En una más de varias críticas hechas a este proyecto por parte de asociaciones de prensa, el Círculo de Periodistas de Santiago consideró ayer que este constituía «el peor atentado al ejercicio del periodismo libre desde la instalación del sistema democrático en 1990».
Según esa organización, la propuesta convertía al periodismo chileno «en un brazo auxiliar de los cuerpos policiales» y colocaba a los informadores que se nieguen a entregar su material de trabajo «bajo el riesgo de ser encausados por obstrucción a la Justicia».
El proyecto de ley se presentó como una forma de combatir los desmanes asociados a las movilizaciones de estudiantes, que entre mayo y diciembre protagonizaron masivas protestas y ocuparon centenares de colegios y universidades.
La norma legal sanciona con una pena de entre 541 días y 3 años de prisión a los que participen o hayan incitado a realizar tomas o saqueos, a interrumpir el libre tránsito en las calles, a causar daños a la propiedad o a alterar el funcionamiento de servicios públicos.
Para los estudiantes, este proyecto «criminaliza prácticamente todas las formas de movilización» y es «una forma de acallar la voz del pueblo», según dijo ayer el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Gabriel Boric.
La Fech ha convocado para este jueves a una manifestación frente a la sede de la Corte Suprema con el fin de llamar a los parlamentarios a no dar curso al resto del articulado de este proyecto de ley, que ayer finalizó su tramitación en el Senado.
