La institución confirmó la tenencia de 275 papeles de la multitienda, lo que representa un valor aproximado de 52 mil pesos a la fecha. Sin embargo, la entidad explicó que no existe ninguna prohibición legal en la Ley Orgánica interna que impida a funcionarios del organismo ser titulares de valores de oferta pública.
Las defensas de los ex ejecutivos de La Polar, quienes el 14 de febrero serán formalizados por el delito contemplado en el artículo 160 de la Ley General de Bancos —que dice relación con la práctica de conseguir créditos utilizando información falsa— están estudiando pedir la inhabilitación del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma. Ello tras confirmarse que la autoridad es propietaria de un paquete de acciones de la multitienda.
De esta forma, el caso La Polar está tomando una nueva arista al comprobarse que Coloma posee valores de la tienda, hecho que se conoce en pleno proceso de aplicación de sanciones por parte de la SVS, luego que en julio de 2011 la autoridad fiscalizadora abriera proceso contra 18 ex ejecutivos, además de auditoras y clasificadoras de riesgos.
La confirmación de la tenencia de acciones por parte de Coloma vino desde la Superintendencia, aclarando que éstas pertenecen a la Sociedad Coloma y Ríos, con una participación actual equivale al 0,00011% de las acciones suscritas y pagadas de La Polar, cuyo valor bursátil corresponde a unos $52 mil pesos.
Sin embargo, un cercano a la causa que cita el diario La Tercera, asegura que en la declaración de patrimonio de Coloma, con emisión del 15 de enero de 2010, el Superintendente figura con 331 acciones con un valor de $943.019 pesos.
Jorge Bofil, quien es el abogado del ex presidente y gerente general de La Polar, Pablo Alcalde, dijo al mismo diario que se está estudiando la posibilidad de solicitar la inhabilitación de Coloma tras conocerse esta información.
A la petición se sumará Alex Caroca, el abogado defensor de la ex gerenta de Administración de la tienda María Isabel Farah, quien dijo que la solicitud se hará luego que se determinen las sanciones para poder objetarlas.
Sin embargo, al pedir la inhabilitación de Coloma se podría presentar un problema mayor, debido a que si el superintendente tiene acciones de la compañía, podría declararse nula toda la investigación que lleva adelante la SVS.
A pesar del punto anterior, la entidad explicó que no existe ninguna prohibición legal en la Ley Orgánica de la SVS que impida a funcionarios del organismo ser titulares de valores de oferta pública.
En tanto, la abogada de los accionistas minoritarios, Bárbara Salinas, dijo que el Superintendente debió hacerse a un lado antes que se iniciara el proceso contra los ex ejecutivos.
Además, Salinas criticó al Sernac por las acciones judiciales que inició y que podrían llevar a la quiebra de la tienda, situación que afectaría a 10 mil pequeños accionistas que tienen el 66 por ciento de La Polar y que han perdido, hasta ahora, mil millones de dólares.
También se anunció que se presentarán acciones judiciales contra de la auditora PriceWaterHouse Coopers y las corredoras de riesgo, las cuales avalaron la compra de papeles de la multitienda.
Trabajadores de La Polar preocupados por posible quiebra de la empresa
A su vez, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la multitienda, Iván Campos, dijo a radio Cooperativa que entre los funcionarios existe preocupación por la posible quiebra tras el avance de la demanda colectiva que presentó el Sernac.
«Comparto lo que leí ayer, de que están todos tratando de esforzarse para ir al funeral de La Polar. Creo que lo que se tiene que lograr es aunar voluntades, nada más que eso. Ahí hay que ver cómo (proceder), no sé que más esperar. Todos tienen claro que si la empresa quiebra nadie gana», explicó.
El dirigente sindical mencionó que a su parecer no existe ninguna empresa que esté en condiciones de pagar multas que podrían llegar a las 50 UTM por cada repactación unilateral, lo cual podría significar un desembolso de la empresa de 5 mil millones de dólares y que el propio presidente del directorio de la tienda, César Barros, dijo que de ser aplicado esto significaría la quiebra de la empresa.
Los trabajadores creen que la empresa debe compensar a los clientes que se sintieron estafados, pero hay que buscar un punto de equilibrio, “ese punto intermedio donde la empresa siga funcionando”.
