El ex ministro del Interior precisa que: “entretenerse en especular sobre cuál habría sido su comportamiento frente a esas circunstancias, no es sólo inconducente, sino que también recuerda el dicho de que todos son generales después de la batalla. Si, como quiere el gobierno, la próxima campaña electoral va a estar centrada en este tema, tendremos una pobre campaña, llena de descalificaciones mutuas y se le hará un flaco favor al país y a los miles de damnificados que esperan soluciones permanentes”.
El ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, realiza un juicio sobre lo ocurrido la madrugada del 27 de febrero de 2010, cuando un megaterremoto y posterior tsunami afectó a gran parte de país, desligando de responsabilidades a las autoridades de gobierno del momento, debido a que argumenta que la información que emanaba del organismo técnico, el SHOA, era contradictoria.
En un texto inédito que publica el diario El Mercurio, Pérez Yoma asegura que: “todo análisis del 27 de febrero debe hacerse teniendo presente la magnitud de la catástrofe, no para excusar responsabilidades, sino por un deber de justicia y para evitar un debate inconducente, que el país perciba contaminado por intereses electorales mezquinos”.
El ex secretario de Estado señala que el terremoto vivido aquel día fue el quinto más grande en la historia mundial, el cual dejó al país sin su aeropuerto en Santiago, la principal base naval destruida, el territorio cortado en diversas partes y miles de familias sin hogar.
Sin embargo, precisa que “aún considerando la magnitud de la tragedia, la respuesta dada por el país en su conjunto fue, en general, adecuada”, añadiendo que el único gran problema que se enfrentó fue el tema de las comunicaciones.
Plantea que en los días posteriores al terremoto se hace necesario distinguir dos etapas: “La primera es la que se desarrolla en las dos horas iniciales, donde el tema principal está situado en la información contradictoria que emanaba del SHOA, alertando primero en forma confusa, acerca de la posibilidad de un tsunami, para después descartarlo”.
Pérez Yoma sostiene que a pesar que la investigación judicial que lleva a cabo la fiscal Solange Huerta determina que el SHOA no cumplió correctamente con su cometido, “sería injusto utilizar ese hecho como base para un ataque a la totalidad de la Armada.
Además, el ex ministro del Interior precisa que la afirmación de que el servicio técnico pertinente descartaba un tsunami es un asunto no menor a la hora de juzgar responsabilidades políticas o de cualquier otro tipo.
Y se pregunta: “¿contaban las autoridades con la información adecuada para tomar las decisiones que correspondía? Por supuesto que no. No se trata sólo de un error del SHOA, también hay que considerar que obtener información confiable era, en esas primeras horas, una imposibilidad técnica mayor. La discusión de si había existido un tsunami o un alza inusual de la marea, como afirmaba el SHOA, se prolongó hasta altas horas de la tarde y sólo se concluyó con las imágenes de las primeras naves encalladas en Talcahuano”.
Sobre las comunicaciones, Pérez Yoma afirma que las redes comunicacionales, tanto privadas como públicas, colapsaron o funcionaron parcialmente, “pero tampoco estuvieron en ese momento a disposición de las autoridades civiles, como quedó determinado días después de la tragedia y hoy es parte de la controversia pública y legal que, imagino, deberá quedar resuelta por quienes corresponda”.
Respecto a la segunda etapa que plantea, el ex secretario de Estado dice que la situación anterior cambia cuando las FF.AA. logran poner a disposición de las autoridades los medios de transporte para hacer una inspección de la tragedia, por lo que las decisiones que toma el gobierno desde ese momento cuentan con más información y apuntan a entregar ayuda a quienes aún estaban en peligro.
Sobre las críticas que apuntan a la demora en entregar el control de la situación a los militares, Pérez Yoma afirma que: “hay quienes sostienen que en caso de una catástrofe debe entregarse el control a los militares. Esto es una materia opinable. En lo personal, tengo serias dudas de si eso, ese día y en las condiciones de ese momento, era posible de hacer”.
Y añade que “como he expuesto, considero que el gobierno y las instituciones del Estado respondieron, con la excepción del organismo técnico calificado en la entrega de anuncios de tsunami, el que falló lamentablemente, impidiendo así la oportuna toma de decisiones”.
El ex ministro también precisa que de la tragedia se deben sacar conclusiones, corregir errores, elaborar protocolos de comportamiento para las distintas instituciones para evitar futuras desgracias y “el gobierno de ese entonces asumió las responsabilidades que tenía con los instrumentos que disponía”.
“El gobierno actual debe asumir las responsabilidades de futuro y responder principalmente por eso, ya que aún hay todavía demasiada gente esperando soluciones”, sostiene.
Y concluye argumentando que: “entretenerse en especular sobre cuál habría sido su comportamiento frente a esas circunstancias, no es sólo inconducente, sino que también recuerda el dicho de que todos son generales después de la batalla. Si, como quiere el gobierno, la próxima campaña electoral va a estar centrada en este tema, tendremos una pobre campaña, llena de descalificaciones mutuas y se le hará un flaco favor al país y a los miles de damnificados que esperan soluciones permanentes”.
