La concesionaria defendió la legalidad del procedimiento a través del cual el Estado adquirió la ruta a un valor de US$ 34 millones señalando que éste “se ha conducido estrictamente por los cauces legales formales y ha sido autorizado por el tribunal competente: la Comisión Arbitral del art. 36 de la Ley de Concesiones”. También insistió en que José Cox, amigo del Presidente de la República y asesor del tercer piso de La Moneda tiene una participación de sólo el 2,0% de la compañía y renunció al directorio de la misma en enero de 2010.
A través de una declaración pública, la concesionaria Camino de la Madera S.C.S.A. se refirió este jueves a la información publicada por El Mostrador respecto de las negociaciones con el Ministerio de Obras Públicas para que el Estado comprara por primera vez una ruta concesionada pagando alrededor de 34 millones de dólares, lo cual ha levantado cuestionamientos por parte de autoridades de la administración anterior y parlamentarios de oposición que evalúan pedir que el caso sea visto por una comisión investigadora.
Tal como lo detalló este medio, dichas tratativas tuvieron la particularidad de contar con la intervención del empresario José Cox, quien además de mantener una estrecha amistad con el Presidente Sebastián Piñera, es accionista de la compañía. A ello se suma que es representante del Ministerio de Transportes en la negociación de esa cartera con el Administrador Financiero del Transantiago (AFT).
Frente a estos antecedentes, la gerencia de Camino de la Madera declaró que la compañía “pertenece a Inversionistas Institucionales en un 60,5%, de los cuales el 75% son Fondos de Pensiones (AFP); a Empresa Constructora Belfi en un 34% y a accionistas minoritarios en un 5,5%. El Sr. Cox tiene una participación del 2%. Este último renunció el 8 de enero de 2010 al Directorio de la Sociedad”.
Respecto de la compra de la ruta explica que “los gobiernos actual y anterior públicamente manifestaron su intención de terminar el contrato de concesión, por razones de interés público. La Concesionaria el año 2009 expresó su disposición a terminar el contrato por mutuo acuerdo, como lo estipula la Ley de Concesiones”.
Detalla además que “en julio del 2007 el Ministro de Obras Públicas ordenó el congelamiento de las tarifas de la concesión, impidiendo reajustes conforme al contrato permitía. Este congelamiento a fines del 2009 fue declarado ilegal por la Contraloría General de la República”.
“Con los cortes de los puentes sobre el Bío Bío y el aislamiento de Coronel y Arauco, causados por el terremoto 2010, y siendo Camino de la Madera la única vía para el flujo de tránsito pesado, el MOP ordena rebajar las tarifas en un 33%, situación que sólo se puede realizar en el marco de un acuerdo de término de la concesión dado el fallo de ilegalidad emitido por la Contraloría sobre congelamiento de tarifas”, explicó, agregando que “el procedimiento de terminación de la Concesión se ha conducido estrictamente por los cauces legales formales (arts. 27 y 30 Ley de Concesiones), y ha sido autorizado por el tribunal competente: la Comisión Arbitral del art. 36 de la Ley de Concesiones. Este mismo tribunal fijó el valor de los activos de la concesión, a partir de dos informes periciales”.
Respecto al valor de la ruta, que los críticos al negocios han considerado sobredimensionado, Camino de la Madera sostiene que “la determinación del precio de la concesión está fundamentada en el Mecanismo de Distribución de los Ingresos (MDI), modificación del contrato de concesión suscrito en el año 2004. Esta modificación permite al Estado en cualquier momento terminar el contrato por la vía de pagar el saldo existente en la cuenta del seguro de ingresos, opción que significaría un mayor costo para el Estado que el determinado por la Comisión Arbitral del art. 36 de la Ley de Concesiones”.
“Del precio determinado por la Comisión Arbitral, la Concesionaria deberá cumplir con todos sus acreedores, especialmente el Banco del Estado. En contraparte para el Estado queda la infraestructura construida y mantenida, cuya inversión inicial fue de UF 1.085.775”, explica, precisando que “el proceso de término de la concesión debe culminar con un convenio complementario de extinción, aún no suscrito, cuyo Decreto Supremo aprobatorio debe contar con la Toma de Razón de la Contraloría General de la República”.
Finalmente, respecto a la posibilidad que el caso lo tome una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la concesionaria adelantó que “de ser requerida entregará todos los antecedentes pertinentes para que los honorables Diputados de la Republica comprueben la transparencia del proceso realizado”.
