La medida ha sido cuestionada por la oposición y por expertos, que consideran que el Ejecutivo está impulsando la privatización de un recurso de propiedad estatal.
La decisión del Gobierno de permitir que empresas privadas puedan extraer litio ha suscitado la apertura de un debate en torno a la fórmula de explotación de un mineral cuya demanda mundial se ha visto triplicada en los últimos 10 años.
Según dijeron a detractores de la idea, la iniciativa pone en peligro la definición de mineral «estratégico» que una ley vigente desde hace casi 40 años asigna al litio.
El pasado 27 de marzo, el Ejecutivo de Sebastián Piñera aprobó por vía administrativa la implementación de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), un decreto que autoriza a empresas locales y extranjeras a obtener 100.000 toneladas de este mineral en los próximos 20 años.
Mediante esta concesión, Chile, que según cálculos del Gobierno tiene un cuarto de las reservas mundiales de litio, concentradas en el norte del país y posee un 41 % del mercado mundial, prevé recaudar 350 millones de dólares a través del cobro del 7 % de las transacciones que consigan estas corporaciones.
En la última década, el litio se ha convertido en un material muy preciado en industrias como la energía, la informática, la telefonía móvil y, en especial, la automovilística que, con la reducción de las reservas de petróleo, ha hecho uso de este metal para el desarrollo de vehículos híbridos y eléctricos.
De hecho, según datos de la Comisión Nacional del Cobre (Cochilco), la cotización de este mineral en el mercado internacional ha pasado de 2.000 a 6.000 dólares desde 2001 hasta hoy.
Ante el incremento de la demanda, el Gobierno ha recurrido a la aprobación de un contrato especial de licitación, que anula lo señalado en la Ley de Minería de 1973, que define el litio como un mineral estratégico y no concesible.
«La ley declara que es inconcesible, pero la Constitución establece que se pueden hacer contratos especiales de operación para aquellas sustancias no concesibles», defendió en una entrevista el subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
Según Wagner, lo único que pretende esta medida es «generar una mayor competencia e innovación» en un mercado que puede duplicarse en los próximos años.
«El crecimiento va a estar dado básicamente por actores que están en Argentina, Australia, China, Canadá y EE.UU., que quieren explotar el litio y en varios de ellos ha sido declarado concesible. En consecuencia, debemos darle un impulso a la industria para no perder nuestra participación en el mercado», agregó Wagner.
La medida ha sido cuestionada por la oposición y por expertos, que consideran que el Gobierno está impulsando la privatización de un recurso de propiedad estatal.
«La posibilidad de que grandes empresarios vengan a explotar el litio pone en riesgo su control y que el Estado pierda su derecho a controlarlo como material estratégico», enfatizó en declaraciones el ingeniero de la mina de El Teniente Enés Zepeda.
Del mismo modo opina la senadora socialista Isabel Allende, que en una sesión especial sobre el litio celebrada este jueves en el Senado, lamentó que el Gobierno aprobara la licitación del litio sin previa discusión en el Parlamento.
«Nos parece sumamente grave que un tema de esta trascendencia ni sea visto por el Congreso, pues es importante tener una amplia y transparente reflexión sobre la importancia del litio en el desarrollo del país», argumentó Allende.
La oposición defiende la necesidad que el también denominado «oro blanco» sea considerado un recurso energético y no un mineral y reclama además que se fomente la inversión pública para elaborar un producto de mayor valor agregado.
«Se debe fomentar fuertemente la I+D (investigación y desarrollo) para reducir los costos de producción, pero además para suministrar a los mercados internacionales un producto con un alto valor agregado», indicó Allende.
El Ejecutivo, en tanto, se defiende asegurando que los ministerios de Economía y Minería trabajan para crear programas conjuntos que fomenten la investigación y avancen en la cadena de valores del litio.
«Tenemos reservas de litio para 1.500 años, 50 salares en el norte, la gran mayoría de ellos no pueden ser explotados dado a su inconcesionabilidad, y un mercado que puede llegar a ser dos o tres veces mayor al que tenemos actualmente. Lo que queremos es generar mayor competencia en el mercado», enfatiza Pablo Wagner.
El Gobierno prevé que las concesiones para explotar los salares donde se localiza el litio se pueda oficializar a partir del segundo semestre de este año, una vez la Contraloría, apruebe las bases de la licitación.
