Entre las propuestas más importantes, destaca la creación de un Instituto Pesquero de Chile, entidad autónoma, como el Banco Central, que establezca con independencia de intereses políticos y particulares los niveles de explotación sustentable de los recursos.
«De los senadores depende la continuidad de la pesca en Chile». Así de enfático fue el gerente de Anapesca A.G., Santiago Gacitúa, luego de ser consultado acerca de cómo vislumbra la votación en la Cámara Alta del Congreso.
Luego de una difícil y maratónica discusión en la Cámara Baja, donde -a juicio de la entidad- muchos diputados entregaron beneficios a los grandes industriales de la pesca, confían en que las cosas en el Senado serán distintas y que los senadores se tomarán el tiempo para analizar el proyecto e introducir las modificaciones que realmente aseguren la sustentabilidad.
“Por ejemplo, el proyecto de ley mantiene pasos adicionales entre el resultado de la investigación científica y la determinación de la cuota que se puede pescar, lo que aumenta las instancias de influencia de agentes que no buscan precisamente la sustentabilidad de nuestras pesquerías, sino el beneficio en el corto plazo”, sostuvo.
“Y es que en el fondo -asevera el Gerente de Anapesca- el proyecto que se está discutiendo es lo mismo que está en la ley vigente, eso sí debo admitir que con un buen disfraz, porque han cambiado nombres, reordenado comisiones, se están dando concesiones para algunos sectores, pero al fin y al cabo, los puntos clave siguen permeables a intereses políticos y de los beneficiados de siempre, lo que de ninguna forma llevará a la sustentabilidad de los recursos pesqueros.”
Gacitúa señala que nuevamente llevarán sus propuestas a los senadores para hacer cambios reales que aseguren la sustentabilidad de la actividad pesquera, principalmente las dirigidas a transparentar la institucionalidad.
Entre las propuestas más importantes, destaca la creación de un Instituto Pesquero de Chile, entidad autónoma, como el Banco Central, que establezca con independencia de intereses políticos y particulares los niveles de explotación sustentable de los recursos; de la misma forma, debe elaborar los planes manejo, los que deben ser obligatorios para toda pesquería. Para el establecimiento de tal Instituto deberían considerarse al menos tres principios básicos en su creación: transparencia, responsabilidad administrativa y el diseño y ejecución del plan de investigación científica necesario para generar la información que se aplicará en la toma de decisiones. La única forma de lograr esto, es que este instituto sea provisto de fondos por el presupuesto de la nación.
Finalmente, la información administrada por el Instituto Pesquero de Chile, debe ser de público conocimiento, en los términos establecidos en la Ley de Probidad Administrativa y sus recomendaciones deben ser vinculantes para la autoridad política.
