Carey y Cía. facturó el equivalente a la mitad de los US$ 8 millones que pagó la empresa al Estado. Alex Fischer, de Carey, conocía el 23 de noviembre detalles de la resolución que emitiría el SII.
Desde el inicio de las negociaciones entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y Johnson’s, que terminó en la condonación de US$ 118 millones en multas e intereses, la empresa intentó pagar lo menos posible.
Al comienzo nada querían pagar y los funcionarios del servicio le indicaron que así no había posibilidad de lograr acuerdo. Rápidamente, la multitienda de Marcelo Calderón se allanó a pagar US$ 8 millones y abrió la puerta al perdonazo.
Mientras la multitienda regateaba con el Estado, la empresa se comprometía a pagar una millonaria cifra por los servicios del estudio de abogados Carey y Cía para zanjar la disputa.
El contrato se hizo en marzo de 2011 y terminó a fines de 2011 cuando el abogado que dirigía las negociaciones con el Servicio, Alex Fischer, selló el acuerdo. Conforme el acta del directorio del 15 de diciembre de 2011, la multitienda le pagó un total de $ 2.117 millones a Carey, cifra cercana a US$ 4,08 millones.
Es decir, los abogados que representaron a Johnson’s facturaron la mitad de lo que pagó la compañía al Estado.
La razón detrás de los US$ 4 millones que recibió el estudio que dirige Jorge Carey está en la rebaja que logró en el pago de multas e intereses que Johnson’s debía al Estado. La cifra cayó de cerca de US$ 120 millones a sólo US$ 8 millones; es decir, el contrato en la práctica resultó en que mientras menos pagaba Johnson’s al Estado, más ganaba el estudio de Carey.
De acuerdo al acta, la mitad de los honorarios correspondieron a ahorro directo en contingencia de pago de IVA e impuestos a la renta. La otra mitad correspondió al ítem que la compañía denominó “conservación de valores”, el que incluye principalmente “preservar” pérdidas tributarias de Johnson’s y Mega, otra sociedad dentro del grupo.
En la carrera por este suculento negocio Carey no estuvo solo. Compitió con las auditoras PwC y Ernst & Young, y también disputó el trabajo con el conocido abogado Juan Manuel Barahona. Este último asistió a la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados hace algunas semanas, donde respaldó la labor hecha por el SII.
Sin embargo, no comentó que había estado postulando para obtener el mismo trabajo que obtuvo Carey. El 25 de enero de 2011 asistió al directorio de Johnson’s para hacer un diagnóstico inicial de la situación. Fue optimista, aunque advirtiendo de dificultades en el horizonte.
Entre ellas, que el caso tenía dificultades propias de ser la última gran empresa con este tipo de contingencias tributarias y que la situación financiera de la empresa le agrega un elemento adicional de complejidad.
De cualquier forma, Barahona “considera que es una materia abordable, que requerirá de un esfuerzo importante en materia de elaborar bases técnicas adecuadas para sustentar un cambio de opinión en los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos”, dice el acta. Tras eso hace su oferta pero pierde frente Carey.
De hecho, fuentes conocedoras del tema comentan que Carey ganó esta asesoría en un ‘competitivo proceso’ y que los precios habrían sido parecidos. Además, las fuentes indican que el precio pagado por Johnson’s se justifica plenamente, pues en menos de un año el estudio zanjó una disputa que venía desde hace una década.
En todo caso, Calderón recuperó este gasto con creces. Como señalara el director de la compañía el 7 de diciembre, con la resolución del SII (que finalmente ocurrió el 15 de diciembre de 2011) “que autoriza extinguir las obligaciones adeudadas, aplicando los Pagos Provisionales por Utilidades Absorbidas (PPUA)… se cumple con el requerimiento previo establecido por los compradores”.
La frase se refiere a Cencosud, la cadena de retail de Hörst Paulmann, que puso como exigencia que Johnson’s despejara la disputa tributaria antes de comprar.
Calderón terminó haciendo un buen negocio: pagó US$ 8 millones al SII, US$ 4 millones a los abogados, pero recibió US$ 63 millones de Cencosud por el 85% de la compañía.
En todo caso, en 2009 habían inyectado US$ 140 millones para salvar la compañía, para lo cual vendió parte de sus acciones en Ripley.
Efectivamente, Fischer hizo lo suyo. En pocos meses salvó a la compañía de la quiebra, cerró numerosas disputas tributarias de la empresa y le dejó US$ 66 millones en el bolsillo a Marcelo Calderón.
En las últimas reuniones previas al acuerdo, Fischer demostró que tenía el control de la situación. El día 23 de noviembre le informa al directorio de Johnson’s que ese mes deberían pagarse los US$ 8 millones acordados con el Servicio, que se harán trece operaciones y que el SII y la Tesorería acordaron que se hiciera una sola resolución.
También sabe que la condonación no fue a Contraloría, afirma que el Servicio quiso llevarla pero que la propia Contraloría le dijo que no correspondía, pues ese tipo de operaciones ya no requieren ese trámite por corresponder a un período tributario previo al 2007.
Incluso les da detalles de lo que traerá la resolución del Servicio. “La resolución hará mención a los informes de fiscalización en base a los que se determina que el «goodwill» es de $ 107 mil millones”, dijo Fischer, según el acta. Además, recomienda que no se añada nada relativo al «goodwill» en la resolución, pese a que Cencosud lo habría pedido.
«Goodwill» es el beneficio que obtiene la empresa con la negociación con el Servicio, es decir, ese momento transforma a números el beneficio generado en la operación.
Asimismo, el abogado informa de las dificultades que ha tenido la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) para sacar la resolución “en particular porque debe estar aprobada por varios directores regionales”.
Comisión de investigadora
Ayer, se vivieron momentos tensos en la comisión que investiga el “perdonazo”. El presidente, diputado Fuad Chahín (DC), tuvo un duro intercambio con el diputado UDI, Gonzalo Arenas, mientras hacía preguntas a Elena Amaya, la jefa jurídica del departamento de grandes contribuyentes del SII.
Chahín hizo un duro interrogatorio a Amaya, en el cual obtuvo la confirmación por parte de la funcionaria de que el director del Servicio, Julio Pereira, sí autorizó la condonación de más del 66% de las contingencias de Johnson’s, algo que según los sindicatos del Servicio y parlamentarios de la oposición, ha sido negado por Pereira.
Igualmente, Amaya reconoció que antes de asistir a la comisión el subdirector de fiscalización del SII, Iván Beltrand, los citó a una reunión de coordinación, que calificó como «técnico».
El momento más tenso fue cuando tras una serie de preguntas relativas a materias legales de la condonación, Chahín dejó en acta declaraciones que según Arenas, Amaya no había hecho. Tras un duro intercambio, Chahín impuso su condición de presidente, dejó fuera las declaraciones de Arenas y pidió que se revisaran las grabaciones para confirmar los dichos de la funcionaria.
En todo caso, al final Arenas saludó afectuosamente a Chahín, como si nada hubiera pasado.
