Los socios privados, que poseen un 29,52 % de la empresa, se negaron a aprobar su disolución argumentando que debían dar el visto con sus acciones preferentes. El Gobierno estudia presentar una querella por fraude al Fisco en contra de uno de los socios de Colliguay, Raimundo Valenzuela, por haber actuado en perjuicio del Estado y a favor de los privados cuando se hicieron los cambios que beneficiaron a los títulos de Colliguay a comienzos de los 90. Detrás de la decisión de Piñera de disolver la empresa hay una razón de fondo: que los particulares no se lleven las ganancias del Diario Oficial, que será gratuito cuando pase a manos del Estado. Colliguay dará la pelea.
A nadie le gusta perder un buen negocio. Y la Empresa Periodística La Nación lo es: en los últimos cuatro años ganó $7.778 millones gracias al Diario Oficial, la única fuente de ingresos que deja utilidades.
El Fisco recibió dividendos por $844 millones y Colliguay, controlada por los abogados Luis Eduardo Thayer (DC), Raimundo Valenzuela (PS) y Enrique Alcalde (UDI), $360 millones.
Fue, justamente, esta sociedad la que se opuso, en la junta extraordinaria de accionistas del pasado lunes 24, a la disolución y liquidación de los bienes de la Empresa Periodística La Nación argumentando que para hacerlo tenían que contar con el visto bueno del 75 % de sus acciones, las que además de ser preferentes cuentan con atribuciones especiales, caracteríticas que las del Fisco no tienen, porque son ordinarias.
Algo similar a las cuestionadas Chispas que, con un porcentaje menor de papeles, controlaban los destinos de Enersis en la época de José Yuraszeck y Marcos Zylberberg.
Esto, porque Colliguay, que entró a la propiedad de la Empresa Periodística La Nación en 1991, posee un 29,52 % y nombra a tres representantes en el directorio. El Fisco, dueño de un 69,26 %, designa a cuatro.
Con la disolución de la empresa los grandes perdedores son Thayer, Valenzuela y Alcalde. Dejan de ganar mucha plata. Según La Tercera, los tres abogados recibieron dividendos por $2.800 millones entre 1991 y 2009 y sumando los $360 millones de los últimos cuatro años la cifra total es de $3.160 millones.
Aunque a las arcas del Fisco, en todo el período, fueron $7.544 millones, existe una salvedad: el Fisco ha generado, históricamente, la mitad de las utilidades del Diario Oficial, ya que está obligado a publicar las leyes de la República en el periódico.
Desde que se dictó la Ley 20.494 que exime de pago a las sociedades que se constituyen con un capital inferior 5 mil UF, el Estado se convirtió en el mayor generador de ingresos.
[cita]“De ese detalle (la entrega de mayores atribuciones a los papeles de Colliguay) no me acuerdo. Para tener una idea clara tendría que ver las actas. En todas las juntas en que me tocó representar al Fisco tuve el visto bueno del Gobierno. Se le consultaba a Enrique Correa (secretario general de Gobierno de Patricio Aylwin)”, sostiene Valenzuela que también fue director de las empresas portuarias Austral y de Arica durante la Concertación y colaborador de la Vicaría de la Solidaridad en la dictadura.[/cita]
Colliguay está dispuesta a dar la pelea legal, porque no le reconocieron los derechos a sus acciones para impedir la disolución de la Empresa La Nación.
El Gobierno, por su parte, estudia presentar una querella por fraude al Fisco de la que se haría parte el Consejo de Defensa del Estado
La carta que se reserva el gobierno se basa en que fue el representante del mismo Fisco, Raimundo Valenzuela —quien era además presidente de la Empresa Periodística La Nación, nombrado por el Fisco a comienzos de los 90—, el que aprobó reformar los estatutos permitiendo que cualquier decisión relativa a la marcha de los negocios —petición de préstamos, aumento de capital, compra o venta de bienes y designación del director del diario La Nación y del Oficial— debía contar con el visto bueno de dos de los tres directores de Colliguay.
Y que, además, en las juntas de accionistas el 75 % de las acciones preferentes deberían dar su voto para aprobar una serie de materias, entre ellas, la disolución de la empresa. Cosa que el Ejecutivo no reconoce.
Decisiones aprobadas por el representante del Fisco que fueron perjudiciales para el Estado y beneficiosas para los privados.
Según fuentes consultadas por este diario, los cambios se adoptaron en una junta extraordinaria de accionistas, el 30 de abril de 1992. Quien redujo a escritura pública las actas, el 29 de mayo, fue Enrique Alcalde Undurraga, el socio gestor de Colliguay, en la notaría de Antonio Zuluaga.
“De ese detalle (la entrega de mayores atribuciones a los papeles de Colliguay) no me acuerdo. Para tener una idea clara tendría que ver las actas. En todas las juntas en que me tocó representar al Fisco tuve el visto bueno del Gobierno. Se le consultaba a Enrique Correa (secretario general de Gobierno de Patricio Aylwin)”, sostiene Valenzuela que también fue director de las empresas portuarias Austral y de Arica durante la Concertación y colaborador de la Vicaría de la Solidaridad en la dictadura.
Lo que sí recuerda como aprobado es el aumento de cinco a siete directores —tres para Colliguay y cuatro del Fisco—, lo que se mantiene hasta hoy: “No recuerdo cuál fue la razón”.
También, la eliminación del derecho de las acciones preferentes, en manos de Colliguay, de recibir un 5 % de las utilidades antes de que el directorio acordara el porcentaje a repartir. O sea, si se aprobaba entregar un 40 % de las ganancias a los accionistas —como ocurre actualmente— esos papeles recibían un 5 % adicional. “Fue muy debatido, no sé si Alcalde se resistiría a eso”.
Enfrentar una posible querella por fraude al Fisco por haber actuado en desmedro de los intereses del Estado que debía defender —dice— “me tiene sin cuidado, que lo hagan, tengo claros mis derechos y obligaciones; no falté a la ética”.
“Yo no tenía atribuciones dentro del gobierno para aprobar o rechazar la operación (cambio de estatutos)”, sostiene el ex vocero de Gobierno que agrega que la empresa es una sociedad anónima.
Con el tiempo Valenzuela dio un giro y pasó de ser el hombre del Fisco a socio de Colliguay cuando le compró las acciones a Juan Cavada, uno de los tres creadores de Colliguay. Y volvió al directorio de La Nación durante el gobierno de Michelle Bachelet representando a los privados. Renunció al cargo el 20 de abril del año pasado.
“No nos vamos a quedar de brazos. El Fisco ha desconocido facultades de las acciones preferentes”, agrega Valenzuela.
Su socio Luis Eduardo Thayer asegura que “tenemos abogados que están viendo la posibilidad de ejercer acciones legales. Es posible que sea pronto y puede que sea una bomba o no sea una bomba”. Ya dieron un paso: el pasado miércoles 26 recurrieron a los tribunales para pedir la designación de un árbitro que dirima la disputa entre los socios.
“No hay tal acuerdo para disolver la sociedad (Empresa Periodística La Nación) como dice el Gobierno, porque según los estatutos se requiere el voto a favor del 75 % de las acciones preferentes”, sostiene el abogado laboralista que defendió a sindicatos durante la dictadura, se ganó el Loto y con esa plata le compró las acciones a Ricardo Halabi, socio fundador de Colliguay.
El Fisco hace otra lectura del artículo 39 de los estatutos que, según Colliguay, no se respetó. Para disolver la empresa se necesitan dos tercios de las acciones con derecho a voto, es decir, el 66,6 % y el Fisco posee el 69,26 %.
A esa conclusión llegó el estudio de abogados de Alberto Espina, Carlos Zepeda (director de la Empresa Periodística La Nación hasta el 25 de julio pasado y hoy presidente de TVN) y Juan Domingo Acosta. Tampoco reconoce las preferencias de las acciones de Colliguay, porque se habrían extinguido en una junta extraordinaria en 1985.
Thayer afirma que el Gobierno tendrá que pedir ante un juez la nulidad de esas acciones si considera que no son preferentes.
Las amenazas van y vienen.
En esta batalla el botín se llama Diario Oficial. El Fisco no quiere que un grupo de privados lucre y se lleve parte de las ganancias. “Ha llegado la hora de poner término a una actividad del Estado compartida de manera peculiar con accionistas privados, beneficiarios del ejercicio de una función pública”, dijo el representante del Fisco en la junta de accionistas, Juan Francisco Asenjo, abogado del estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno y Asenjo.
Chadwick fue igualmente explícito cuando apoyó la disolución de la empresa. No sólo declaró que “lo mejor es que los gobiernos ni tengan medios de comunicación”; sino que también justificó la decisión al señalar que el Diario Oficial debe salir de la propiedad de la Empresa Periodística La Nación, porque estaba “financiando” a los capitales privados de la sociedad.
“Esta es una concesión que viene de 1933 y fue entregada a la Empresa Periodística La Nación. No se puede traspasar por decreto el Diario Oficial al ministerio del Interior como anunció Andrés Chadwick (vocero de gobierno) y decir yo me quedo con él. Si lo hace está cometiendo una ilegalidad y el Fisco tendrá que indemnizar en forma proporcional a los accionistas”.
El Gobierno quiere, además, que los avisos sean gratuitos para todos, incluyendo el Estado.
A pesar de las diferencias el directorio de la Empresa La Nación —los cuatro del Fisco y los tres de Colliguay— se puso de acuerdo para demandar al Estado por el perjuicio que le ocasionó la ley que eximió de pago a las empresas de menos de 5 mil UF de capital que publiquen sus avisos en el Diario Oficial.
Estaban obligados: la Ley de Sociedades Anónimas establece que los directores deben proteger los intereses de la empresa y no de los accionistas que los eligen.
Sabiendo que Sebastián Piñera no tenía intención de mantener vigente el diario La Nación como lo declaró antes de pisar La Moneda, Thayer, Valenzuela y Alcalde iniciaron contactos para intentar una venta amistosa de sus acciones.
“Plantearon que para cerrar el diario necesitaban contar con el voto favorable de sus acciones preferentes, también para nombrar al director y les ofrecieron venderles su parte. La cifra que pedían era exorbitante”, sostiene una fuente de La Moneda.
No está claro si hubo negociación de parte del Gobierno o si se negó desde el comienzo.
Valenzuela, el socio de Colliguay, sostiene que, al menos, él no se lo ofreció al Gobierno. “Habría que preguntarle a Enrique Alcalde. Él es el representante legal de Colliguay. Yo no tenía porqué saber, podían informármelo cuando ya estaba hecho el acuerdo, pero si no se me informó es porque no lo hubo”.
Alcalde es el personaje central de esta sociedad. El se acercó a la Radio Nacional, que tenía un 12 % de acciones preferentes de la Empresa Periodística La Nación, y le ofreció a Eugenio Tironi, director de la radio, $12 millones por el paquete.
Poco antes de que el entonces director de comunicaciones de Aylwin informara al directorio de la radio la propuesta, Alcalde creó Colliguay el 4 de septiembre de 1991 junto al DC Ricardo Halabi y al PS Juan Cavada, ambos funcionarios del primer gobierno concertacionista.
Prácticamente quebrada, la oferta era atractiva para la estación. Además, la Empresa Periodística La Nación arrastraba una deuda con el Servicio de Impuestos Internos cercana a los $2.000 millones.
Alcalde subió la cifra a $16 millones y el directorio de la radio aprobó la venta sin saber que vendría un perdonazo de la deuda tributaria. Dueño de una fortuna considerable, de campos en Aysén y férreo opositor a las centrales de Hidroaysén, fue asesor de varias concesionarias en el inicio del sistema de privatización de caminos y está ligado a una de las organizaciones de beneficencia más ricas del país, la Fundación Isabel Aninat, que creó Juan Luis Undurraga, su tío en segundo grado. Este estipuló que después de su muerte entrara como patrimonio a la entidad el 42,59 % de las acciones que tenía en Soprole.
Cuando la Fundación vendió ese paquete a Fonterra, la controladora de la empresa láctea, recibió US$ 201,4 millones.
Alcalde no respondió llamados ni consultas por correo de este diario
