Ambas funciones serían incompatibles según el derecho administrativo
El funcionario público hizo campaña para continuar un nuevo periodo integrando en Concejo Municipal de Las Condes, pero aparentemente con ello estaría vulnerando varias leyes y resoluciones de la Contraloría General de la República. Mikel Uriarte discrepa y afirma que ambos cargos los ocupa en el marco de la legislación vigente.
Las elecciones municipales del próximo 28 de octubre prometen ser las más inciertas de los últimos años, por el ingreso de casi cinco millones de nuevos electores al padrón; pero también las más disputadas. Debido a que en ambas coaliciones tienen la convicción de que el resultado de estos comicios constituirá un referente para las parlamentarias y presidenciales del 2013. Por lo mismo, el oficialismo se cuidó de elegir con pinzas no sólo a los aspirantes a las alcaldías, sino también a concejales. Para asegurarse el triunfo en algunas comunas han designado figuras conocidas en todos los ámbitos. Ese es el caso de la UDI que para esta contienda reclutó a personajes como el músico Horacio Saavedra o el ex conductor de noticias Eduardo Palacios, entre otros. En esta situación también está el director del Fondo Nacional de Salud, Mikel Uriarte Plazaola, a quien el gremialismo optó por llevar a la reelección como independiente en su lista, por el cupo de concejal en Las Condes. El problema es que su puesto como director de servicio sería incompatible con el ejercicio de un cargo de elección popular, debido a que por él percibe la Asignación de Dirección Superior, según figura en la página de transparencia de Fonasa, cuyo pago exige la dedicación exclusiva. Algo que funcionarios públicos consideran “grave”.
Efectivamente, la Ley Nº 19.863, en su artículo primero establece una Asignación de Dirección Superior, “que tendrá el carácter de renta para todo efecto legal, que percibirán quienes desempeñen los siguientes cargos de dedicación exclusiva: Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de los servicios públicos”. Y agrega que “en el caso de los Jefes Superiores de Servicio, éstos podrán percibir esta asignación con un porcentaje de hasta 100 por ciento de dichas remuneraciones”, pero aclara que esta “asignación será incompatible con la percepción de cualquier emolumento, pago o beneficio económico de origen privado o público, distinto de los que contemplan los respectivos regímenes de remuneraciones”.
Más adelante, la normativa repara en una serie de excepciones para la recepción de la asignación, como “el ejercicio de los derechos que atañen personalmente a la autoridad o jefatura; la percepción de los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable; los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio, del desempeño de la docencia prestada a instituciones educacionales y de la integración de directorios o consejos de empresas o entidades del Estado, con la salvedad de que dichas autoridades y los demás funcionarios no podrán integrar más de un directorio o consejo de empresas o entidades del Estado, con derecho a percibir dieta o remuneración”. Es el concepto de “consejo de empresas o entidades del Estado” el que ha provocado confusión. Y es también en el que se han amparado quienes han solicitado el pronunciamiento de la Contraloría en relación con el tema.
El organismo liderado por Ramiro Mendoza ha debido pronunciarse en varias oportunidades sobre esta materia, la última vez el año 2009. Una de las citadas resoluciones establece que “el dictamen N° 44.902, de 2006, de esta Contraloría General, ha manifestado que las dietas que le corresponde percibir a un concejal no se encuentran incorporadas en las aludidas excepciones, por cuanto el concejo municipal no puede entenderse incluido en el concepto de “consejo de entidades del Estado”, en razón de su naturaleza diversa, motivo por el cual dicho pronunciamiento concluye que la asignación de alta dirección pública resulta incompartible con la percepción de la dieta a que tienen derecho los concejales”. Y si bien el cargo de director nacional de Fonasa no es de Alta Dirección Pública, esta resolución se hace extensiva a los “jefes superiores de los servicios públicos” a que alude la Ley 19.863.
[cita]Para la presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela Farías, es “muy grave” que ocupando ambos cargos, Uriarte perciba la Asignación de Dirección Superior, por cuanto “la ley es bastante clara en este sentido y también el dictamen de la Contraloría es claro y específico”. A juicio de la dirigente, y tal como consta en los dictámenes de órgano contralor, “él (Uriarte) está excluido de percibir la asignación”, porque “las municipalidades son órganos descentralizados del gobierno y lo que las rige legalmente es específico. Por lo tanto, los concejos municipales no son asimilables a los consejos de empresas, ya sea privadas o del Estado”.[/cita]
El dictamen del año 2009, tiene directa relación con otro concejal de la misma comuna, el DC Felipe de Pujadas Abadie, abogado que coincidentemente en la actualidad es funcionario subordinado de Uriarte, en Fonasa. Sin embargo, a la fecha del mencionado pronunciamiento ejercía el cargo de jefe del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Quiebras, donde un grupo de funcionarios también advirtió una incompatibilidad en la recepción de una asignación. En la oportunidad, el organismo contralor emitió un dictamen ante el que el aludido apeló, pese a lo cual la Contraloría refrendó la primera resolución que establece que el cargo que ostentaba era incompatible con el de concejal “entendida la exigencia de dedicación exclusiva y la incompatibilidad de remuneraciones”.
Entonces, a partir de la ley 19.863 sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la administración pública, Uriarte no sólo estaría inhabilitado para repostular, sino también para haber ejercido el cargo los dos últimos años del actual periodo. Es decir, no debería haber recibido la dieta mensual de 474.840 pesos que le corresponde a los concejales de la Municipalidad de Las Condes y que, según la información de su página de transparencia, ha percibido puntualmente hasta el mes pasado. Según el director de Fonasa, él no ha incurrido en ningún tipo de inhabilidad, por cuanto su cargo no es de Alta Dirección Pública y los pronunciamientos de la Contraloría en general se referirían a este tipo de responsabilidades. También explica que según la Ley Orgánica de Municipalidades no estaría incurriendo en ninguna inhabilidad.
Pese a que el decreto de su designación en el cargo, publicado el Diario Oficial del lunes 31 de mayo del 2010, establece que “designa director del Fondo Nacional de Salud a don Mikel Uriarte Plazaola: Núm. 30.- Santiago, 15 de marzo de 2010.- Visto: lo dispuesto en los artículos 4º, inciso primero, 7º letra c) y 14º del DFL Nº 29 de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo; el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469; y teniendo presente las facultades que me confiere el artículo 32, Nº 10, de la Constitución Política de la República de Chile”.
Lo que significa que, por ejemplo, que Uriarte debería cumplir con los deberes de su cargo, basándose en la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo y que en relación con las incompatibilidades de los cargos públicos, establece que “todos los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas distintas de las contenidas en este Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad las funciones o cargos de elección popular. Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior (artículo 86)”. Algo que no debería desconocer Uriarte, dado a que, como ya señalamos, en su designación —publicada en el Diario Oficial el lunes 31 de mayo del año 2010— se alude a la citada normativa. Y según la página de gobierno transparente del Fondo Nacional de Salud, la escala de remuneraciones de la entidad también está basada en ella.
Para la presidenta de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), Gabriela Farías, es “muy grave” que ocupando ambos cargos, Uriarte perciba la Asignación de Dirección Superior, por cuanto “la ley es bastante clara en este sentido y también el dictamen de la Contraloría es claro y específico”. A juicio de la dirigente y tal como consta en los dictámenes de órgano contralor “él (Uriarte) está excluido de percibir la asignación”, porque “las municipalidades son órganos descentralizados del gobierno y lo que las rige legalmente es específico. Por lo tanto, los concejos municipales no son asimilables a los consejos de empresas, ya sea privadas o del Estado”. Algo que, en opinión de Farías, queda claro incluso ortográficamente, ya que Concejo Municipal se escribe con “C” y el consejo referido a una empresa con “S”, lo que daría cuenta de la necesidad de diferenciar ambos roles.
Desde el punto de vista de la dirigente, el director de Fonasa “debería dejar de percibir la asignación” mencionada. Farías además destaca la calidad de “funcionario público” de Uriarte, afirmando que dicha calidad lo obliga a “actuar con mayor probidad. Sobre todo, porque como director de Fonasa administra el dinero de otras personas, por lo que no tiene que haber dudas respecto de cómo maneja el propio. Atendiendo, además, a que la Contraloría ya se ha pronunciado anteriormente, Uriarte debiera actuar en consonancia”. Pero añade que si no está de acuerdo con la jurisprudencia al respecto, Uriarte debería haber ido él mismo a la Contraloría para que aclarara específicamente su caso.
En cuanto a lo que se refiere al Estatuto Administrativo, aún cuando a juicio de Farías es “bastante complejo” y muchos funcionarios públicos estarían en la misma condición que Uriarte —argumento que utiliza el propio funcionario—, “es necesario que la ley deje muy claros los límites de una persona en ejercicio de un cargo de elección popular y que paralelamente es funcionario público. Cómo podría influir en uno u otro, cuando se da un conflicto de interés. Los funcionarios públicos deben mostrar una imagen pública de mayor probidad en todo sentido. De allí que “la normativa debiera ser más específica, con un rayado de cancha claro, que no deje lugar a dudas, en este aspecto. Además, es necesaria una mayor fiscalización, pero también mayor conciencia de las personas que votamos. Porque estos antecedentes debieran estar en conocimiento de la opinión pública antes de votar, porque así se le podría preguntar, por ejemplo, qué intereses va a defender en caso de que exista un conflicto entre ambos cargos”.
Igualmente, sumado a esta posible inhabilitación, sobre Uriarte pesa la acusación de estar aprovechándose de su cargo para hacer campaña, lo que los denunciantes interpretan como “abierta intervención electoral”. Ello porque según una invitación cursada por La Municipalidad de Las Condes y Fonasa a los vecinos de la comuna, para el 25 de septiembre pasado, el director del organismo “se referirá a los beneficios que entrega Fonasa en salud, coberturas y en especial a sus adultos mayores”. Las invitaciones eran limitadas por lo que antes de su entrega, los residentes recibieron un correo electrónico del municipio donde se comenta la realización de la charla del director del organismo y se indica que a ésta “pueden asistir jóvenes y adultos estén o no en Fonasa”, elemento en el que algunos vecinos se afirman para darle el cariz de intervencionismo a la reunión. Aunque el funcionario público aclara que la mencionada charla no se realizó en época de campaña, la que oficialmente se inició tres días después, y que ha realizado la misma presentación en todo el país, con el fin de dar a conocer lo que el organismo que dirige está haciendo. “Son charlas absolutamente profesionales”, sostiene.
