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Presentan primera acción judicial invocando la Ley Zamudio por discriminación política

por 17 diciembre, 2012

Presentan primera acción judicial invocando la Ley Zamudio por discriminación política
Denunciantes aseguran que el alcalde de Paine, Diego Vergara (RN), discriminó a feriante por razones políticas negándole permiso para trabajar.
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La Agrupación Maipo Contigo, presidida por el abogado Marcelo Drago, presentó la primera acción judicial antidiscriminación por razones distintas a la orientación sexual,  en contra del alcalde de Paine Diego Vergara (RN) quien habría recurrido a razones políticas para negarle el permiso de trabajo a un feriante que en las elecciones municipales apoyó públicamente al candidato opositor Nicolás Mena.

La acción se presenta en favor de Roberto Vilaza un conocido dirigente de ferias libres de la comuna  quien ha ejercido la actividad por años, sin interrupciones nidificultades,  pero “que tras el apoyo  al candidato que competía con el alcalde se convirtió  en el único feriante en toda la comuna a quien por razones políticas, se le negó permiso para trabajar en las ferias navideñas que comienzan hoy -lunes-”, sostuvo Drago.

Según miembros de la agrupación Maipo Contigo,  “el alcalde Vergara señaló expresamente a los feriantes que les daría permiso para instarse en ferias navideñas siempre que “saquen a Vilaza” a quien en diversas ocasiones le enrostró al dirigente su falta de apoyo en las elecciones”.

Drago sostuvo que “presentamos esta acción para dar una fuerte señal a las autoridades municipales que fueron electas o reelectas en nuestra provincia. No vamos a permitir abusos de poder, mucho menos ante personas humildes que viven de su trabajo. La autoridad democrática está al servicio de las personas y debe ante nada respetar sus derechos. El alcalde Vergara de Paineahora enfrenta no sólo que se revierta esta decisión y el pago de fuertes multas,  sino lo más importante, la condena de la comunidad  por esta arbitrariedad”.

De acuerdo al escrito, esta situación constituye  un caso de discriminación arbitraria por parte de agentes del Estado en ejercicio de sus funciones, de cuya decisión carente de fundamento razonable se sigue la privación y amenaza del legítimo ejercicio de los derechos y libertades garantizados por la Constitución Política.

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