Titular de Educación dijo que iniciativa no era «seria»
Después de 25 sesiones que se llevaron a cabo entre agosto de 2011 y junio de 2012, la comisión investigadora de la educación superior, escuchó la voz de diversos actores. Muchos de los puntos sobre los que alertó el documento, son los que están hoy en el ojo del huracán y derriten el sistema de aseguramiento de la calidad en la investigación que lleva la Fiscalía y que le costó la salida al ex ministro Teodoro Ribera.
En julio de este año, la Cámara de Diputados rechazó el informe de la comisión investigadora de la educación superior que denunciaba no sólo las vulneraciones de algunas universidades privadas a la ley que prohíbe el lucro, sino también diversos vicios que sumaban más ingredientes a una educación desigual y de mala calidad.
Uno de los puntos abordados por los diputados es el que ahora despierta más cuestionamientos: el sistema de acreditación. “El informe señaló oportunamente todas las debilidades del sistema de acreditación, pero el señor ministro hizo caso omiso de ello, desconociendo y desacreditando públicamente su valor, llegando a reconocerlas sólo con ocasión del estallido del escándalo de la U del Mar”, señala el diputado Rodrigo González (PPD), quien integró la comisión.
Las advertencias no solamente colgaban al final del informe, sino que se escucharon en diversas intervenciones mientras duró el proceso de audiencias; como la del vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Juan Manuel Zolezzi, quien señaló, refiriéndose a 2011, que hubo un “sinnúmero de acreditaciones muy rápidas. Sería bueno revisar cuántas acreditaciones hubo durante ese período. No tenemos ninguna posibilidad de intervenir, y por lo demás, se vería mal intervenir como Consejo de Rectores. El Contralor sólo puede examinar a las 16 universidades del Estado, es decir, a 16 de 60. Las otras no tienen ningún tipo de control, no obstante que algunas reciben mayor cantidad de recursos fiscales que las del Estado”.
El propio Íñigo Díaz, entonces presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), señaló que por supuesto existía conflicto de interés, “y como presidente me duelen mucho, porque hay inhabilidades establecidas por la ley y una cantidad de otras inhabilidades que deben ser definidas por las personas”, señaló e incluso entregó ejemplos: “Tenemos el caso de los profesores de la Universidad Mayor, que eran socios y dueños de una agencia acreditadora. Esa relación no está limitada por ley, no obstante, la agencia en cuestión no puede acreditar a esa institución, así como tampoco a la Universidad Andrés Bello, pues firmaron una declaración en la que se comprometen a no acreditar en los próximos años nada relacionado con esa casa de estudios, donde precisamente ellos están trabajando actualmente. Con ello, se soluciona el problema. Sin embargo, todos sabemos que los dueños de la Universidad Andrés Bello también son propietarios de otras universidades y, por lo tanto, deberían inhabilitarse con relación a todo el conglomerado”, señaló en uno de los puntos de su intervención.
El sistema de conformación del Consejo de Acreditación, a juicio de lo expresado por Íñigo Díaz en su turno de audiencia, debía cambiar radical y sustancialmente. “Por lo tanto, los miembros del Consejo no pueden tener relación contractual con ninguna institución, y deben ser expertos, probos y bien remunerados, entre otras cosas. Sin embargo, la ley permite esos conflictos de intereses”.
La comisión realizó 25 sesiones, entre el 9 de agosto de 2011 y el 18 de junio de 2012. Recibió en audiencia a más de 70 invitados y dentro de las conclusiones menciona varios puntos que hoy están sobre la mesa: “En particular, la acreditación hace crisis porque se estableció como condición para acceder al Crédito con Aval del Estado (CAE) —enorme fuente de recursos— y se estableció la obligatoriedad de la acreditación para las carreras de Medicina y Pedagogía. Esto generó enormes presiones para que las instituciones de educación superior y las carreras de pedagogía fueran acreditadas”, señala el documento.
[cita]“En síntesis, el informe señala que se entrega financiamiento público a instituciones de educación superior acreditadas ‘sin consignar años mínimos de acreditación’, ‘pudiendo esta ser de sólo un año’, critica el ‘carácter voluntario’ del sistema de acreditación “basado en coherencia interna y no en estándares de calidad”, la conformación de pares evaluadores contratados por las propias entidades evaluadas, la integración de la CNA por representantes corporativos y la existencia de agencias privadas de acreditación”, señala el diputado Rodrigo González.[/cita]
Entre las conclusiones también se incluyó que el “Ministerio Educación no ha ejercido sus funciones legales en relación a solicitar, entre otros, los antecedentes a las instituciones de educación superior que deben entregar para la transparencia del sistema, por ejemplo respecto a los conflictos de intereses existentes y denunciados de los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, de las agencias acreditadoras, de la omisión de los antecedentes de las dotaciones académicas, de sus recursos financieros, de infraestructura, de sus balances, o de cuestiones relativas a publicidad engañosa, etc.”.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la universidad de Chile, Andrés Fielbaum, dice que el informe contenía diagnósticos y conclusiones sobre posibles conflictos de interés y sobre los incentivos perversos que genera la acreditación cuando hay lucro; esto porque la acreditación permite a una institución de educación superior aumentar sus rentas mediante el CAE. “Precisamente los fenómenos que hemos estado presenciando en los escándalos explotados estas últimas semanas”, anota Fielbaum.
Los conflictos de interés también fueron detallados en el informe de la comisión investigadora, que señaló que en la implementación de la Ley N° 20.129 (de Aseguramiento de la Calidad), “se observa que los mecanismos de aseguramiento de la calidad han sido quebrantados por varias razones: 1) haber definido un proceso de evaluación centrado en insumos y procesos y no en resultados, 2) conflictos de interés que se derivan del origen de las membresías de la Comisión Nacional de Acreditación. Es la propia comunidad de educación superior la que vigila los nombramientos de los miembros. En la práctica ha sucedido que esto genera una identificación de los miembros con las instituciones que los nombraron”.
“En síntesis, el informe señala que se entrega financiamiento público a instituciones de educación superior acreditadas ‘sin consignar años mínimos de acreditación’, ‘pudiendo esta ser de sólo un año’, critica el ‘carácter voluntario’ del sistema de acreditación “basado en coherencia interna y no en estándares de calidad”, la conformación de pares evaluadores contratados por las propias entidades evaluadas, la integración de la CNA por representantes corporativos y la existencia de agencias privadas de acreditación”, señala el diputado Rodrigo González.
El documento también planteaba propuestas que apuntaban a mejorar el sistema. Por ejemplo, pedía al Mineduc que ejerciera sus facultades fiscalizadoras en relación al lucro y la calidad educativa a los menos en la Universidad de Las Américas, Instituto Profesional AIEP, Universidad Andrés Bello (Laureate). También a las universidades del Mar, Central, Finis Terrae, Autónoma, Santo Tomás y Del Desarrollo.
Dentro de las propuestas legislativas, se proponía el término y cambio del sistema de acreditación actual. “Derogar el sistema actual de acreditación, debiendo el Estado definir los estándares de calidad de las instituciones, programas y carreras, quedando la acreditación a cargo de las universidades públicas o privadas tradicionales de mayor prestigio, pasando a ser ésta obligatoria, con pruebas nacionales para todas las carreras. Acreditación por proceso y por resultado, por un mínimo de seis años”, señalaba entre los puntos importantes. Otro de ellos mencionaba la idea de crear la figura del “interventor provisorio”. La propuesta era que este actor que jugará un rol predominante ante eventuales irregularidades u anomalías tanto en la calidad de la educación como en lo relacionado con el lucro. Este personaje tenía por objeto velar por el destino final del proyecto académico.
Lo abordado por la comisión en el llamado “informe del lucro”, demuestra con claridad dos cosas, para Fielbaum. Por un lado, que el escándalo de la CNA está precisamente “propiciado porque hay Universidades cuyo fin es lucrar, y que el lucro funciona torciendo los objetivos originales de una institución educativa”. Y, en segundo lugar, “la responsabilidad política del ministro Beyer en el escándalo CNA. El ministro ha intentado lavarse las manos, utilizando de chivos expiatorios a los Señores Díaz y Ribera, omitiendo que es su gestión la que ha desechado todas las denuncias concretas sobre lucro”.
Después que la comisión diera a conocer el informe y en referencia a las acusaciones por lucro, el secretario de Estado dijo que entender que “hubo planteamientos respecto de que habría eventual lucro, pero nosotros no hemos recibido ninguna denuncia concreta, formal, que nos permita validar ese tipo de denuncias”; un argumento que molestó a quienes esperaban que la investigación aportara mayor energía a las autoridades para fiscalizar.
Actualmente, el Mineduc trabaja en un proyecto —que será presentado en los próximos días— que regulará el sistema de acreditaciones y modificará la institucionalidad de la CNA. A pesar de esto, hay quienes piensan que la crisis tiene un costo político que nadie ha pagado.
El diputado González dice que es el ministro Harald Beyer quien deberá hacerse responsable “por no haber querido legislar con la diligencia y oportunidad que el colapso del sistema de acreditación y la desregulación descontrolada del sistema ameritaban, para fortalecer las facultades del Mineduc de intervenir en las Universidades, detectar a tiempo las irregularidades, restablecer la normalidad, proteger los derechos de estudiantes y docentes, sancionar las faltas y detectar los delitos de los propietarios y controladores de las Universidades que han desconocido la esencia no lucrativa del quehacer universitario”.
Sin embargo, la ex presidenta de la FECh, Camila Vallejo, fue más allá. Y no sólo puso el ojo sobre Beyer. Vallejo dijo en Radio ADN que “no se pueden eximir de responsabilidades penales las autoridades políticas” y que “la justicia tiene que llegar a las últimas consecuencias, sin discriminar”, aunque dejó en claro que no se refería a actores como Joaquín Lavín o Teodoro Ribera. “Existe responsabilidad de gobiernos anteriores (…) eso no puede eximir al gobierno de tomar acciones”.
