Fiscal Nacional dice que estaría a la vista el carácter terrorista del ataque incendiario en Vilcún

Luego de anunciar la designación de Francisco Ljubetic  como fiscal con dedicación exclusiva para esclarecer el ataque incendiario en Vilcún que cobró la vida del empresario Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne McKay, el máximo representante del Ministerio Público, Sabas Chahuán, manifestó que “la ley está para aplicarla” y que por tanto, si los antecedentes lo ameritan, no  existe impedimento en aplicar la Ley Antiterrorista contra quienes están detrás de este trágico hecho.

El anuncio que hizo el gobierno de invocar la polémica legislación en este caso no tardó en encender el debate entre quienes sí están de acuerdo con su utilización y quienes consideran que se trata de una normativa que no garantiza un debido proceso a los posibles imputados y no contribuye a reducir la tensión en la zona del denominado conflicto mapuche.

Chahuán explicó que Ljubetic, quien se desempeña como fiscal regional de La Araucanía, será quien, a la luz de los antecedentes, tomará una decisión al respecto, y que para tal efecto será “asesorado por el grupo de fiscales que él estime conveniente y con el apoyo desde la Fiscalía Nacional en lo que se pueda».

Al mismo tiempo hizo hincapié en que “la ley está para aplicarla y si los hechos se encuadran dentro de la hipótesis legal, la fiscalía va a pedir que los tribunales condenen por esa figura delictiva».

Eso sí, para el fiscal nacional los antecedentes por ahora hablan por sí solos.  “si uno ve estos hechos tal como son, la lamentable muerte de esta señora y su marido, evidentemente es un incendio que tendría un caracter extremista, sin duda”. Y acotó que “si posteriormente aparece que no es un delito de carácter terrorista, se puede modificar».

Una de las primeras voces en oponerse a la Ley Antiterrorista fue la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) , Lorena Fries.

En declaraciones a la radio Cooperativa, expresó que “lo que hemos visto con la aplicación de la ley Antiterrorista es que se presta para abusos de los derechos del debido proceso, del acceso a un juicio justo. Esa ley tiene deficiencias que operan en contra de aplicar un juicio justo y de lograr acceder a la verdad de lo que ocurrió», dijo.

Una posición similar es la que tiene el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), quien además de repudiar el ataque y enviar sus condolencias a la familia Luchsinger, expresó que “en Chile rige un Estado de Ferecho y nuestra legislación posee mecanismos necesarios para investigar y sancionar situaciones de esta índole. Por tanto es fundamental aclarar a fondo lo sucedido, y no condenar a priori ni criminalizar a todo un pueblo”.

“Por lo mismo, rechazo invocar la aplicación de la ley antiterrorista ya que  ésta vulnera todas las garantías de un debido proceso, así mismo, no es posible implantar medidas represivas que lo único que lograrían es exacerbar la violencia”, afirmó.

Desde el oficialismo fue la senadora de RN Lily Pérez –quien también integra la citada comisión de la Cámara Alta- quien defendió el anuncio del Ejecutivo, y de paso cuestionó la postura que tomó la directora del INDH.

“Me produce una gran decepción que el Instituto de DD.HH. que hemos apoyado fuertemente desde el Senado, desde la Alianza y desde el gobierno, piense y sostenga en una declaración pública, que invocar la ley antiterrorista es un error. Creemos que en este caso se dan todos y cada uno de los antecedentes para invocarla, de modo que no entendemos este rechazo”, manifestó.

La legisladora sostuvo que la Ley Antiterrorista se invoca en este caso, porque “no cabe ninguna duda; no estamos frente a un crimen cualquiera y como miembro de la comisión de DD.HH. del Senado espero que el instituto cautele los derechos  de todas las víctimas, incluidas las de la Araucanía y de señales  concretas de respaldo a las acciones legales que asuman el gobierno, las policías y los tribunales en su conjunto”.