Informe acusa “ineficiencia e ineficacia en la administración del Estado”
Entre las irregularidades halladas en el Programa de Recursos Educativos-Textos Escolares, se encuentra el no cobro de multas a proveedores que entregaron los libros fuera de plazo, por lo que se ordenó el inicio de un sumario administrativo. Todo en el marco de una serie de deficiencias de control interno que el órgano contralor critica duramente.
Deficiencias de control interno, desorden, libros escolares perdidos y la no aplicación de multas, son algunas de las irregularidades que la Contraloría General de la República detectó en el Informe Final de una auditoría practicada en la Subsecretaría de Educación al Programa Recursos Educativos-Textos Escolares de Educación Básica y Media, del Ministerio de Educación (Mineduc).
La investigación, que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de mayo 2012, no deja en buen pie la labor de la Subsecretaría liderada por Fernando Rojas en torno al programa que establece la entrega gratuita de libros para los estudiantes y profesores de los establecimientos educacionales municipales y subvencionados del país, en vista de una larga lista de deficiencias.
Según el informe y en base a los antecedentes proporcionados por la Subsecretaría de Educación, la Unidad de Auditoría Interna de la institución no ha efectuado revisiones al programa sobre textos escolares durante esta administración, ya que el último informe fue emitido en mayo de 2009.
Revisión que no se ha concretado pese a “las debilidades de control interno que impactan sobre las operaciones del mismo”, según señala el órgano contralor, lo que en su opinión “reviste importancia, dada la envergadura de los montos involucrados, y denota la omisión de ejercer un control deliberado sobre la materia”. En 2011 los recursos vinculados al programa ascendieron a M$ 25.038.283, mientras que en 2012 el 80 % de las platas designadas ascendía a M$ 21.025.647.
Entre las debilidades de control interno a las que alude la Contraloría, se cuenta la inexistencia de manuales de control asociadas al programa, así como la omisión de análisis sobre las compras y de control de inventario, “situación que incrementa el riesgo de pagos indebidos por no recepción de los productos adquiridos, en cantidad y calidad y representa una falta de cumplimiento de las labores del personal que tiene a cargo tales aspectos”.
Un tema preocupante, fue el hecho de que a lo menos en 106 casos, el Ministerio recepcionó textos fuera del plazo establecido para la entrega de los mismos, de acuerdo a los convenios suscritos con los proveedores. Demoras que fluctuaron entre 4 a 55 días.
Estos atrasos contemplan la aplicación de multas, pese a lo cual éstas nunca fueron cobradas, situación que “denota deficiencias de control interno y faltas a los principios de eficiencia y eficacia que regulan los actos de la administración del Estado”.
En total, el no cobro de de estas multas “ocasionó un perjuicio al patrimonio fiscal por la suma de M$ 35.217 (ver página 7 del informe). Como consecuencia de ello, Contraloría ordenó el inicio de un sumario administrativo “para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por el no cobro de las multas establecidas en las cláusulas de los contratos, y sin que conste formalmente las autorizaciones de prórroga”. Asimismo dio un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del informe para comunicar la designación del fiscal encargado.
Por otra parte, se constató que en 2011 se realizó la compra de, al menos, 3.320.710 textos escolares por M$ 3.474.343, a través de un convenio marco que estaba caducado, lo que para Contraloría “además de evidenciar la omisión de controles sobre el proceso de compras, demuestra vicios en tales procesos, toda vez que se operó al margen del conducto regular, con las consiguientes consecuencias e incremento de los riesgos financieros, legales y de cumplimiento por parte de los proveedores respecto de un acuerdo vencido”.
En cuanto al inventario de los textos escolares, y con la finalidad de verificar la existencia de los ejemplares sobrantes del proceso de distribución del 2012, se efectuó una visita a las bodegas de la empresa Blue Express S.A., con quien el Mineduc mantiene un contrato de arriendo. Allí se detectó que faltaban 8.312 libros, entre el recuento físico y el inventario proporcionado por la Unidad de Coordinación Logística (UCL), encargada de la recepción de los textos adquiridos y del proceso integral de su distribución, del Mineduc, “demostrando con ello deficiencia en los controles internos”.
[cita]En total, el no cobro de de estas multas “ocasionó un perjuicio al patrimonio fiscal por la suma de M$ 35.217. Como consecuencia Contraloría ordenó el inicio de un sumario administrativo “para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por el no cobro de las multas establecidas en las cláusulas de los contratos, y sin que conste formalmente las autorizaciones de prórroga”. Asimismo dio un plazo de 15 días hábiles desde la recepción del informe para comunicar la designación del fiscal encargado.[/cita]
La respuesta de la cartera de Harald Beyer fue que en 2012 se distribuyeron más de 18 millones de textos en dos meses, recalcando que ninguna empresa logística puede garantizar una eficiencia del 100 % y que el resultado de mermas para el proceso es inferior a 1 %, lo que fue rechazado por Contraloría, que señaló que “la observación tiene por finalidad evidenciar la debilidad del sistema de control sobre el inventario, no resultando atendible que se argumente que las mermas dentro del proceso de distribución ascienden a menos del 1 %, dado que la autoridad debe implementar las medidas que mitiguen la causa del riesgo de pérdidas involuntarias o deliberadas sobre las especies de que trata”.
El órgano contralor liderado por Ramiro Mendoza también determinó una diferencia de 295.729 libros respecto de la información que proporcionó la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE), encargada de la compra de los textos, y las resoluciones que aprueban la adquisición de los mismos y de sus reimpresos, entre libros nuevos (223.729) y reimpresos (72.000).
También hay diferencias en los datos entregados por la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) y la Unidad de Coordinación Logística (UCL), en cuanto a la cantidad de textos distribuidos. Según la UCE el total de libros distribuidos asciende a 18.226.327 versus la UCL, que informa son 18.234.293, produciéndose una diferencia de 7.966 ejemplares, “situación que evidencia, una vez más, falta de conciliación y de control sobre la materia”, señala la auditoría.
A pesar de que la UCL es la encargada de efectuar el proceso de distribución de libros, de acuerdo a lo señalado a la Contraloría por el Jefe de esa Unidad, la entrega de textos a los establecimientos en sectores apartados, se efectúa a través de los Departamentos Provinciales de Educación, a excepción de la RM, que se realiza a través de empresas distribuidoras.
Al realizar una visita al Departamento Provincial de Educación de Talagante, se comprobó que la “dependencia mantiene una bodega con 5.762 ejemplares almacenados de años anteriores y material de estudio, correspondiente a otros programas del Ministerio de Educación, como por ejemplo el Maletín Literario, lo cual resulta improcedente a la luz de los principios de eficiencia y eficacia” de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Por otra parte, existen discrepancias entre la cantidad de textos que informa el Mineduc y el número recepcionado por los establecimientos educacionales, ya que como constata el informe, no se recibieron 7.577 libros.
La información se obtuvo de acuerdo a lo manifestado por los directores o jefes de la Unidades Técnicas Pedagógicas de los lugares visitados, ya que “en el proceso de entrega de los textos, no se proporciona un detalle de los ejemplares enviados a los establecimientos, sino que sólo reciben una guía del transportista que indica la cantidad de bultos que se entregan, sin un detalle exacto del tipo de texto que reciben, como tampoco la cantidad de los mismos, situación que impide verificar si se recepcionó efectivamente la cantidad enviada por el Mineduc”.
La auditoría detalla que en 2012 los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana (RM) recibieron 6.561.402 textos escolares. Contraloría consideró una muestra de 58 establecimientos, es decir, un 2 % del total de establecimientos.
Entre otras irregularidades se detectó la entrega de libros a establecimientos excluidos del beneficio, ya que el Mineduc entregó 257 textos a 5 establecimientos que no correspondían, por estar enfocados a educación especial de alteraciones del lenguaje y a adultos. Error que según el informe “ratifica las deficiencias de control en el proceso de acreditación, asignación y distribución de textos, toda vez que se entregaron ejemplares a una población diferente a la que está orientado este Programa”.
