La arista patrimonial de Ley Miscelánea: gabinete tendría beneficio potencial de $292 mil millones

Un estudio elaborado Nodo XXI pone el foco en una dimensión poco discutida de la Ley Miscelánea: el efecto patrimonial que varias de sus medidas podrían tener sobre las propias autoridades que hoy integran el Gobierno. El documento analiza 63 autoridades —el Presidente, 24 ministros y 34 subsecretarios— y examina el impacto de cuatro medidas: rebaja del impuesto corporativo, reintegración del sistema tributario, tasa rebajada para repatriación de capitales y exención de contribuciones.

El informe, elaborado por Juan Andrés Mena define su ejercicio como una “simulación de cuánto razonablemente se puede esperar que se beneficien ante escenarios plausibles y conservadores”.

El punto de partida del estudio es el volumen patrimonial de esas autoridades. La minuta calcula que el patrimonio total del grupo asciende a M$1.148.294.633, equivalente a 1,33% del Presupuesto del Sector Público 2026, fijado en M$86.256.836.000. Además, compara esa riqueza con los tramos altos de patrimonio en Chile: sostiene que 7 autoridades, incluido el Presidente José Antonio Kast, están por sobre la riqueza promedio del 1% más rico; que 5 autoridades superan el promedio del 0,1%; y que los ministros Fernando Barros y Daniel Mas se ubicarían dentro del 0,01%, es decir, entre las 1.840 personas más ricas del país.

En la cima de ese ranking, el estudio ubica al ministro de Defensa, Fernando Barros, con un patrimonio de $679.036.656.000; al ministro Daniel Mas, con $264.653.988.000; al canciller Francisco Pérez Mackenna, con $56.608.016.000; a la ministra Ximena Lincolao, con $51.828.849.000; y al subsecretario Nicolás Balmaceda, con $34.481.407.000.

Más abajo, pero igualmente sobre los mil millones, figuran José Ignacio Vial ($12.605.730.000), José Antonio Kast ($5.091.912.000), Martín Arrau ($5.034.319.000), Mara Sedini ($4.121.224.000), María Elisa Cabezón ($3.590.563.000), Claudio Alvarado ($2.378.731.000), Jorge Quiroz ($2.220.802.000) e Iván Poduje ($2.020.416.000). La minuta añade que “las 20 autoridades de mayores patrimonios todas tienen activos sobre los mil millones de pesos” y que Barros “más que duplica a las siguientes 19 autoridades combinadas”.

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La comparación entre patrimonio personal y tamaño de las carteras también es uno de los ejes del documento. Según la tabla incluida en la minuta, el patrimonio de Barros equivale al 30,3% del presupuesto de Defensa; el de Pérez Mackenna al 52,5% del de Relaciones Exteriores; el de Balmaceda al 100,3% del de su subsecretaría; el de Vial al 40,5%; el de Kast al 21,6% del presupuesto de Presidencia; el de Sedini al 10% del de Segegob; y el de Cabezón al 41% del de su subsecretaría. En el caso de Daniel Mas, el documento consigna una relación de 16,3% respecto del presupuesto de Economía y de 483,1% respecto del de Minería.

Sobre esa base patrimonial, la minuta estima un “beneficio anual potencial agregado” de M$292.515.734 para las 63 autoridades, si se aprobaran las cuatro medidas analizadas. El estudio subraya la magnitud de esa cifra con varias equivalencias: la asimila a 0,081% del PIB nominal estimado para 2026; a 11,24% de la meta de reducción del gasto público del 3% anunciada por el Gobierno, calculada en M$2.602.868.682; a 1,73 hospitales de Coronel; a 2,55 veces el costo para terminar la Etapa 2 del GAM; a 35,67 veces el costo de la tercera etapa de la ciclovía Nueva Alameda; a 6,6 teletones; y a 19,5 comisarías, valoradas en $15.000 millones cada una.

El más favorecido

El desglose por concepto es todavía más revelador. De los $292.515 millones estimados, apenas $59,7 millones corresponderían a ahorro en contribuciones, $608,8 millones a menor impuesto de Primera Categoría y $1.377,9 millones a mayor crédito contra Global Complementario.

El grueso del efecto, en cambio, se concentra casi por completo en un solo componente: el “ahorro en repatriación”, que la minuta calcula en $290.469.245.000. El propio estudio concluye que “el concepto por el cuál potencialmente mayores beneficios personales podrían obtener las autoridades del nuevo gobierno es la tasa rebajada a la repatriación”.

Ahí aparece el nombre más favorecido del estudio: Fernando Barros. La minuta sostiene que “solamente el ministro Barros, potencialmente podría repatriar sus capitales en el extranjero trayéndole esto un ahorro personal de $209.994.189.490 por una única vez”.

En la tabla de beneficios agregados por autoridad, Barros aparece con un beneficio potencial total de $210.272.881.481. Muy por detrás figuran Daniel Mas con $33.495.968.897; Ximena Lincolao con $16.958.323.830; Francisco Pérez Mackenna con $16.706.530.165; Nicolás Balmaceda con $10.818.881.182; y José Ignacio Vial con $4.033.701.117.

El estudio también identifica beneficios menores, pero persistentes, por otras vías. En el caso de Daniel Mas, la minuta señala que la reintegración y la rebaja del impuesto corporativo podrían reportarle “$1.005.733.050 y $498.528.022 al año respectivamente”.

Para Francisco Pérez Mackenna, el documento calcula que la sola exención de contribuciones en la primera vivienda implicaría un ahorro anual de $21.471.691. Para el Presidente José Antonio Kast, el beneficio potencial estimado asciende a $43.119.439; para Martín Arrau, a $37.219.397; para María Elisa Cabezón, a $29.563.176; para Paula Estévez, a $16.663.831; para Claudio Alvarado, a $11.862.951; para Jorge Quiroz, a $11.443.856; para Mara Sedini, a $8.433.180; y para Iván Poduje, a $7.481.955.

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Beneficios vs poda presupuestaria

Uno de los apartados más políticamente sensibles es el que compara esos beneficios con la poda presupuestaria que el propio Gobierno ha exigido a las carteras. El informe sostiene que “las 6 mayores riquezas dentro del gabinete del nuevo gobierno coinciden con las que mayores beneficios potencialmente podrían reportarles las 4 medidas estudiadas” y agrega que “la magnitud de los beneficios… supera con creces la meta de reducción del 3% de sus respectivas carteras”.

Los ejemplos que entrega son elocuentes: en Defensa, el recorte de 3% sería de $67.248.736.000, mientras el beneficio potencial de Barros llegaría a $210.272.881.000, es decir 312,7% de esa meta; en Minería, el ajuste sería de $1.643.467.000, frente a un beneficio de Mas por $33.495.969.000, equivalente a 2.038,1%; en Relaciones Exteriores, $3.233.733.000 versus $16.958.324.000 (524,4%); en Subsecretaría de Obras Públicas, $1.031.771.000 versus $10.818.881.000 (1.048,6%); y en Subsecretaría de Medio Ambiente, $934.805.000 versus $4.033.701.000 (431,5%).

La metodología, de todos modos, es central para entender el alcance real del documento. El documento advierte que no se trata de una estimación de beneficio efectivo, sino de una simulación “plausible y conservadora”, construida sobre las declaraciones de patrimonio e intereses.

Para la rebaja del impuesto corporativo, asume una rentabilidad anual promedio de 10% sobre el valor libro de acciones o derechos societarios. Justifica ese supuesto en la rentabilidad histórica del IPSA, que, según el texto, fue de 10,04% anual compuesto entre 2016 y 2026 y de 16,3% en el subperíodo 2021-2026. También supone un margen de operación de 10% y usa el umbral de 75.000 UF —a $39.934,33 por UF al 17 de abril de 2026— para distinguir entre régimen general y Pyme.

En materia de repatriación, el documento modela el beneficio suponiendo que los capitales declarados en el extranjero se liquidan y vuelven a Chile pagando una tasa especial de 7%, en lugar del Global Complementario que correspondería normalmente.

Esa franquicia, según el documento, aplicaría a quienes repatríen dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley y mantengan invertidos los recursos en Chile por al menos 8 años. Para contribuciones, el cálculo se limita a autoridades que al término del gobierno tendrán 65 años o más, usando una tasa conservadora de 1% sobre el inmueble de mayor avalúo declarado como referencia para la vivienda principal.

• Lea el estudio completo en el siguiente link.