Tras conocerse la muerte del presidente del sindicato N°1 de la empresa Azeta, Juan Pablo Jiménez, el pasado 21 de enero en la comuna de San Joaquín, el presidente del Senado Camilo Escalona solicitó a la Fiscalía Nacional nombrar un juez especial para analizar el caso con el fin que “indague hasta las últimas consecuencias”.
El parlamentario se reunió con el fiscal nacional (s), Alberto Ayala, quien le aseguró que “están abiertas todas las líneas de investigación y que en especial, la Fiscalía Sur está trabajando a fondo para esclarecer los hechos”.
“El país no puede conformarse con la teoría del señor comisario de Investigaciones, quien dijo que había fallecido por una bala loca o por una bala perdida”, explicó el senador a radio Cooperativa, aludiendo a una de las teorías de la policía que permitiría explicar por qué el trabajador murió producto de una bala 9 mm que se alojó en su cerebro.
“Quisiera públicamente requerir del señor Fiscal Nacional presencia en estos hechos...Pienso que un sindicalista no puede morir así como así y que la explicación de la policía sea que una bala perdida le quitó la vida. En nuestro país no pueden los sindicalistas morir sin una explicación clara y convincente” indicó el legislador revelando que el trabajador había participado recientemente de un proceso de negociación con la empresa.
