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Contraloría establece irregularidades en licitaciones de publicidad de tres ministerios

Contraloría establece irregularidades en licitaciones de publicidad de tres ministerios

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Los diputados DC Gabriel Ascencio y Gabriel Silber, quienes hicieron la denuncia al ante fiscalizador, señalan que este último constató graves incumplimientos a las bases del convenio marco sobre contratación de publicidad y ordenó que se realicen sumarios para determinar las responsabilidades administrativas que pudieron generarse.


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Tras una denuncia y petición de investigar realizada por los diputados DC Gabriel Ascencio y Gabriel Silber, la Contraloría General de la República estableció que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Subsecretaría de Previsión Social cometieron irregularidades en la contratación de publicidad para difundir distintos programas sociales, y ordenó la realización de sumarios para establecer las responsabilidades respectivas.

Tras conocerse el dictamen, el diputado Silber señaló que “una vez más, y gracias a nuestra función fiscalizadora, la Contraloría estableció que en este gobierno se estaban produciendo irregularidades, ésta vez en la contratación de millonarias campañas publicitarias para difundir programas sociales”.

“La Contraloría ha sido clara y tajante y ha señalado que tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Subsecretaría de Previsión Social  incumplieron gravemente las bases del convenio marco sobre contratación de publicidad y ordenó que se realicen sumarios para determinar las responsabilidades administrativas que pudieron generarse”.

“En el caso de Vivienda, se cuestionó la publicidad el programa “Reconstruyendo un Chile mejor”, en el Ministerio del Interior en la difusión del plan “Denuncia Seguro” y en la subsecretaría de Previsión Social se encontraron irregularidades en la contratación de publicidad para informar sobre la disminución del 7 por ciento en salud para los pensionados”.

Por su parte, el diputado Ascencio dijo que “el dictamen establece que se crearon sistemas de evaluación distintos a los establecidos en las bases, que no se adjuntaron los necesarios cuadros comparativos en las órdenes de compra a la hora de contratar los servicios de publicidad y diseño”.

Señaló que “en el ministerio de Vivienda, por un monto de más de $ 400 millones, se realizó la adjudicación de la difusión del programa ‘Reconstruyendo un Chile Mejor’ y el informe establece que se aprecia que el aludido ministerio no evaluó ni confeccionó el cuadro comparativo, de acuerdo con los criterios de evaluación y ponderaciones contemplados en el pliego de condiciones del convenio marco, con lo cual contravino las bases, configurando un sistema de evaluación nuevo y distinto al previsto en dicho pliego de condiciones”.

Y en el caso de Interior, detalló que «se adjudicó la difusión del programa ‘Denuncia Seguro’, por un monto de $ 296 millones, y la Contraloría estableció que se evaluaron las ofertas para difundir ese programa realizando una comparación con criterios y ponderaciones distintos de aquellos fijados en las bases del convenio”

El diputado Silber agregó que “en la Subsecretaría de Previsión Social, se cuestionó la adjudicación, por más de $ 400 millones, del plan de difusión de la disminución del 7 por ciento en las cotizaciones y en ella se estableció que “Del acta de evaluación de ese procedimiento, es posible advertir que la referida Subsecretaría no aplicó los criterios y las ponderaciones previstos en el pliego de condiciones del señalado convenio marco”.

“También se deja en claro que no consta que se haya adjuntado a la respectiva orden de compra el correspondiente cuadro comparativo de evaluación y que no se satisface la exigencia de que en los actos administrativos de adjudicación deben especificarse los criterios de evaluación que, estando previamente definidos en las bases, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta más conveniente”, señaló.

Finalmente, el diputado Gabriel Ascencio afirmó que “por todo esto, queremos que el gobierno ordene a los ministros de Interior, de Vivienda, y a la ministra del Trabajo, de la cual depende la subsecretaría de previsión social, que ordene a la brevedad la realización de los sumerios respectivos y que se establezca quiénes y por qué motivo no realizaron estos procesos en la forma en que lo señala la ley, y que se apliquen las sanciones legales y administrativas que correspondan”.

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