Según el académico, la decisión de Beyer de cancelar la personalidad jurídica del plantel se basó en razones muy alejadas de las prácticas de lucro encubierto denunciadas por el ex rector Raúl Urrutia. En particular, porque si se hubiera actuado bajo ese prisma “tendría que sancionar a la mitad de las otras universidades”, y eso “políticamente no le parece razonable hacerlo”. Además, asegura, eso “es inaceptable” y justifica de forma plena la acusación constitucional que pesa en su contra.
Si la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, fuera aprobada, la vara para los próximos secretarios de Estado que asuman el cargo daría un giro radical en torno a la persecución del lucro en las Universidades.
Esto, porque en opinión del profesor de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y de la Universidad de Chile, Fernando Atria, autor del libro La Mala Educación, “la acusación es mucho más importante por lo que significa para el futuro que para el pasado, ya sería un mensaje a los ministros que vienen de que ya no es aceptable no hacer nada”.
Mañana la Cámara de Diputados deberá aprobar o rechazar el libelo que mantiene en tensión al mundo político – que se ha traducido incluso en la presentación de licencias médicas para no tener que estar presenta a la hora de votarlo- y que en caso de obtener luz verde el Senado deberá votarlo como jurado. Acusación que, según Atria, “se justifica plenamente desde el punto de vista de las potestades del ministro. Creo que hay fundamentos y méritos para hacerlo”.
-¿Cuáles?
-La pregunta es ¿cuáles son las facultades que el ministro tiene respecto de las universidades? Sistemáticamente Beyer ha dicho que no tiene mayores facultades de fiscalización, entonces el hecho de que no haya fiscalizado no se le podría objetar. Pero la realidad es que esas facultades evidentemente las tiene, y como las tiene, el hecho de no ejercerlas cuenta como dejar las leyes sin ejecución para los efectos de la Acusación Constitucional.
-¿Qué responsabilidad le cabe a Beyer en el sentido de que si bien se han tomado medidas, como el cierre de la Universidad del Mar, esto se ha hecho después de que otros actuaran, como la denuncia del ex rector Urrutia o la investigación de la Fiscalía en torno a la CNA?
-Claro, el ministro siempre llega tarde porque entiende sus facultades de una manera que no le permite ir por delante. Y las facultades de fiscalización que tiene el ministerio le imponen el deber de ir por delante, de tener él la iniciativa de investigar cuando hay razones para sospechar que hay infracción. El punto es importante, porque la ley lo faculta para sancionar, no es que tenga que denunciar, como señala el estatuto administrativo, que dice que el funcionario tiene la obligación de denunciar a la autoridad competente, pero en el caso del ministro él es la autoridad competente. Entonces no es denunciar, tiene que sancionar y por supuesto si la ley lo faculta a sancionar tiene que facultarlo a investigar, porque cómo va a sancionar sin investigar. Y cómo va investigar sin instruir un proceso. En los hechos encuentro muy pintoresco que el ministro diga que no hay facultades de fiscalización y que entonces necesitamos una Superintendencia. Si la ley autoriza al ministerio a sancionar, en algún sentido le está dando las facultades que corresponden a una Superintendencia. No puede quedarse sentado esperando que le llegue del ministerio público una formalización. Eso es no entender qué hace el ministerio, no puede esperar que otro investigue.
[cita]El ministro por razones ideológicas decide no ejercer sus facultades pero no dice eso, dice que no las ejerce porque no las tiene. Pero las ejerce cuando por presión política se ve obligado a hacerlo. Creo que es una posición insostenible.[/cita]
-¿Esto es retroactivo para todos los ministros que ocuparon anteriormente el cargo?
-Bueno, en principio sí. La cuestión es cuánta responsabilidad política tienen por no haber ejecutado esas leyes en esas circunstancias. Yo creo que la política es sensible a las circunstancias, pero sí. En todo caso creo que no afecta para nada que esto no haya sucedido en el pasado.
-¿En qué sentido?
-El hecho de que la oposición en su época no haya fiscalizado ¿por qué va a ser una razón para que no fiscalice ahora?
-En la práctica la acusación constitucional pone en el tapete una discusión clave sobre el lucro en la Universidades. ¿Cuál es su opinión al respecto?
-Creo que lo que ha cambiado como consecuencia de lo que pasó el 2011 es que esta suerte de tolerancia del lucro se termina: hay una suerte de cambio de estatus de la educación como una actividad que puede ser desarrollada con fines de lucro y eso se ha manifestado de distintas maneras. Hay una reactivación de rechazo a este modelo en que todo debe ser entendido como una oportunidad para que alguien saque provecho particular. El caso más obvio es el universitario, donde la ventaja es que el lucro es contra la ley. Esa es la discusión de fondo, que creo que ni este ministro ni la derecha quieren tener.
-¿En qué hecho concreto percibe eso?
-Con la decisión del ministerio de cancelar la personalidad jurídica de la Universidad del Mar. Si yo fuera abogado de ahí diría que a la Universidad del Mar la están usando como chivo expiatorio, porque no hay ninguna conexión entre las denuncias del ex rector, Raúl Urrutia, y las razones por las cuales el ministerio revoca la personalidad jurídica. Las quejas de Urrutia eran prácticas de retiro encubierto de utilidades, a través de inmobiliarias, etc. O sea la acusación del rector originalmente apuntaba al lucro. Pero si el Mineduc hubiera sancionado por esas prácticas de retiro encubierto de utilidades, tendría que sancionar a la mitad de las otras universidades, entonces el ministro busca alguna otra excusa para poder sancionarla, para decir que está haciendo algo respecto del lucro, cuando en realidad no está haciendo nada. De hecho, el Consejo Nacional de Educación se lo hace presente al ministro, ya que le señala que uno de los motivos por los cuales se le debería haber revocado el reconocimiento a dicho plantel es por el lucro. ¿Entonces por qué Beyer viene a decir ahora que se ha preocupado tanto del tema cuando en realidad no lo ha hecho?
-Entonces según lo que ve, ¿el ministerio no se quiso meter con el lucro y utilizó otra figura para sancionar a la Universidad y no afectar a otros planteles?
-Claro. Y poder decir, por una parte estoy actuando porque la sanciono, pero sin decir mire estos contratos que constituyen retiro encubierto de utilidades son ilícitos. Porque lo que quieren decir es que no hay ningún problema jurídicamente hablando, ya que eso afectaría al régimen completo de la educación superior y eso es lo que este gobierno y en particular este ministro, no quieren hacer. Pero que no quieran hacerlo porque políticamente no les parece razonable hacerlo, porque creen que está muy bien –y tienen todo el derecho a tener esa opinión- implica que es un caso de dejar las leyes sin ejecución por razones políticas. Y desde el punto de vista de la Cámara de Diputados creo que es perfectamente razonable que dijeran que es inaceptable. Yo diría que no hay duda de que este ministro ha dejado leyes sin ejecución por motivos que no son justificables, por ejemplo que le parece políticamente inconveniente. Así como que no quiere intervenir en esa dimensión y como no quiere está buscando alguna manera de justificar su inacción. Y los diputados están diciendo, a mi juicio correctamente, que esa inacción cuenta como no ejercer las facultades que la ley le da.
-¿Cree que la justificación que ha dado el gobierno de que Beyer ha sido el único ministro que ha tomado medidas respecto al lucro es sostenible?
-El deber de los ministros no es hacer algo sino ejercer adecuadamente sus facultades legales. Y yo creo que él en esta materia ha negado sistemáticamente que las tenga. El problema es que junto con negar que las tiene, las ejerce. Es cosa de ver lo que pasó con la Universidad del Mar. Entonces cómo decir que no tiene facultades que ya ha usado. Si las tiene y en eso se basa el argumento de que es el único que las ha ejercido, ¿cómo puede ser su argumento que no las tiene? Al final lo que queda claro es que tiene estas facultades, las ocupa cuando se ve obligado a hacerlo, pero no quiere usarlas por consideraciones que en sus términos son perfectamente aceptables, ya que él cree que está muy bien que el sistema universitario sea un mercado en que los agentes puedan retirar utilidades. Entonces por razones ideológicas decide no ejercer sus facultades pero no dice eso, dice que no las ejerce porque no las tiene. Pero las ejerce cuando por presión política se ve obligado a hacerlo. Creo que es una posición insostenible.
