«No podemos dejar de señalar que, en el evento que se le declare culpable y se le aplique anexa a la destitución, la pena que prohíbe ejercer por 5 años cualquier cargo público, sin imputación de un delito y sin juicio penal, resultará ser la misma aberración jurídica y degradación cívica que, en su oportunidad, se cometió con Yasna Provoste», señalaron Roberto Garretón y Luis Eduardo Thayer.
Como una «pena aberrante y degradadora» calificaron los abogados Roberto Garretón y Luis Eduardo Thayer la imposibilidad de desempeñar cargos públicos durante cinco años que podría enfrentar el ministro de Educación, Harald Bayer si prospera en el Senado la acusación constitucional en su contra, como le ocurrió en 2008 a la ex titular del Mineduc Yasna Provoste.
Garretón y Thayer fueron precisamente los abogados que defendieron a Provoste ante la Cámara Alta, mismos que posteriormente llevaron el caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) por tratarse de una sanción «a la que fue condenada sin existir delito y sin juicio penal previo».
A través de una declaración pública, los profesionales señalaron que «sin emitir opinión sobre la acusación al ministro Beyer, cuestión que corresponderá dirimir al Senado, no podemos dejar de señalar que, en el evento que se le declare culpable y se le aplique anexa a la destitución, la pena penal que prohíbe ejercer por 5 años cualquier cargo público, sin imputación de un delito y sin juicio penal, resultará ser la misma aberración jurídica y degradación cívica que, en su oportunidad se cometió con Yasna Provoste», y enfatizaron que «será también una injusticia que, de aprobarse la acusación al ministro Beyer, deba sufrir esa misma pena aberrante y degradadora que cumplió la ex ministra Provoste, lo que le impediría, por ejemplo, hacer clases en cualquier Universidad del Estado».
«Conocimos de cerca lo que eso significa. Ella, durante 5 años, vivió la marginación y discriminación de no poder siquiera ejercer como profesora de Estado —su profesión— en ningún establecimiento educacional del sector público. Pero supo, con su fuerza y convicción moral, enfrentar la adversidad y el silencio hipócrita de algunos, haciendo realidad las palabras de don Bernardo Leigthon que enseñaban que en política «cuando uno está en el trote tiene que trotar».
Los abogados se quejaron de que la denuncia a la CIDH «ni siquiera ha notificado al Estado de Chile, a pesar de que Yasna Provoste tendrá ya cumplida su pena penal el próximo 16 de abril. Lamentamos las políticas de la Secretaría General de la OEA que tienen hoy a la otrora notable Comisión en la defensa de los derechos humanos reducida a casi un correo de recepción y acumulación de quejas que van quedando in eternum sin decisión».
También cuestionaron el papel del ahora precandidato presidencial de RN, Andrés Allamand, quien en su calidad de senador actuó como jurado en la acusación contra la ex ministra, siendo su voto determinante para que se aprobara el libelo, ante el cual actuó como acusadora la diputada Marcela Cubillos, quien en la actualidad es su esposa.
Al respecto, Garretón y Thayer afirmaron que «la injusta acusación constitucional de que fue objeto no tuvo más fundamento que una conjura política entre los acusadores de la Cámara de Diputados y los juzgadores del Senado» y que «Marcela Cubillos (parte acusadora) y Andrés Allamand (integrante del Jurado) destinaron un capítulo de su libro ‘La Estrella y el Arcoíris’ a autocomplacerse con su obsesión por ‘el desalojo’ de los gobiernos de la Concertación. Capítulo esencial del libro es su relato del plan para lograrlo que llamaron: “EL PRINCIPAL HITO OPOSITOR: LA ACUSACIÓN A LA MINISTRA PROVOSTE” (página 137)».
Finalmente indican que «hoy, el señor Allamand rasga vestiduras acusando de ‘política’ o ‘politiquera’ la acusación al Ministro Beyer. Y, aunque así lo sea, su incoherencia y doble estándar es evidente, porque en el Senado debiendo actuar como jurado, votó a favor de la acusación de Yasna Provoste, a sabiendas que su voto respondía sólo a un objetivo político planificado. Su conducta concordada, además, con la diputada acusadora que era su pareja de entonces, hoy su cónyuge, y coautora de aquel libro, lo puso moralmente en el límite de lo que se denomina prevaricación».
«Ninguno de estos hechos es banal, porque si Allamand hubiese cumplido, primero, con su deber constitucional de votar como jurado y no movido por un mero afán político y, segundo, con su deber moral de declararse implicado con una diputada acusadora, la acusación a Yasna Provoste habría sido rechazada, ya que se aprobó por un voto de diferencia», puntualizaron.
