El senador del PS recalcó que fue el propio Jaime Guzmán quien, en 1980, abogó por que la acusación se mantuviera íntegra en el texto constitucional y criticó que hoy la derecha y la defensa califiquen de excesivas las sanciones que se le imparten al titular.
Durante la jornada de votación de este miércoles de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, el senador del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien sufragó a favor de la medida, criticó los dichos provenientes tanto de la derecha, del Ejecutivo y de la defensa del titular quienes han alegado que las sanciones que se discuten serían demasiado graves respecto de las acusación. En esta línea, el parlamentario recalcó que «fue el propio Jaime Guzmán, quien supongo inspira y orienta la filosofía y la acción de muchos de mis colegas presentes en la Sala, quien abogó por mantener en el texto constitucional, promulgado en 1980, la acusación constitucional, ejercida por las responsabilidades personales de los ministros de Estado».
De esta forma, el «ministro señor Beyer está afectado por el autoritarismo de su propio sector, por la naturaleza perversa de las disposiciones constitucionales que se impusieron al país en 1980. Porque antes que este engendro ocurriese, en nuestro país se podía aprobar o rechazar una acusación constitucional y no significaba ninguna inhabilidad posterior», afirmó el parlamentario.
Así mismo, denunció que durante los dos últimos días y ad portas de la votación, el Congreso Nacional ha sufrido reiterados intentos de parte de algunos de sus propios miembros, del Ejecutivo y de la defensa de Beyer, de ser estigmatizado «como minusválido» y «como una entidad que no tiene la capacidad de poder discernir con corrección». «Ha habido un esfuerzo sistemático de descalificar, una y otra vez, el ejercicio que nosotros estamos haciendo en esta ocasión, tanto el día de ayer de la acusación, por parte de la propia defensa, como el día de hoy, por parte de quienes conformamos parte del Senado de la República», apuntó.
«Acá, el señor ministro de Educación, como la autoridad política del sector, responde ni más ni menos por la completa ausencia de voluntad de gestión y de toma de decisiones que permitiesen aplicar las potestades fiscalizadoras, normativas y reguladoras del sector de Educación», concluyó el parlamentario.