Candidato puso los votos UDI para salvar inscripción express de la falange en 2001
La entidad depende de Economía y hay versiones que aseguran que Vicente Correa, jefe de gabinete del ahora ex ministro, ya estaba en antecedentes —días antes de darse a conocer los números finales del Censo— de los cambios en las cifras. Además parlamentarios de oposición aseguran que al propio ex ministro se le advirtió del tema.
Tarde o temprano las deudas se pagan y ese es el cálculo que hacen desde La Moneda para apostar que la acusación constitucional contra el candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, sólo se quedará en una amenaza. Es que en el gobierno consideran que la DC está en deuda con el ex ministro de Economía, desde que jugó un papel clave el año 2001 para salvar la fallida inscripción de candidatos parlamentarios de la Falange.
Los efectos del escándalo por la manipulación de datos del Censo 2012 y que gatilló la salida del director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé, estuvo presente en el análisis oficialista durante los días previos a que Longueira fuera ungido como la carta presidencial de la UDI.
Es más, las aristas del escándalo por las cifras erróneas del Censo fueron largamente analizadas en la reunión de comité de ministros políticos que ayer, a primera hora, encabezó el Presidente Sebastián Piñera y también en la cita posterior con la UDI y RN.
No hay que olvidar que el INE depende del Ministerio de Economía, y hay versiones que aseguran que Vicente Correa, jefe de gabinete del ahora ex ministro, ya estaba en antecedentes —días antes de dar a conocer los números finales del Censo— de los cambios en las cifras. Además, parlamentarios de oposición aseguran que al propio ex ministro se le advirtió del tema.
Al término de ambas citas, la ruta para tratar de reducir a su mínima expresión el riesgo de un libelo en su contra estaba clara. “Le he entregado la más absoluta independencia y autonomía al INE, no ha recibido ni una sola instrucción”, dijo Longueira ayer aún como ministro cerca de las 14:00 horas, en un gesto evidente de tomar distancia absoluta de lo sucedido.
Ese discurso fue reforzado con el nombramiento de un nuevo director del INE, Juan Eduardo Coeymans, reconocido economista de la Universidad Católica, como una suerte de “garantía” de transparencia. De paso, está la decisión —agregaron desde el oficialismo— de “no salir a defender” la gestión de Labbé y que por tanto, se haga cargo de los errores cometidos.
Pero junto con este diseño que se implementó ayer, en el gobierno calculan que la oposición tratará de poner contra la espada y la pared a Longueira por el tema del Censo, pero que no concretarían una acusación en su contra y de hacerlo, la DC —afirmaron en Palacio— no la apoyará.
Sacan a colación el funesto episodio que protagonizó la DC el año 2001, cuando el partido inscribió mal a ocho de sus nueve candidatos al Senado y a 51 de los 56 postulantes a diputado. El gobierno de Ricardo Lagos tuvo que presentar un proyecto de ley de urgencia para posponer las parlamentarias desde el 11 al 16 de diciembre, para darle tiempo así a la falange que inscribiera correctamente a su plantilla.
[cita]En el gobierno calculan que la oposición tratará de poner contra la espada y la pared a Longueira por el tema del Censo, pero que no concretarían una acusación en su contra y de hacerlo, la DC —afirmaron en Palacio— no la apoyará.[/cita]
Llovieron críticas, burlas y cuestionamientos de todo tipo, pero el proyecto del gobierno fue aprobado en tiempo récord con los votos de la Concertación y la UDI, que fue alineada por Longueira para “salvar” a la DC.
En el gobierno insisten en que la acusación a Longueira no tiene destino. “La DC no va a poder acusarlo, fue él quien ayudó al partido cuando tuvo el problema de su lista de candidatos”, señalaron en el gobierno.
“Van a insistir unas semanas, pero la DC no lo puede acusar”, añadieron en La Moneda.
En la DC no cayó bien la apuesta gubernamental y aseguraron que no pueden tratar de coartar el rol fiscalizador que compete a los diputados. Sin embargo, igual desde la propia directiva falangista se reconoció que “la acusación es el último recurso”.
En ese sentido, se explicó que hay otras etapas intermedias que deben ser cumplidas y esperar su resultado, como son la sesión especial, la interpelación y la comisión investigadora. El tema está en debate en la oposición. Las bancadas de diputados de la Concertación ayer analizaron el tema.
La Constitución establece que un ministro de Estado puede ser acusado hasta tres meses después de dejar el cargo, por lo que la amenaza de una acusación por el escándalo del INE y las cifras del Censo lo va a perseguir, sí o sí, hasta un mes antes de la primera vuelta presidencial de noviembre.
En el gobierno están conscientes de estos tiempos, pero consideran que en dos o tres meses más “no tendría sentido” que lo acusaran. La ministra del Trabajo, Evelyn Matthei (UDI) añadió anoche que “esa es otra razón para seguir con Pablo hasta noviembre” y no ir a primarias presidenciales con RN ahora el 30 de junio.
