Caso 27/F:
El titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, sostuvo que en las ex autoridades “hubo miedo de tomar una posición que tuviera consecuencias políticas”, reparando en que “lo esperable es que si la información técnica que se recibe, es poco clara o confusa, además de requerir mayor información, debieron tomar medidas preventivas para evitar el riesgo”.
El juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Ponciano Sallés, decidió rechazar esta tarde las solicitudes de sobreseimientos de la ex directora de la Onemi, Carmén Fernández y del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, en el marco del caso Tsunami.
El tribunal además aceptó a tramitación la querella presentada contra la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y actual candidata a La Moneda, enviando los antecedentes a la fiscalía.
“Ambos imputados tenían a juicio del tribunal las condiciones reglamentarias de decretar una alerta de tsunami (…) los mandos técnicos proponen, los mandos políticos disponen”, sostuvo el magistrado.
“A propósito de Jammet y Henríquez, para el tribunal ha quedado establecido que los organismos auxiliares (carabineros, bomberos) estaban en perfectas condiciones de entregar la alerta correspondiente para evacuar a la población a zonas seguras”, aclaró el juez.
Posteriormente, Sallés cuestionó la argumentación presentada por la defensa de Rosende y Fernández en relación a que el 27 de febrero de 2010 había un “blackout” en las comunicaciones, señalando que todos los 31 de diciembre pasa lo mismo. “Es necesario que las autoridades estén en condiciones de sobreponerse a una situación tan ocurrente de colapso de telefonía”, recalcó.
De igual modo, criticó la justificación dada por los personeros de la ex Presidenta Bachelet en cuanto a que era indispensable contar con la aprobación de los técnicos para dar la alerta, asegurando que “no existe sentido alguno entonces en que existiesen autoridades políticas para tomar las decisiones”.
Asimismo, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago recordó la entrevista de Carmen Fernández en Radio ADN y la entrevista de Rosende con TVN, donde —a juicio del juez— “deja de ser un mero repetidor de información oficial del SHOA e infiere sin fundamentación empírica una información que no se condice con la realidad, al descartar una alerta de tsunami para generar calma en la población. Los resultados son conocidos por todos”.
“Lo esperable es que si la información técnica que se recibe, es poco clara o confusa, además de requerir mayor información, debieron tomar medidas preventivas para evitar el riesgo”, resaltó.
“Evidentemente está el principio de la jerarquía, por tanto aquellas personas que tienen grados superiores en su calidad, tenían tanto Fernández como Rosende la obligación de sopesar la información que se les estaba entregando, de supervigilar las informaciones. No es efectivo que en base a este principio de confianza debían solo seguir lo que hacían los mandos técnicos. Los mandos técnicos proponen, los mandos políticos disponen”, insistió el magistrado.
