La entidad presentó un nuevo estudio sobre la caracterización del femicidio y la violencia intrafamiliar en Chile e instó a las autoridades a desempolvar el proyecto de reforma que duerme en el Congreso desde el año 2005.
La violencia intrafamiliar en Chile representa el 10% de todos los delitos que ingresan al sistema judicial, situación que se ha mantenido invariable durante los últimos dos años, pero que no ha motivado a las autoridades a la realización de cambios en la legislación para abordarla.
Sólo el año 2012, ingresaron al sistema judicial más de 137 mil causas, 2.638 más que en igual periodo del año 2010, sin embargo, hoy se registran menos aprehendidos que en el año anterior por violencia intrafamiliar. Otro aspecto que preocupa a la entidad es el aumento que presentan las suspensiones condicionales del procedimiento en los términos judiciales durante el año 2012, las cuales alcanzaron el 44,3% de los casos. Situación que se vio acrecentada por la disminución de las sentencias condenatorias, las cuales sólo alcanzaron durante el 2012 el 8,3%.
La directora de ONG Activa, Gloria Requena, señaló que la víctima es convocada por las campañas públicas a denunciar ante la justicia, pero sólo un porcentaje muy mínimo de ellas obtiene lo que buscaba, que es que su agresor fuera sancionado a través de una sentencia condenatoria. Esta es una mala señal para las víctimas, que no logran obtener del sistema la respuesta protectora que esperaban”.
Si bien en términos formales, se registró una baja de los femicidios, de 40 el año 2011 a 34 el año 2012, en lo que va de este año ya se han registrado 18 crímenes de este tipo, cuatro más que en igual periodo del año pasado.
Para la entidad las cifras que registra la autoridad son incompletas, pues no consideran, como si lo hacen otros países, los femicidios en grado de tentativa o frustrados, ni tampoco considera como víctimas a todas las mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres.
En efecto, la legislación chilena exige que las víctimas sean cónyuges, ex cónyuges, convivientes o ex convivientes para considerarse que hay un femicidio, dejando fuera las relaciones ocasionales o las relaciones de pololeo o noviazgo sin convivencia.
Sobre el particular, Requena señaló que es vital modificar la legislación en materia de violencia intrafamiliar y de femicidio, por que no dan respuestas a muchos temas que son esenciales de abordar, cómo la falta de protección a las víctimas.
“Hoy gran parte de las víctimas de violencia intrafamiliar grave y de femicidio tenían decretadas en su favor medidas cautelares, pero eso no fue suficiente para evitar que siguieran siendo agredidas o asesinadas por sus parejas”, explicó.
En cuanto al perfil de las víctimas de violencia intrafamiliar grave y de femicidio, la entidad concluyó que en el periodo comprendido entre los años 2011 y 2012, este se situó entre los 20 y los 39 años y en el caso de los agresores entre los 30 y los 49.
Respecto al móvil, los celos y la venganza siguieron siendo los más importantes.
En cuanto al arma usada, durante los años 2010, 2011 y 2012, se registró un mayor uso de armas blancas y de fuego, sumando entre ambas un 63%, seguido de los golpes. Llama la atención para la entidad que comparativamente se ha registrado un incremento en las lesiones provocadas a la víctima. En lo que va del año 2013, la situación se mantiene en términos similares, registrando un mayor uso de armas blancas y de fuego, sumando ambas un 78%.
Requena señaló que “hay que dar alguna salida a las preocupaciones de la ciudadanía cuando ni el Gobierno ni los diputados ni senadores están legislando lo que la ciudadanía está exigiendo y esa salida es permitirles también presentar proyectos al Congreso, como se hace en otros países de la Región y del mundo”.
Sobre el particular señalaron que iniciaran a partir de hoy una campaña destinada a sensibilizar sobre el tema y a conseguir firmas para que pueda ser incorporada dentro de las reformas constitucionales. Hoy la iniciativa popular de ley existe en España, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Brasil, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y Paraguay, entre otros países.
Requena hizo un llamado a los candidatos presidenciales a respaldar la iniciativa, que permitirá dar una salida ciudadana a los problemas que hoy se encuentran invisibilizados, como es el caso de la violencia intrafamiliar.
La directora de la entidad se manifestó extrañada por que el gobierno sigue sin publicar los resultados del estudio sobre victimización en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, que fuera contratado el año 2011 a la empresa Adimark por $102.000.000.
En ese sentido, señaló que “nos hemos cansado de pedir el estudio, el cual fue pagado al inicio del contrato por el Gobierno a la empresa y respecto del cual no conocemos sus resultados a un año y medio de su contratación, encontrándose todos los plazos vencidos para su entrega. Este estudio es muy importante para trabajar los temas de la violencia, por lo no entendemos por qué la autoridad se niega hasta ahora a difundirlos”.
