La cabeza de Rabat sobre la mesa

La cabeza de Fernando Rabat está sobre la mesa y todos sacan cuentas. La oposición prepara una acusación constitucional, algunos parlamentarios de Chile Vamos quieren verlo fuera de Justicia y el Presidente José Antonio Kast intenta mantenerlo en el cargo. Pero hay un detalle que complica los cálculos: pedir la renuncia del ministro no significa estar dispuesto a votar su destitución.

La Cámara ya dio una primera señal. El miércoles aprobó por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones una resolución que pide la salida de Rabat y de los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. Hubo respaldos y abstenciones de parlamentarios oficialistas, pero la solicitud no es vinculante.

La acusación constitucional es otra historia. Si asisten los 155 diputados, se necesitan 78 votos para aprobarla en la Cámara. Según cálculos parlamentarios, la oposición parte con una base estimada de 62 apoyos y necesita sumar otros 16. Su apuesta está en el Partido de la Gente (PDG) y en los posibles descuelgues de Chile Vamos.

Hay parlamentarios disponibles para estudiar el libelo, pero eso todavía no equivale a tener sus votos asegurados.

La lealtad tiene un límite

La diputada Marlene Pérez, independiente de la bancada UDI, votó a favor de solicitar la renuncia de Rabat. Y en conversación con El Mostrador cuestionó duramente al Partido Republicano por la presión política contra quienes discrepan de la decisión presidencial.

Pérez habló de “matonaje” y aseguró que no está dispuesta a transar su compromiso con la infancia por una exigencia de lealtad partidaria.

También cuestionó la decisión de Kast de sostener al ministro. A su juicio, mantenerlo está perjudicando al propio Gobierno y agravando una crisis que pudo haberse contenido políticamente.

Sin embargo, cuando se le preguntó por la acusación constitucional, marcó una diferencia: “A mí me parece que no deberíamos llegar a una acusación constitucional”.

La diputada espera que sea Kast quien resuelva el problema. “Esperaría que el Presidente asumiera la responsabilidad que le corresponde al Ejecutivo” y reconsiderara su respaldo a Rabat, señaló. No comprometió expresamente su voto para el eventual libelo y aclaró que personalmente no ha recibido presiones del Presidente ni del Gobierno.

El diputado RN Luis Pardo fue todavía más explícito.

“Una cosa es decir que sería bueno que el ministro renuncie, y otra cosa es votar a favor de una acusación constitucional”, advirtió desde el Congreso.

Pardo considera que el libelo carece de fundamento jurídico y que la oposición no debería sacar “cálculos alegres” sobre sus posibilidades. Pero tampoco minimizó el daño: “El costo político es enorme”, reconoció.

En cambio, el independiente de la bancada UDI Hotuiti Teao ha manifestado disposición a apoyar la acusación, aunque condicionó su definición final a conocer los capítulos del texto.

Este jueves, mediante un comunicado, cuestionó que Justicia no agotara las alternativas judiciales antes de conceder las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores.

“Si existía una posibilidad jurídica de impedir estas rebajas, había que utilizarla”, sostuvo. También valoró que Kast reconociera el error y anunciara reformas legales.

La propia jefa de bancada UDI, Flor Weisse, tampoco garantizó su respaldo a Rabat. En diálogo con la prensa, afirmó que no se siente obligada a defenderlo y que estudiarán la acusación antes de fijar una postura.

Eso sí, Weisse manifestó que, según su interpretación, el ministro actuó dentro de sus atribuciones legales, aunque habría preferido que recurriera a los tribunales antes de conceder los beneficios.

En Chile Vamos reconocen que por ahora conviven parlamentarios que quieren sacar a Rabat, otros que rechazan acusarlo constitucionalmente y algunos que todavía no resuelven cómo votarán.

Republicanos y la UDI se pasan la cuenta

La disputa ya no se limita al futuro del ministro. También abrió una pelea por quién tiene derecho a cuestionar las decisiones de Kast sin ser acusado de deslealtad.

El diputado republicano Alejandro Riquelme reprochó a parlamentarios de Chile Vamos que pidan cargos para sus partidos y después cuestionen públicamente a integrantes del gabinete.

La respuesta de la UDI fue inmediata. Natalia Romero sostuvo que la verdadera lealtad consiste en advertir al Presidente cuando una decisión puede perjudicarlo.

Y lanzó una advertencia: “Si el Partido Republicano quiere que abandonemos el Gobierno, que lo digan de frente”.

Weisse también rechazó las acusaciones republicanas, calificándolas de inaceptables, y pidió cuidar la unidad del oficialismo.

El conflicto tiene un trasfondo mayor. Según los antecedentes conocidos en la bancada republicana, algunos parlamentarios consideran en privado que la salida de Rabat ayudaría a descomprimir la crisis, pero cuestionan que Chile Vamos lo exija públicamente después de que Kast decidió respaldarlo.

El PDG también saca la calculadora

La oposición tampoco tiene resuelto el otro lado de sus cuentas.

El Partido de la Gente, con 14 diputados, reconoce posiciones divididas. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, descartó personalmente respaldar la acusación, aunque cuestionó el criterio político de Justicia y admitió que el Gobierno dio una mala señal a las víctimas.

En Radio Pauta afirmó que no pretende desgastarse tratando de sacar a un ministro y planteó que el Congreso debería concentrarse en corregir la legislación.

Pero también reconoció que el PDG todavía no tiene una decisión colectiva y que la libertad de acción es una posibilidad.

El diputado Patricio Briones cuestionó la falta de autocrítica de Rabat, aunque señaló que su partido continúa evaluando antecedentes. Pamela Jiles, por su parte, ha expresado disposición a ayudar a salvar al ministro.

La oposición necesita votos del PDG, pero ni siquiera sus 14 parlamentarios tienen una postura común. Y aun si todos respaldaran la acusación, la base estimada de 62 votos opositores necesitaría otros dos apoyos para llegar a 78, suponiendo asistencia completa.

La oposición no quiere soltar el caso

Mientras el oficialismo se pelea y el PDG debate, la oposición trabaja en un libelo conjunto que –según confirman desde el bloque– podría presentarse el martes 3 de noviembre. La fecha todavía no está cerrada.

El texto apuntaría a las rebajas de condena concedidas por Justicia y a las eventuales responsabilidades constitucionales del ministro. La oposición sostiene que no bastaba con invocar jurisprudencia general de la Corte Suprema para aprobar administrativamente beneficios sin órdenes judiciales específicas que obligaran a concederlos.

El Gobierno rechaza esa interpretación y defiende que Rabat actuó conforme a la ley.

La diputada Gael Yeomans (FA) exigió transparentar todos los decretos y sostuvo a la prensa que todavía necesitan esos antecedentes para establecer responsabilidades.

A eso se sumó una investigación de T13 que reveló que Rabat habría recibido tres advertencias sobre los riesgos de modificar el criterio aplicado a estas rebajas. Según el reportaje, esas alertas no habrían sido comunicadas a Kast.

El jueves, parlamentarios opositores también se reunieron con el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, y emplazaron al PDG y a Chile Vamos a pronunciarse sobre la acusación.

Pero incluso una eventual renuncia no garantiza que termine la ofensiva. Daniela Serrano (PC) aseguró que mantendrán el libelo aunque Rabat abandone el gabinete.

Desde el Frente Amplio, Jorge Brito también exigió las salidas del ministro y de Luis Silva. Y aprovechó las declaraciones del vocero Gonzalo Arenas, quien sostuvo que la continuidad de Rabat no está escrita en piedra.

“Y, aun así, si lo estuviera, hasta las piedras se rompen”, respondió Brito.

Kast tampoco tiene los votos amarrados

La Moneda ya reconoció que el escenario es complicado.

El propio Arenas admitió que “no tenemos todavía alineados a todos los nuestros” y calificó la situación como una crisis grande. Aunque reafirmó el respaldo a Rabat, aclaró que su continuidad no es una decisión marcada en piedra.

Kast tampoco se quedó de brazos cruzados. Según confirman en la coalición gobernante, el Presidente llamó personalmente a parlamentarios durante la jornada del miércoles para agradecer respaldos y expresar reparos por intervenciones críticas.

El Mandatario sigue siendo el principal sostén político de Rabat. Pero la controversia ya no gira solamente en torno a si el ministro actuó conforme a derecho. También se discute cuánto daño le provoca al Gobierno mantenerlo y qué costo tendría para Kast retroceder después de haberlo respaldado.

En el sector de Chile Vamos que pide la salida de Rabat advierten que insistir en mantenerlo podría profundizar el desgaste de la ya golpeada aprobación presidencial. El cálculo, sostienen, no termina en el Congreso: aunque el ministro sobreviva a una eventual acusación constitucional, Kast podría seguir pagando el costo político de haberlo sostenido.

La acusación constitucional todavía no tiene los votos asegurados. La renuncia, en cambio, depende de una decisión presidencial que Kast se resiste a tomar.