EL «no ha lugar» resuelto por la magistrada se suma al que resolvió la década pasada el juez Juan Guzmán, cuando también desestimó el encausamiento del general (r) y actual presidente del Consejo Directivo del Servel por su supuesta participación en el mismo caso.
La ministra en visita Patricia González resolvió este martes rechazar el el procesamiento del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre por su participación en los crímenes cometidos por la denominada «Caravana de la Muerte» durante su paso por la ciudad de La Serena el 16 de octubre de 1973, como lo había solicitado la semana pasada el abogado Cristián Cruz, en representación de los familiares de 15 víctimas.
EL «no ha lugar» resuelto por la magistrada se suma al que resolvió la década pasada el juez Juan Guzmán, cuando también desestimó el encausamiento del general (r) y actual presidente del Consejo Directivo del Servel por su supuesta participación en el mismo caso.
Cruz tiene ahora la posibilidad de apelar a la decisión de la magistrada ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
EL libelo acusatorio presentado por el abogado señalaba que «»arribó al aeropuerto de la ciudad de La Serena un helicóptero del Ejército, que transportaba al general Sergio Arellano Stark y su comitiva, donde después el comandante del Regimiento Arica, el general Ariosto Lapostol Orrego y su ayudante, Juan Emilio Cheyre intentaron aparentar que debían cumplir lo ordenado por un «falso Consejo de Guerra», por lo que un grupo de 15 prisioneros políticos, fueron detenidos, apremiados y fusilados, y donde algunos recibieron tiros de gracia en la cabeza, para posteriormente ser inhumados sus cuerpos, al margen de todo procedimiento legal y humanitario, en una fosa común del cementerio local, sin la realización de las respectivas autopsias e impidiendo que los deudos honrasen los restos de sus seres queridos».
La parte querellante aseguraba que Cheyre «redactó o modificó un bando o comunicado público para informar que un tribunal de la República había decido ejecutar a los 15 ‘delincuentes’, asegurándose que los medios de prensa de la zona de difundieran el mismo», dice la acusación.
A su vez, la petición agregaba que «el comandante Lapostol ordenó inhumar en un fosa común todos los cuerpos, impidiendo así la debida investigación, ya que los ilícitos nunca fueron denunciados por él ni por el resto de los oficiales de su regimiento, beneficiándose con impunidad a los ejecutores, encubriendo así a los que obraron de mano propia en los homicidios, amén de intentar salvar su propia responsabilidad».
La solicitud adjuntaba una serie de testimonios de ex oficiales y suboficiales que estuvieron en el regimiento «Arica» y pide que ambos ex altos oficiales del recinto «sean procesados como autores del delito de homicidio calificado de Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Eduardo Araya González, Óscar Armando Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo Y Jorge Peña Hen, puesto que los agentes del Estado que causaron la muerte de las 15 víctimas lo hicieron con alevosía, actuando sobre seguro, el cual por el contexto en que fue cometido y por su naturaleza es de carácter permanente, imprescriptible y no susceptible de amnistía», concluye la presentación.
