Tras crítica de Piñera a jueces que «se dejaron someter»
«No es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal», sostuvo la entidad.
La Asociación de Magistrados acusó recibo de las declaraciones del Presidente Sebsatián Piñera, quien en una entrevista publicada el fin de semana, aludió a las omisiones de la justicia tras el golpe militar de 1973, en una reflexión ad portas de la conmemoración del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973.
«También hubo jueces que se dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas», expresó el jefe de Estado al diario La Tercera.
Y este jueves, la Asociación emitió una declaración pública en la que manifestó que «sin ambigüedades ni equívocos, estimamos que ha llegado la hora de pedir perdón a las víctimas, sus deudos y a la sociedad chilena por no haber sido capaces, en ese trance crucial de la historia, de orientar, interpelar y motivar a nuestra institución gremial y a sus miembros, en orden a no desistir de la ejecución de sus deberes más elementales e inexcusables, a saber, el cumplimiento de la función cautelar que en sí misma justifica y explica la existencia de la jurisdicción».
La entidad sostiene que «no es posible eludir la responsabilidad histórica de nuestra judicatura en relación a la vulneración de los derechos básicos de la persona humana producidos durante el régimen dictatorial. Hay que decirlo y reconocerlo con claridad y entereza: el Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal».
Y enfatizó que «nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo, la negativa sistemática a investigar las acciones criminales perpetradas por agentes del Estado y la renuencia a constituirse personalmente en centros de detención y tortura, sin duda alguna, contribuyeron al doloroso balance que en materia de derechos humanos quedó tras ese gris período».
La Asociación de Magistrados considera que «este perdón que hoy se pide, lejos de constituir una actitud de animadversión gratuita hacia algún sector, persona o grupo, constituye la genuina expresión de un compromiso férreo y claro en el presente y hacia el futuro de nuestra judicatura con la tutela, protección y promoción de los derechos fundamentales de la persona humana, incluso y muy especialmente en contextos en los cuales estos se vean más expuestos y vulnerables, como garantía de que nunca más a las personas que habitan el territorio de nuestro país les será vedado el acceso a la justicia».
También extendió una «invitación» a la Corte Suprema a que también realice «la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado, mediante las cuales no dispensó a los perseguidos ni a las víctimas la protección jurisdiccional que tanto y reiteradamente le fue reclamada».
«Abrigamos la esperanza de que la actual Excma. Corte Suprema, cuyo rol de tutela de los derechos fundamentales ha quedado de manifiesto en el ejercicio presente de su función, no desoiga la sentida solicitud de los jueces que aspiran a distanciarse de un oscuro pasado que involuntariamente han recibido como herencia. La respuesta que esperamos aliviará a las actuales y futuras generaciones de magistrados de la vergüenza y oprobio anudados a este capítulo de nuestra historia, una de cuyas páginas más innobles habla de quien, ejerciendo en marzo de 1975 la Presidencia del más alto tribunal, no sólo negaba la existencia de las torturas y atrocidades que sufrían nuestros compatriotas, sino que al mismo tiempo expresaba que las Cortes estaban abrumadas por los numerosos recursos de amparo que, en sus palabras, habían traído perturbaciones a la administración de justicia», enfatizó.
Finalmente, sostiene que «nos parece que se trata, por último, de un paso esencial destinado a contribuir al reposicionamiento de la tradicional dignidad moral y republicana de nuestro Poder Judicial, en el seno de nuestra aún joven democracia».
