Arzobispo de Santiago envió a mediados de septiembre un informe al mandario
El religioso advirtió que el instrumento acordado en la Asamblea de la OEA “impone ciertas obligaciones al Estado que podrían constituir una infracción de los derechos de la libertad religiosa, de enseñanza y de libre expresión consagrados en la Constitución».
Contrario a que Chile ratifique la Convención Interamericana Contra Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia se mostró el presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, para quien este instrumento acordado en la cuadragésima tercera asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) tendría “serios problemas de constitucionalidad”.
Según informó la edición digital del semanario The Clinic, el religioso envió a mediados de septiembre al Presidente Sebastián Piñera una carta acompañada de un informe de nueve páginas, donde le señala la “inconveniencia” de dicha ratificación.
“No resulta conveniente la suscripción y posterior ratificación de la convención por parte del Estado de Chile. Existen al día de hoy numerosas convenciones universales y regionales que prohíben la adopción de discriminaciones arbitrarias. En ese sentido, no existe necesidad de nuevas normas”, señala una de las conclusiones del documento.
También indica que “su contenido adolece de serios problemas de constitucionalidad a la luz de la Constitución de Chile e ilegalidad en relación a la Ley 20.609”, más conocida como Ley Zamudio.
Y concluye que “la convención está fuertemente ideologizada por visiones de género y su ratificación podría significar dejar sin efecto los términos de la Constitución y de la reciente Ley 20.609, que justifican distinciones efectuadas en razón de la libertad religiosa, de expresión o de enseñanza”.
En la misiva, que Ezzati suscribe junto al secretario general de la Conferencia Episcopal, el obispo de Valdivia Ignacio Ducasse, explica finalmente que la Convención “impone ciertas obligaciones al Estado que podrían constituir una infracción de los derechos de la libertad religiosa, de enseñanza y de libre expresión consagrados en la Constitución y, por último, porque la convención está fundada en una visión muy parcial y unilateral de los temas que aborda, lo que hace muy compleja su introducción en un ordenamiento como el nuestro”.
