Reunión de hoy entre dirigentes y autoridades en La Moneda no tuvo frutos
Para este 7 y el 8 de noviembre se ha convocado a un paro nacional al que adherirán entidades de la Mesa del Sector Público que alegan incumplimientos del Ejecutivo en las conversaciones por el Reajuste General. «El gobierno intenta sofocar el proceso de negociación e imponer su agenda de forma unilateral», señalaron. En tanto, desde la Asemuch confirmaron que mañana continúan las movilizaciones que ya llevan 17 días.
Pasadas las 21:00 concluyó en La Moneda el encuentro entre las autoridades de gobierno y los dirigentes de la Asemuch (Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile) que pretendía llegar a un consenso respecto de las demandas de los trabajadores que gatillaron un paro que ya se extiende por 17 días. Sin embargo, no hubo humo blanco. El dirigente Óscar Yáñez confirmó que las movilizaciones se extienden indefinidamente y que mañana se reunirán con el subsecretario de Desarrollo Regional.
Pero el panorama para el gobierno se augura aún más complicado durante los próximos días. Y es que para este jueves 7 y el viernes 8 de noviembre, los gremios que integran la Mesa del Sector Público y que coordina la CUT, iniciarán un paro de actividades. Se trata de los funcionarios de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Asociación de Funcionarios Municipales (Asemuch), Jardines Infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF), la Federación Nacional de Profesionales Unitarios de los Servicios de la Salud, Asociación de Técnicos Paramédicos (Atepa), el Colegio de Profesores, la Asociación de Paradocentes (Agrepa), entre otros.
Así, a dos semanas de las elecciones presidenciales, las relaciones entre los trabajadores del sector público y el gobierno de Piñera se tensan cada vez más.
A través de un comunicado, se informó que el causante de esta decisión es que “el Ejecutivo informó a la Mesa del Sector Público que no entregaría una propuesta de Reajuste y, excusándose en supuestas dificultades de la tramitación de la Ley de Presupuesto, no realizaría propuesta de Reajuste General hasta la semana del 18 de noviembre».
A esto agregan que «estamos ante una abierta agresión del gobierno hacia los y las trabajadores y trabajadoras del estado y sus organizaciones. No se trata sólo de un quebrantamiento de la palabra empeñada y de la buena fe en la negociación por parte del ejecutivo, sobre la base de una excusa que no resiste ningún análisis. Lejos del ‘camino de diálogo’ que el Ministro de Hacienda pregona por la prensa, el gobierno intenta sofocar el proceso de negociación e imponer su agenda de forma unilateral. Se trata de una acción altamente irresponsable de parte de las autoridades».
A partir del paro nacional, varias agrupaciones marcharán en distintos puntos del país. Con esto se sumarán a las movilizaciones que ya han desplegado en las últimas dos semanas los trabajadores municipales a lo largo del territorio nacional, instalando barricadas, interrumpiendo los caminos y permitiendo la acumulación de basura en las calles.
Este tipo de incidentes han complicado las conversaciones entre la Asemuch, el gobierno y los alcaldes. Este miércoles, la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, condenó los “hechos de violencia” y acusó a los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades de no estar respondiendo a sus vecinos.
“Nuestro gobierno, tal como reiteradamente lo hemos señalado, desde el primer día ha acogido las demandas del movimiento municipal, ha dialogado, ha tenido las puertas abiertas y hoy día nos parece que este paro ilegal se agrava ante la ciudadanía cuando existen vulneraciones claras en contra de los derechos de los vecinos y vecinas. Nada justifica y por lo tanto no hay derecho, de que se interrumpan las calles, el tránsito, por una movilización, no hay derecho de entorpecer la vida diaria de los vecinos de nuestras comunas”, advirtió la titular. Asimismo, acusó una «falta de liderazgo de algunos alcaldes».
En tanto, desde los municipios han emplazado al Ejecutivo a solucionar el conflicto, asegurando que es vía proyectos de ley que se debe resolver el aumento de asignaciones de los funcionarios.
