El titular de la Segpres dijo que de acuerdo al artículo 130 de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios, los ediles y funcionarios podrían ser suspendidos e incluso inhabilitados de forma perpetua de sus cargos si obstaculizan el normal desarrollo de los comicios.
El ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, advirtió que si hay alcaldes que impidan el normal desarrollo de las elecciones del próximo 17 de noviembre, el gobierno aplicará sanciones contra los ediles y los funcionarios municipales que actualmente están en paro y que se extiende por 20 días.
Larroulet dijo que de acuerdo al artículo 130 de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios, los alcaldes y funcionarios podrían ser suspendidos e incluso inhabilitados de forma perpetua de sus cargos si obstaculizan el normal desarrollo de los comicios.
A pesar de esta advertencia, el ministro llamó a los ediles a deponer el paro de actividades y continuar con el diálogo que permita llegar a una solución al problema.
“Nadie puede ni tiene derecho a obstaculizar el acto electoral del 17 de noviembre. Un alcalde o un funcionario público arriesga desde la suspensión del cargo hasta la inhabilidad perpetua”, explicó Larroulet.
Estas declaraciones se suman a las que hizo el titular del Interior, Andrés Chadwick, quien ha advertido la posibilidad de que los ediles también enfrenten sanciones penales.
A pesar del rechazo que hizo la Asemuch a la propuesta del Gobierno para establecer el mecanismo gradual que permita a los funcionarios municipales homologar los Programas de Mejoramiento de Gestión (PGM) con los trabajadores fiscales, Larroulet insistió en que la próxima semana se enviará el proyecto de ley que será enviado al Congreso.
“Estamos trabajando en el proyecto de ley que será enviado al Parlamento para establecer el mecanismo gradual que permita a los funcionarios del sector municipal homologar los PGM con el de los trabajadores del gobierno central”, explicó.
Dicho proyecto será de características similares al preacuerdo entre La Moneda y la Asemuch que se había establecido el jueves pasado, aunque no se definirá el mecanismo para financiarlo.
En ese sentido, Larroulet dijo que “actuaremos con responsabilidad fiscal, aunque sea el próximo gobierno el que deberá asumir el gasto de esta nivelación. Así se gobierna, logrando justicia para los trabajadores, pero seriedad con el uso de los recursos de todos los chilenos”.
