Religioso negó haber recibido millonaria subvención del organismo estatal
El arzobispo de Santiago inició su participación en la instancia aclarando que no ha recibido «un solo peso» de los siete mil millones que, según el diputado, se habían destinado a la Iglesia Católica por parte del Servicio Nacional de Menores. Pero el parlamentario replicó, aclarando que sus dichos se basaban en «cifras oficiales».
Tal como estaba previsto, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, concurrió esta tarde hasta el Congreso Nacional para asistir a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre los abusos cometidos al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename), luego de aceptar la invitación que por segunda vez le había cursado el presidente de la instancia, el demócrata cristiano René Saffirio.
Pero Ezzati venía con la artillería preparada para responderle al propio Saffirio, quien lo criticó duramente después que declinar la primera invitación, enrostrándole que su negativa se producía “cuando él recibe siete mil millones de pesos de subvención del Sename”.
Por ello, en su prinera intervención, el presidente de la Conferencia Episcopal dijo tajante: «Este arzobispo nunca ha recibido personalmente un solo peso del Sename”, y afirmó, de manera tajante, que «no acepto una visión ideológica sesgada».
El legislador DC replicó de inmediato, y le aclaró a Ezzati que “las cifras son oficiales”.
En cuanto al tema de fondo, el arzobispo se refirió a las denuncias de irregularidades y abusos detectados en centros del Sename que están vinculados a la Iglesia Católica, indicando que «me resulta difícil responder al mandato de esta comisión, porque el Arzobispado de Santiago no tiene potestad sobre ningún hogar”.
Al respecto, precisó que «los hogares de menores que tienen alguna vinculación con la Iglesia son independientes los unos de los otros», y que «cada uno de ellos depende a su vez de una determinada persona jurídica y se rigen por sí mismos, con sus propios estatutos”.
Al mismo tiempo, criticó la labor del Sename, por cuanto «fiscaliza pero no facilita los recursos de manera integral, lo que deja a los privados la tarea de generar los otros recursos faltantes». Y apuntó también contra el Poder Judicial, que «tampoco realiza su rol de fiscalizador y los servicios públicos tampoco responden a las demandas de niños y niñas».
En ese sentido, afirmó que a pesar de que existe consenso de la necesidad de efectuar cambios estructurales al servicio para que se garantice el respeto a los niños y niñas, «estos derechos han estado en el tapete de muchas discusiones y hasta ahora no vemos una voluntad para evitar esas situaciones”.
