Parlamentario explica su tesis de someter a plebiscito fallo de La Haya
Apoyado en la Constitución del 80, el diputado PPD propone que sea la ciudadanía la que decida si Chile acepta o no la resolución del máximo tribunal internacional. Además, asegura que él solicitó declarar la incompetencia del Tribunal Internacional porque “cuando hay tratados de por medio, la Corte no se puede involucrar”.
A sólo semanas del fallo de La Haya que zanjará el diferendo entre Perú y Chile, el diputado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud (PPD), encendió el debate al proponer que sea un plebiscito el que decida si Chile acata o rechaza dicha sentencia internacional.
-Su propuesta ha generado controversia en el mundo político, ¿tiene realmente algún fundamento legal o efectivamente es un “disparate”, como lo han calificado?
-El artículo 32 de la Constitución Política nombra las atribuciones especiales del Presidente de la República y ninguna –de las 20 que posee el mandatario en ejercicio– establece que tenga la prerrogativa de ceder o de cumplir un fallo judicial. El artículo 5 dice, clara y expresamente, que la soberanía reside esencialmente en la Nación y su ejercicio lo realiza por el pueblo a través del plebiscito y las elecciones periódicas. Claro, hay que hacer una ley para implementar el plebiscito, pero esto está en la Constitución. Si la ciudadanía dice que rechaza, bueno, entonces tiene que ser vinculante.
-Pero, estamos ad portas del fallo y no hay mucho tiempo para implementar un plebiscito.
-Si es que no se puede hacer un plebiscito, todo acuerdo internacional que firme el Ejecutivo tiene que pasar por el Congreso; por lo tanto, una decisión contraria también debe pasar por el Congreso. El Tratado de Soluciones Pacíficas de 1948 o Pacto de Bogotá tiene rango de ley, no está por sobre la Constitución, está debajo de la Constitución. Aquí habría un problema constitucional para que sea sólo el Presidente de la República el que acate un fallo en donde tenga que entregar territorio.
-Hay quienes lo acusan de haber dado un giro nacionalista a la demanda, ¿lo considera así?
-Yo tengo entrenamiento para defender los intereses de Chile. Si defender los derechos de Chile, si defender los tratados vigentes y si defender nuestra soberanía es ser nacionalista, entonces sí, soy nacionalista.
[cita]La CIJ fue creada para el respeto de los tratados, entonces si la Corte no reconoce los tratados de 1952 y 1954, y comienza a revisarlos, esto generaría una incertidumbre generalizada en la comunidad internacional. O sea, todo país que mañana quiera mejorar su condición territorial y marítima, irá a La Haya sabiendo que le darán un pedazo. Se generaría una incertidumbre jurídica y sería tremendo que se desconozca el tratado. Chile tendrá que determinar si acata o no. [/cita]
-¿No cree que esto podría afectar nuestra imagen internacional como un Estado que respeta los tratados suscritos?
-Hay fallos que han sido acatados y otros que no, especialmente en lo que respecta a la jurisprudencia. Por ejemplo, Nicaragua demandó a Estados Unidos y los norteamericanos perdieron en La Haya y nunca cumplieron el fallo. Colombia no ha implementado absolutamente nada del fallo. Y no han tenido ningún tipo de repercusión internacional.
-Nuestra política exterior se basa en apertura internacional, Chile es el país que más TLC ha firmado en el mundo y es miembro de un sinnúmero de organismos tanto de integración regional como mundial. Además, el 1 de enero nos integramos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿No le parece un despropósito poner en juego nuestra credibilidad internacional?
-La CIJ (Corte Internacional de Justicia) fue creada para el respeto de los tratados, entonces si la Corte no reconoce los tratados de 1952 y 1954, y comienza a revisarlos, esto generaría una incertidumbre generalizada en la comunidad internacional. O sea, todo país que mañana quiera mejorar su condición territorial y marítima, irá a La Haya sabiendo que le darán un pedazo. Se generaría una incertidumbre jurídica y sería tremendo que se desconozca el tratado. Chile tendrá que determinar si acata o no.
-¿Hay argumentos para pedir incompetencia de la Corte Internacional de Justicia en este caso?
-Yo siempre pedí que se adujera la incompetencia de la Corte. Se me dijo que la incompetencia se podía pedir en cualquier momento durante el juicio y que era mejor explicar los argumentos a la Corte, que supieran de qué se trataba. Por lo tanto, gracias a los sólidos argumentos que teníamos en los tratados ya firmados, eventualmente se podría pedir la incompetencia. Ahora, cuando terminaron los alegatos, yo volví a pedir al gobierno que pidiese la incompetencia de la Corte y nuevamente no fui escuchado. Pedí incompetencia porque hay una regla de oro: cuando hay tratados de por medio, la Corte no se puede involucrar. En el caso de Colombia y Nicaragua, no había tratados de por medio. Aquí sí había tratados. La Corte no puede, por norma, comenzar a revisar los tratados vigentes que tienen las naciones.
En octubre de 2005, el presidente Ricardo Lagos envió al Congreso el proyecto de ley que creaba la nueva Región de Arica y Parinacota, con la finalidad de promover el desarrollo y crecimiento de las zonas más extremas del país. Sin embargo, mediante una enmienda a fines de 2006, se hizo referencia al «paralelo del Hito 1 en el mar de Chile» como la frontera norte con Perú, poniendo en alerta al gobierno de Alan García y generando una protesta formal hacia Chile, que finalmente terminó con el Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad del mentado inciso.
-¿Fue un error estratégico?
-Yo fui el único que se opuso a realizar ese cambio. Y, en ese momento, se me tiraron encima todos los parlamentarios.
-Ya que no existe un plazo establecido para poner en marcha el fallo de la CIJ, ¿usted cree que la decisión sobre cómo reaccionará Chile le debe corresponder al actual gobierno o al de Michelle Bachelet?
-La decisión de acatar el fallo le corresponde hasta el 11 de marzo al Presidente Piñera; de acatar o no hacerlo. De allí en adelante, le corresponderá a Bachelet.
Desde el inicio del conflicto bilateral, la tesis peruana que proponía solucionar las diferencias por “cuerdas paralelas” fue secundada por la Cancillería chilena, lo que ha significado que ambos países, a pesar del desconocimiento de tratados y la presentación de una demanda territorial ante Naciones Unidas, mantengan relaciones comerciales sin involucrar diplomacia ni política.
-¿Piensa que encapsular la demanda ha sido una buena política?
-Nunca fui partidario de las “cuerdas separadas”. No fue bueno. Siempre he pensado que es un tema que hay que afrontar en su conjunto. La Presidenta Bachelet en su gobierno afirmó claramente que fue inamistoso que Perú nos demandase después de 60 años de cumplir con el paralelo como límite marítimo. Y, por lo tanto, ella tuvo una relación fría en lo político con el Perú. Este gobierno acogió la propuesta peruana de las “cuerdas separadas” de encapsular el tema de La Haya y yo creo que eso no es bueno.
-Así como la ex presidenta Bachelet heredó a Piñera las consecuencias del 27-F, ¿es esta la venganza de Piñera?
-No soy partidario de politizar el tema, de disparar contra Piñera o Bachelet, ambos gobiernos hicieron su tarea lo mejor posible. Por mi parte, y es un acuerdo de todos los partidos, no vamos a politizar el tema. Yo voy a cumplir ese acuerdo.
