Jaime Castillo Petruzzi ha enfrentado duras condiciones penitenciarias
En octubre pasado el ex miembro del MIR y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cumplió un nuevo año tras las rejas, convirtiéndose en el último preso político chileno en el país vecino. Su caso, que fue revisado por la CIDH a fines de los 90, tuvo que ser anulado y en un nuevo juicio fue condenado por terrorismo de Estado, por lo que su sentencia fue cambiada de cadena perpetua a 23 años de presidio. Hoy, espera junto a su familia que un tratado firmado entre ambas naciones le permita terminar el último tiempo de su condena en Chile.
Un fallo en su contra por traición a la patria en un país ajeno, un problema crónico en la rodilla debido a una golpiza y una huelga de hambre que lo dejó en los huesos, son algunos de los dolores que el chileno Jaime Castillo Petruzzi ha acumulado en los 20 años que lleva preso en cárceles de Alta Seguridad en Perú.
También encontró el amor: una joven peruana que –visitando a su padre en la cárcel– se enamoró del leído Jaime, con el que comenzó una relación que dura hasta hoy. Ya tienen tres hijos.
La historia de Jaime Castillo Petruzzi es intensa. A los 17 años de edad y un año después del Golpe Militar, abordaba un avión rumbo a Francia acompañado de su padre, Jaime Homero Castillo, huyendo de engrosar las listas de muertos y desaparecidos de Pinochet. Poco antes, un compañero de colegio, que al igual que Jaime militaba en el MIR, había sido asesinado en manos de la dictadura. Según recuerda su padre, se salvó “de milagro” y sólo porque su polola era hija de un coronel de Carabineros, que lo ayudó, y luego se reunió con ella en París.
Esa fue una de las muchas partidas que Jaime padre vio de su hijo, que el 80 volvió clandestino a Chile y se instaló en la zona de Neltume, al este de Valdivia, junto a un grupo guerrillero del MIR, que luego fue interceptado y aniquilado. “Jaime logró escapar, se asiló en la embajada francesa y estuvo 14 años exiliado”, relata su padre, que enseña fotos del mayor de sus tres niños, el rebelde, que él define como un “Quijote”.
[cita]A juicio de una fuente ligada al mundo diplomático, “es una falta flagrante al debido proceso. ¿Cómo es posible entender que un ciudadano chileno sea condenado por traición a la patria peruana? Jurídicamente no tiene explicación. Además enfrentó un tribunal sin rostro montado por Fujimori”. Castillo es trasladado a la cárcel de Yanamayo, ubicada a 4 mil metros de altura en Puno, donde permaneció siete años bajo un régimen extremo, “donde no tenía más que tres visitas al año, y ni siquiera podía leer”, explica su abogado Jorge Acuña.[/cita]
En medio de sus años fuera de Chile, formó una familia y estudió Historia y Ciencias Políticas. Según relata Jaime padre, fue compañero de Alan García, el mismo presidente peruano que años después impulsaría un decreto que sería vital en el destino de Castillo. También, asegura, trabajó como asesor político para el actual presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Y tuvo una cercana relación con la periodista Pamela Jiles, que lo describía como “el príncipe encantado” en una columna que escribió hace unos años.
En febrero de 1989, Jaime Castillo, con su metro 88 y su dentadura perfecta, retornó al país, donde trabajó como anticuario. Siempre cercano a los movimientos de izquierda, viajaba periódicamente a Perú a visitar a la cárcel a su gran amigo Víctor Polay, fundador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
La versión familiar apunta a que Castillo Petruzzi trabajaba allá para que “el Movimiento Túpac Amaru se convirtiera en un movimiento político, parecido al M-19 de Colombia y se buscara una salida legal a Víctor Polay, condenado a cadena perpetua. Decían que Jaime era el cerebro de Túpac Amaru, pero no era así”.
La versión de los tribunales peruanos lo sindica como el principal jefe militar y el número tres en la conducción histórica del grupo, razón por la cual fue detenido en octubre de 1993, en Lima, junto a otros chilenos por sus vínculos con el MRTA. Un par de meses después, en enero del 94, fue juzgado sumariamente en tres horas por un tribunal militar sin rostro y sin derecho a defensa, que lo condenó a la misma suerte que Polay: cadena perpetua.
A juicio de una fuente ligada al mundo diplomático, “es una falta flagrante al debido proceso. ¿Cómo es posible entender que un ciudadano chileno sea condenado por traición a la patria peruana? Jurídicamente no tiene explicación. Además enfrentó un tribunal sin rostro montado por Fujimori”.
Castillo es trasladado a la cárcel de Yanamayo, ubicada a 4 mil metros de altura en Puno, donde permaneció siete años bajo un régimen extremo, “donde no tenía más que tres visitas al año, y ni siquiera podía leer”, explica su abogado Jorge Acuña.
Jaime Castillo Petruzzi junto a dos de sus hermanos y su madre, María Petruzzi, que falleció hace 20 años. Según su esposo, el encarcelamiento de su hijo mayor «la mató. Le tocó muy duro».
Tuvo que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el escenario cambiara. En 1999, esta declaró la invalidez del proceso en que se juzgó a Jaime, junto a María Concepción Pincheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga, “por ser incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, ordenando que se les garantizara un nuevo juicio, tras lo cual es trasladado a otro penal en Lima.
Entre quienes trabajaron en el caso se encontraban el hoy líder de Imaginacción, Enrique Correa, y los abogados Nelson Caucoto, Claudio Grossman y Jaime Castillo Velasco.
El nuevo juicio condenó a Castillo a 23 años de prisión por terrorismo contra el Estado y a una reparación civil de 250 mil nuevos soles con otros dos sentenciados chilenos.
Según explica el diputado Sergio Aguiló (IC), encargado de las gestiones humanitarias de este caso en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, “hace poco los otros chilenos salieron en libertad. Entiendo que había otros dos involucrados. Pero Jaime no alcanzó a salir porque hasta el final del gobierno de Alan García estaba vigente un beneficio penitenciario que permitía que al cumplir tres cuartos de la condena podían salir con libertad condicional. Él no lo alcanzó a tomar porque, en el momento que iba a acceder, Alan García envió un proyecto de ley con suma urgencia al Parlamento y decretaron que delincuentes terroristas no debían tener derechos carcelarios”.
Hoy, Jaime Castillo es el último preso político chileno en Perú.
Un cuadro hecho por su hijo mientras estaba en la cárcel de Yanamayo, en Puno, llena el living de la casa de Jaime Castillo padre.
El parlamentario señala que esta decisión no se habría tomado por su caso en particular, sino que porque “cada cierto tiempo en Perú reaparece alguna célula del verdadero agente terrorista, Sendero Luminoso, que hizo masacres espeluznantes, entonces la clase política se pone muy álgida y debió haber alguna de estas coyunturas. No se hace diferencia entre Movimiento Túpac Amaru y Sendero Luminoso, pese a que ellos (el MRTA) no cometían asesinatos masivos, pero en vista de la experiencia brutal que tuvieron en Perú no hay distinciones”.
En su opinión “no veo que hayan hecho diferencia especial contra él por ser chileno, sino que tienen la mano cargada contra todo lo relacionado con terrorismo”.
Su abogado señala que en Perú “delito terrorista es pertenecer a la organización Túpac Amaru. Jaime podría haber pintado una muralla contra Fujimori y ese solo hecho constituía un delito terrorista”.
Y agrega que Jaime “ha pasado periodos muy difíciles. Hace unos años, enfrentó un incidente muy serio, por la naturaleza política de su condena más su condición de chileno: la sección donde estaba fue atacada por los reos comunes, que alegaban que tenían condiciones privilegiadas. Fue objeto de una agresión severa, que lo dejó en silla de ruedas un tiempo. Tuvo que ser intervenido y hasta el día de hoy tiene secuelas. De ahí lo trasladaron a un nuevo penal, Ancón 1”.
En total Jaime ya lleva 20 años de condena cumplida y espera junto a su familia ser trasladado a Chile para aguardar la libertad en un penal nacional en octubre de 2016. Pero no hay garantías.
En septiembre de 2012 entró en vigencia el Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre la República de Chile y la República de Perú.
Es a través de ese tratado que Castillo padre y su familia pretenden lograr que el hombre de 57 años termine su condena en un penal chileno. Pero hay que sortear una serie de obstáculos. El primero, lograr que un juez, que está revisando la situación, declare su insolvencia económica, porque “no tiene ingresos, ni propiedades, ni trabajo”, explica Jorge Acuña. Lo que hace inviable que pague los 250 mil nuevos soles –unos 50 millones de pesos– que por sentencia debe cancelar antes de optar al traslado.
Según explica Aguiló, “resuelta la primera traba, este expediente pasa a sala de la Corte en Lima, para que esa Corte diga si es pertinente o no que pueda ser expatriado en virtud de este convenio. Puede decir por las mismas razones que sí o no. Solo depende de la voluntad política. No se ha llegado a intentar saltar esa barrera porque estamos en la primera. En caso de que acepte, esto pasa al Consejo de ministros del Presidente de la República que tiene que dar el último visto bueno”.
Jaime Castillo Petruzzi junto al ex presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para quien, según relata su padre, trabajó como asesor político.
Jorge Acuña detalla que, cuando Castillo hizo la presentación en 2012 para obtener este beneficio, “por alguna razón nunca llegó a la oficina donde debía llegar del ministerio de Justicia en Chile. Así que la presentamos directamente en la oficina de Santiago, de ahí se tramitó regularmente y de manera expedita”.
Y agrega que “me parece que las autoridades chilenas deberían tener un rol más activo para requerir que el tratado se cumpla. El Estado no puede tener posición neutral sino activa. En ese sentido el gobierno chileno podría jugar un rol más activo a pesar que el consulado chileno en Perú lo visita y lo ha asistido. Pero como política diplomática ha habido posición de cierta neutralidad, lo que no corresponde, Jaime es un ciudadano chileno”.
