Tanto desde la Asociación Chilena de Municipalidades como desde el Colegio de Matronas y Matrones de Chile criticaron la instrucción dictada por la Contraloría General que ordena a los médicos informar a los padres de menores de 14 años sobre la entrega del medicamento.
Desde el Colegio de Matronas y Matrones de Chile criticaron el dictamen de la Contraloría General de la República que ayer ordenó al Ministerio de Salud modificar la normativa y obligar a los médicos que entreguen la «píldora del día después» a menores de 14 años a que informen de ello a los padres de las niñas.
En entrevista con Radio ADN, la presidenta del organismo, Anita Román, explicó que la actividad sexual se inicia a una edad temprana en la que muchas veces resulta ser un tema oculto para los padres. Por ende, si una niña queda embarazada, podría terminar teniendo al bebé o abortando con tal de no enfrentarlos tras conocer su estado.
«La realidad nacional es que los niños inician sin preguntar, y la probabilidad que aumente el embarazo adolescente con este dictamen es altísima», afirmó. Asimismo, Román cuestionó la modificación instruida por la Contraloría señalando que «viola el derecho de las personas a la confidencialidad» cuando hay una relación consentida.
En tanto, desde la Asociación Chilena de Municipalidades tampoco se mostraron muy satisfechos con la resolución del órgano contralor, el cual a su vez respondió a un requerimiento de la ONG Comunidad y Justicia. El alcalde de la comuna de La Granja y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin, señaló que en el organismo están preocupados por la medida «porque no corresponde, ya que creemos que si previo de entregárselas (la píldora) se debe informar a los padres, puede producir un aumento de embarazos no deseados”, detalló, agregando que podría también «aumentar el riesgo de abortos clandestinos».
Delpin anunció que la asociación presentará un informe ante la Contraloría dando cuenta de la realidad que se vive en los consultorios, con el fin de poner sobre la palestra el temor que la medida podría generar en las niñas que no quieren que sus padres sean notificados sobre su eventual condición. «El reglamento tiene una cierta ambigüedad, dice que toda persona tiene el derecho a la confidencialidad y de acuerdo a eso, algunos médicos no informaban a los padres. Entonces ahora se dice que todos deben informar (…) La ley es clara, dice que el facultativo que atienda a la menor, debe informar posteriormente al adulto responsable, pero es posterior”, señaló.
