Condena los hechos de violencia ocurridos en ese país
El ex presidente de la Cámara de Diputados sostiene que “Venezuela y su gobierno deben respetar la Declaración de Derechos Humanos, la Carta Democrática y el Pacto de Costa Rica, entre otros tratados internacionales. Esto implica respetar la libre organización, el derecho a manifestarse públicamente y la libertad de opinión. Esto no es un favor, es una obligación”, mencionó.
El ex presidente de la DC, Gutenberg Martínez, rechazó la violencia ocurrida en Venezuela y le solicitó al gobierno de Sebastián Piñera que “llame a consultas” al embajador chileno en ese país para que explique con mayor detalle los hechos, volviendo con esto a marcar diferencias con el Partido Comunista.
Sobre los hechos de violencia en el marco de las manifestaciones estudiantiles en Venezuela, Martínez responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por los resultados de las protestas, que han dejado al menos a tres fallecidos.
En declaraciones a El Mercurio, el ex presidente de la Cámara de Diputados sostiene que “Venezuela y su gobierno deben respetar la Declaración de Derechos Humanos, la Carta Democrática y el Pacto de Costa Rica, entre otros tratados internacionales. Esto implica respetar la libre organización, el derecho a manifestarse públicamente y la libertad de opinión. Esto no es un favor, es una obligación”, mencionó.
Su punto de vista difiere con la posición asumida por el PC, luego que su secretario general Lautaro Carmona solidarizara con Maduro y expresara su preocupación por “hasta dónde está dispuesta a llegar la sedición con tal de lograr sus objetivos”.
En ese sentido, Martínez fue más allá y dijo que resultaba necesario que el gobierno de Piñera llamara al embajador chileno en Caracas, Mauricio Ugalde, para que explique lo ocurrido en las manifestaciones.
“La gravedad de los hechos me permite solicitar, como ciudadano, al gobierno de Chile, en especial a su canciller, llamar a consultas a nuestro embajador en Caracas, para tener una completa información sobre lo que está sucediendo y actuar en consecuencia”, sostuvo.
Además, reiteró su discrepancia con el PC, apuntando a la responsabilidad que les cabe a los actores internacionales en lo que está ocurriendo en Venezuela, afirmando que “cuando un Estado no respeta estas normas y cuando reprime a sus ciudadanos con la eventual participación de agentes del Estado, cae en la figura delictiva de violación a los derechos humanos. De ratificarse esta información, los órganos internacionales respectivos deben actuar”.
Martínez también se refirió a la visita que realizará el Presidente Nicolás Maduro al cambio de mando el próximo 11 de marzo, mencionando que “es una buena oportunidad para que explique el porqué de la represión y la violencia. Y el porqué de la supresión de la libertad de expresión de canales de televisión y las limitaciones a la prensa escrita que han obligado a cerrar varios diarios. En definitiva: ¿por qué su gobierno aplica censura?”.
Asimismo, llamó a no tener un doble estándar en materia de derechos humanos, explicando que “los que sufrimos la dictadura de Pinochet y que no tenemos doble estándar en materia de derechos humanos, rechazamos la violencia y las declaraciones gubernamentales venezolanas que nos recuerdan las reacciones de la dictadura ante las protestas”.
“El único camino es el respeto a los principios democráticos de la Carta Democrática de la OEA. El diálogo es el camino democrático; el respeto a las minorías en el Parlamento, una obligación. El gobierno está sometido a un enjuiciamiento internacional”, espetó.
Las marchas y movilizaciones en Caracas han continuado desde que el pasado miércoles tres jóvenes murieran por disparos y más de 60 resultaron heridos en incidentes entre manifestantes y efectivos de la Gurdia Nacional.
El viernes nuevamente se manifestaron los detractores de Maduro en la zona este de la capital venezolana, provocando daños a vehículos, comercios y viviendas, y algunas personas con síntomas de asfixia por los gases lanzados por los antidisturbios.
Los incidentes se desarrollaron en diferentes zonas del municipio de Chacao, cuando jóvenes trataron de interrumpir el tráfico con barricadas de basura incendiada.
La Guardia Nacional lanzó gases para disolver el acto de protesta y durante varias horas los enfrentamientos se fueron esparciendo por las zonas cercanas.
Estos son los únicos incidentes violentos registrados en Caracas en una nueva jornada de protestas por parte de manifestantes que reclaman la liberación de todos los detenidos en las marchas que comenzaron el miércoles contra las políticas del gobierno.
En tanto, Nicolás Maduro lanzó el denominado Plan de Pacificación para luchar contra la inseguridad en el país, invitando a los gobernadores de la oposición, entre ellos, el ex candidato Henrique Capriles, a incorporarse a la estrategia.
«Me reúno y los recibo en el Palacio de Miraflores cuando quieran, a los tres gobernadores de oposición, y conversamos un rato y allí les explico las tareas que ustedes tienen en el Plan de Pacificación de manera directa para que las asuman», indicó Maduro en un acto de gobierno.
«Mi mensaje hacia ustedes es de paz, con valentía, eso sí, sin dejarse chantajear por la ultraderecha, si ustedes tienen la valentía de ir a Miraflores los recibo y conversamos», dijo el gobernante, al referirse a Capriles, gobernador de Miranda (centro), Liborio Guarulla, de Amazonas (sur) y Henry Falcón, de Lara (oeste).
Maduro dio a conocer el viernes el plan, el cual tenía previsto haberlo presentado hace una semana y que fue postergado para completar su presentación en el que es la principal apuesta del gobierno para dar respuesta al problema de la inseguridad que cobró oficialmente más de 11.000 muertos el año pasado, más de 20.000 según ONGs.
«Este es el camino para redimir a Venezuela, el camino para construir una paz estable y permanente», indicó el presidente sobre su programa.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno venezolano a respetar las libertades de expresión, reunión y asociación y haga una investigación diligente e imparcial de los violentos incidentes que terminaron con muertos, heridos y detenidos.
«La Comisión insta al Estado venezolano a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y de expresión las personas bajo su jurisdicción», reza un comunicado emitido por el organismo.
La CIDH, con sede en Washington, en un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El gobernante venezolano, a quien la oposición acusa de suspender garantías constitucionales, denunció un «rebrote nazifascista» y rechazó los disturbios violentos.
La CIDH conminó al Ejecutivo «a tomar medidas operativas para proteger a las personas y prevenir la repetición de situaciones que produzcan hechos de violencia».
Añadió que llama «a rechazar cualquier forma de violencia y promover un proceso de diálogo para la búsqueda de una solución que respete los derechos humanos».
