Rector del UDP cree que las propuestas del gobierno son puras generalidades
«Lo que uno esperaría es que el gobierno contase con un bosquejo siquiera aproximado de cuáles son los principales alineamientos de sus políticas en esta materia. Debiera explicitar de qué manera va poner fin a la provisión con fines de lucro en el sistema escolar”, sostuvo el académico.
“Lo más sorprendente del debate educacional y de los objetivos educacionales del gobierno, y en particular del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, es que no sabemos exactamente cuáles son”, sostuvo el rector de la UDP, Carlos Peña.
En entrevista con Radio Duna, el académico aseguró que –hasta el momento– sólo se conocen los objetivos generales de la reforma educacional.
“Se ha dicho, por ejemplo, que se va a suprimir la provisión con fines de lucro en el sistema escolar. Un objetivo que en general uno podría estar de acuerdo, pero no se ha dicho qué significa exactamente eso y cómo se va a llevar adelante y cuáles son los costos que eso supone. Estamos hablando en términos generales, en particular, de cerrar o expropiar cerca de 2.500 a 3.000 centros educativos de los 10.000 que tiene el sistema escolar chileno. No se dice cuáles son las restricciones legislativas para eso, nada de eso parece haberse pensado suficientemente”, acotó el columnista.
Además, persisten las incógnitas en el sistema de educación superior, recalcó el profesor universitario. “Se dice con una vaguedad inaceptable que se va a promover y hacer más vigorosa la educación pública, pero cuidadosamente se mantiene en el misterio qué se entiende por tal. Si acaso se va a entender por educación pública a la educación exclusivamente estatal o si en cambio se va a preferir un concepto más plural y más matizado que ese”.
“Lo que uno esperaría es que el gobierno contase con un bosquejo siquiera aproximado de cuáles son los principales lineamientos de sus políticas en esta materia. Debiera explicitar de qué manera va poner fin a la provisión con fines de lucro en el sistema escolar. ¿De qué forma? ¿Va a obligar coactivamente a quienes proveen hoy en día educación con fines de lucro a que cierren sus colegios? ¿Qué va pasar con los activos de aquellos proveedores que son de su propiedad? ¿Se los apropiará el gobierno? ¿Se los expropiará? ¿Va a negociar con los dueños para comprárselos en un cierto plazo? ¿La gratuidad se va a financiar con rentas generales o con impuestos específicos a los graduados del sistema universitario?, son incógnitas demasiado fuertes y nada de esto se ha planteado”, hizo hincapié Carlos Peña.
“Pareciera que lo que piensa el gobierno y el ministro Eyzaguirre es que un buen sistema escolar es un sistema con provisión municipal o de otra índole, dependiente del Estado, y el resto un conjunto de proveedores con ánimo meramente filantrópico. ¿Es razonable un sistema como ese? Aparentemente, sí. El punto es que para llegar a eso hay que suprimir la provisión todavía muy importante de establecimientos con fines de lucro y no está claro cómo técnicamente hacerlo. Hay un conjunto de restricciones legales y constitucionales en las que sería bueno detenerse –derecho de propiedad entre ellos– antes de impulsar esa reforma”, agregó el rector de la UDP.
En ese sentido, aclaró que su afán no es criticar el objetivo al cual se quiere llegar, sino a “la ceguera respecto del camino que hay que tomar para alcanzar ese objetivo”.
«El gran problema que tiene el programa educacional del gobierno y el discurso que hasta ahora hemos podido escuchar es que plantea su voluntad de fortalecer la educación pública sin esclarecer, sin embargo, qué entiende por educación pública. Si acaso entiende por educación pública la educación brindada exclusivamente por instituciones estatales o si lo entiende por la educación provista por entidades estatales y no estatales que poseen cierta característica. Por ejemplo, el caso de la Universidad Católica. No por el hecho de ser católica, por ello no tiene derecho de recibir ningún subsidio público. Pero se trata de una institución, y vale la pena reconocerlo, que tiene importantísimos niveles de investigación de los que todos obtenemos beneficios. No se puede negar que la PUC produce bienes públicos de importancia. Y tiene todo el derecho de que esos bienes públicos se financien con cargo a renta general”, declaró el académico.
«La idea de lo público equivale a lo estatal y se identifica con él, es simplemente una tontería. Basta de tonterías. Lo público no coincide con lo estatal. Estado en el mundo existe desde el Siglo XVI y XVII, universidades había desde el siglo XIII o XIV, esfera pública hay desde muchísimo antes y todos saben que cuando se habla de esfera pública se habla de un espacio extraestatal que no pertenece ni al Estado ni al mercado. Entonces, ¡dejémonos de tonteras!», subrayó.
«Es verdad que lo público ha estado desatendido, pero eso no quiere decir que ello haya ocurrido porque las instituciones estatales solamente hayan estado desatendidas. Lo que debiéramos tener en cuenta entonces es: un buen criterio de lo que es público, sin perjuicio de lo cual, existen buenas razones para dar un trato preferencial al menos a algunas universidades estatales como la Universidad de Chile. Yo creo que eso es lo único sensato: un sistema que sea fiel a la trayectoria histórica del sistema universitario en Chile. A saber, un sistema de provisión mixta con predominancia pública”, concluyó el rector.
