El documento apunta a «la indefensión en que se encuentran los menores más vulnerables del país, quienes en lugar de ser protegidos, ven afectados sus derechos esenciales».
Por 87 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe elaborado por la Comisión Investigadora que indagó las denuncias sobre abusos a niños y adolescentes internos en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename). El documento apunta a «la indefensión en que se encuentran los menores más vulnerables del país, quienes en lugar de ser protegidos, ven afectados sus derechos esenciales».
La comisión se creó a partir de la polémica que desató el informe «Proyecto de Levantamiento y Unificación de Información referente a Niños, Niñas y Adolescentes en el Sistema Residencial de Chile» que dio a conocer el Poder Judicial y la Unicef tras un trabajo en terreno efectuado durante 2012.
En tanto, el reporte emitido por la comisión consigna que se “observó la condición de riesgo a la que se encuentran sometidos los niños, niñas y adolescentes en las residencias en las que viven debido a las anomalías e incumplimiento de deberes que existe por parte de sus Directores, Guardadores, Cuidadores y autoridades competentes”.
Además se analizó la situación de las residencias por medio de las cuales el SENAME desarrolla su cometido, concluyéndose que el factor “alto riesgo” que se observa en el sistema residencial constituye una alerta que debe llevar a revisar los procedimientos “a la brevedad, debido al alcance que significa para la integridad del niño”. Así, la comisión concluyó que en estos casos se deben tomar las medidas para evitar la continuación de la vulneración de los derechos de los menores afectados.
El documento indica que los hechos investigados por esta comisión no son nuevos y que existían múltiples antecedentes previos, recabados en diversos informes nacionales e internacionales que dan cuenta de reiterados incumplimientos por parte del estado de Chile, el Sename y sus colaboradores. En ese sentido, apunta a la responsabilidad de estos tres que debieron velar por el respeto pleno de los derechos de los niños y fiscalizar lo referente a los hechos descritos.
El texto contiene cerca de 200 propuestas para las autoridades del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
