Este administrador tendrá un plazo de dos años para investigar y desarrollar un plan de acción que permita subsanar los problemas detectados, además de tener un completo control del establecimiento, desplazando al rector y a los dueños del plantel.
El próximo lunes, el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley que crea la figura del interventor o administración provisional en universidades y colegios cuando dichos establecimientos presenten graves dificultades que arriesguen la continuidad de estudios de los alumnos.
De acuerdo a lo que señala La Tercera, esta ley corta es anexa a la Ley General de Educación (LGE) que faculta al Mineduc y al Consejo Nacional de Educación (CNED) cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial de una institución de educación superior.
La normativa establece la figura de un interventor en el caso de que una universidad, Centro de Formación Técnica o Instituto Profesional se encuentre incapacitado de asegurar la continuidad de estudios de los alumnos matriculados y no poder entregar lo ofrecido, ya sea por razones financieras o académicas.
El administrador tendrá que ser una persona con alta experiencia en administración y que no tenga conflictos de interés, con lo que se busca garantizar el derecho de los alumnos a continuar con sus estudios.
Este interventor tendrá un plazo de dos años para investigar y desarrollar un plan de acción que permita subsanar los problemas detectados, además de tener un completo control del establecimiento, desplazando al rector y a los dueños del plantel.
Uno de los principales cuestionamientos que se le han hecho a esta ley es que la designación de un delegado sin una sanción de por medio atentaría contra la eventual autonomía del plantel si es que la tuviera, lo cual ha sido desmentido por parte del Mineduc que ha dicho que no se perderá la autonomía, ya que seguirá ligada a la institución, no así sus autoridades.
