Así lo cifró un estudio realizado por un académico de la Universidad de Maryland e investigador asociado del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC).
US$ 5.201 millones. Ese es el costo de la gratuidad para la educación superior en Chile, según un estudio realizado por Sergio Urzúa, académico de la Universidad de Maryland e investigador asociado del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC).
Esto, tomando en cuenta que el Estado destinado hoy cerca de US$ 2.500 millones para financiar este nivel de enseñanza. Es decir, se debiera inyectar más del doble de recursos para cumplir la meta del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Información que consigna hoy El Mercurio.
«Hablar de gratuidad sin números es riesgoso, porque son los números los que te deberían llevar al debate», sostiene Urzúa.
La investigación del experto fue presentada en el seminario «Educación: las caras de la gratuidad», organizado por el centro de estudios de la UC.
De acuerdo a Urzúa, para alcanzar la cifra se hizo una proyección de la matrícula 2013 para 2014, en función de la última generación de estudiantes que entró a las universidades, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) acreditados.
Tras esto, se determinó el costo per cápita usando como base los aranceles de referencia que el Estado fija para entregar becas y créditos a planteles de calidad, como la Universidad de Chile (para hacer los cálculos de las universidades) y el Inacap (para los CFT e IP). Consideraron además la duración de los programas, suponiendo que los estudiantes se demoran, en promedio, un 30% más en concluir una carrera.
El académico admite que no es partidario de que la educación superior sea 100% gratuita y, entonces, se pregunta: «¿Por qué una persona que va a ganar $5 millones no va a contribuir directamente a su educación?».
«Se debería implementar un diseño en el que los estudiantes puedan hacerse cargo del costo asociado a las labores de docencia e investigación de las que se benefician», agrega.
De igual modo, revela que las universidades con mayor porcentaje de alumnos con Crédito con Aval del Estado son las que más aumentan sus aranceles y arremete contra el método que ha insinuado el gobierno para calcular los aranceles en base a carrera: «¿Por qué el Estado está tomando posición de cuánto cuesta un alumno en una u otra institución? ¿Por qué una misma carrera en diferentes regiones va a costar distinto? ¿Las instituciones podrán operar con los nuevos precios?».
«El diseño óptimo es que los alumnos puedan hacerse cargo del costo asociado a las labores de docencia e investigación de las que se benefician», concluye.
